El sector de la enseñanza pública de Cantabria lleva un año en pie de guerra. Aunque no sin dificultad, parecen ir quedando atrás los años donde el inmovilismo sindical dificultaba el avance de las posiciones del profesorado organizado, donde la confianza ciega en las mesas de negociación, renunciando a la pata esencial de la presión y la movilización, condenaba a los y las trabajadoras de la enseñanza a no poder aspirar a conquistas considerables.
A lo largo de este último año algo parece estar cambiando en las dinámicas sindicales: la organización sindical da cada vez más cabida al conjunto de los trabajadores y les llama a la lucha, a través de encierros, concentraciones, manifestaciones y huelgas. El profesorado de Cantabria parece empezar a retomar las herramientas de lucha que siempre han sido necesarias para alcanzar mejoras en las condiciones de vida de la clase obrera de cualquier rincón del mundo. Y esto es un éxito de relevancia, especialmente si se tiene en cuenta los debates sindicales que subyacen detrás de él.
Por un lado, está la determinación de la reivindicación concreta por la que se lucha. El conflicto, como es ya bien sabido a estas alturas, tiene como eje central, aunque no exclusivo, la recuperación del poder adquisitivo perdido del profesorado. Es esencial que, para cualquier sector laboral, incluido el de la enseñanza pública, se luche por un incremento de los salarios superior al IPC. El cálculo original que planteó la Junta de Personal Docente, el órgano equivalente al comité de empresa en la enseñanza pública, constituido por los diferentes delegados de los sindicatos, señaló que la cantidad perdida por cada docente respecto a lo que ganaban en el último acuerdo (firmado en 2008 y paralizado en 2011) era de 325,66€. Y, por ello, es importante que no proliferen ni avancen las posiciones sindicales en las que se aceptan o negocian cantidades inferiores, toda vez que a lo que se condena al profesorado en lucha es a firmar una pérdida de poder adquisitivo.
Esta idea es fundamental no solo para el profesorado, sino que es una problemática que, en realidad, afecta a todos los sectores. Es esencial que las luchas se planteen siempre por incrementos superiores al IPC. Esto se debe, en el plano individual de cada trabajador, a que, si los salarios no crecen a un ritmo, al menos, igual al IPC, cada año que pasa tendremos menos capacidad adquisitiva y, por tanto, peores condiciones de vida. Pero en el plano social, donde lo que está en juego son nuestros intereses como clase trabajadora, la inflación, que se refleja parcialmente en el IPC, es funcional a los intereses de los grandes empresarios y contraria a los de los y las trabajadoras, porque supone un menor valor de cada hora de trabajo que, por si fuera poco, suelen ir ligadas también a aumentos de las cargas de trabajo en el mismo tiempo (que, volviendo al caso de la docencia, se manifiesta en tener a un número excesivo de alumnos por aula, un incremento de la burocracia, etc.).
Por otro lado, en el conflicto educativo también está siendo un importante debate sindical la elección de los métodos de lucha. Desde noviembre de 2024, cuando ocho sindicalistas se encerraron durante diez días en el Gobierno de Cantabria, los debates entre las diferentes organizaciones sindicales en el seno de la Junta de Personal se han ido sucediendo en un eje amplio: desde las posiciones pactistas, que planteaban desconvocar incluso las manifestaciones de febrero de 2025 al recibir la primera e insuficiente propuesta del Gobierno, a las posiciones de clase, que proponían demostrar el poder del profesorado, como de cualquier trabajador, paralizando el sistema el tiempo necesario, a través de huelgas de varios días e, incluso, una huelga indefinida. Naturalmente, no han faltado medidas intermedias (concentraciones, manifestaciones, escraches, actividades de protesta en los centros), algunas inteligentemente diseñadas para aumentar la presión; y otras, en cambio, planteadas de forma inadecuada, pues suponían un freno o incluso un retroceso en la combatividad, cuando los centros de trabajo ya se encontraban movilizados.
En este contexto de debates internos se han ido deslindando las posiciones sindicales, de tal manera que ante el profesorado y el resto de trabajadores y trabajadoras de Cantabria, atentos al conflicto, ya pueden empezar a vislumbrarse quiénes demuestran coherencia y trabajan honestamente por el aumento de la organización del profesorado y quienes, en cambio, optan, casi por sistema, por la caída en los métodos sindicales que han favorecido, entre otras cosas, que el profesorado haya estado diecisiete años esperando su adecuación salarial. Así, de los cinco sindicatos integrantes de la Junta de Personal, uno de ellos, el sindicato TÚ, ya se descolgó en verano, dejando de convocar y participar en las movilizaciones. Los otros cuatro sindicatos, en cambio, decidieron en agosto convocar dos días de huelga al inicio del periodo lectivo de cada etapa en septiembre, y una semana de huelga del 20 al 24 de octubre.
Las huelgas de septiembre se sucedieron con normalidad, convocadas por los cuatro sindicatos que seguían en la lucha. Y, sin embargo, llegado octubre, el profesorado de Cantabria se encontró con una doble convocatoria de huelga en los mismos días (del 20 al 24 de octubre): por un lado, STEC, UGT y ANPE decidieron convocar dos días de huelga a cada profesor a lo largo de la semana, según su centro de trabajo (por ejemplo, el lunes 20 a los de institutos y el viernes 24 a los maestros), desdiciéndose de lo anunciado (es decir, que convocarían cinco días a todos); mientras que CCOO, por su parte, convocaba en solitario a todos los docentes de Cantabria a la huelga los cinco días.
Naturalmente, la Consejería de Educación se frotó las manos ante esta disgregación sindical: la convocatoria de CCOO, que se vieron forzados a convocar en solitario, era la propuesta coherente, pero para poder alcanzar un éxito rotundo era necesario, como ellos mismos insistieron, en que tenía que ser una huelga convocada por el conjunto de los sindicatos; mientras que la decisión de STEC, ANPE y UGT de incumplir su propio acuerdo, previamente anunciado al profesorado, dejaba desamparados, precisamente, a los sectores más combativos y organizados e insistía en una dinámica de lucha, de apenas dos días de huelga, que el Gobierno de Cantabria ya había conseguido sortear. En lugar de aprovechar para elevar la presión, STEC, ANPE y UGT eligieron limitar los propios métodos de lucha del profesorado. La experiencia enseña, sin embargo, que el movimiento obrero avanza cuando las decisiones sindicales van dirigidas a aumentar el nivel de organización y de movilización y cuando se mantiene la coherencia en el discurso. Por ello es importante que toda organización sindical que se reclame “de clase” rompa con la óptica pactista y que no condicione su agenda a cualquier movimiento parlamentario, comunicativo o sindical que no sea el del cálculo sosegado y objetivo sobre las fuerzas reales del profesorado. Si los sindicatos renuncian a movilizar al profesorado hasta las últimas consecuencias ganará la empresa.
En este sentido es importante plantearse también la cuestión de la unidad sindical, de qué se entiende por ella y cómo debe articularse. Porque, efectivamente, unidos somos más fuertes, pero no sirve la unidad con todo el mundo y a toda costa. Si hay posiciones sindicales que, ante el auge de la lucha, prefieren retroceder, no sirve la unidad con ellas. Si hay posiciones sindicales que, en lugar de dotar de herramientas a los y las trabajadoras con mayor capacidad de movilización prefieren optar por las posiciones más derrotistas, no sirve la unidad con ellas. Si hay posiciones que prefieren maquillar la realidad de la lucha y de las negociaciones al profesorado, generando confusión, con el objetivo de tejer un relato más agradable para la prensa, no sirve la unidad con ellas. La única unidad que trae frutos para la clase obrera es la que se articula desde la base, desde los centros de trabajo, y se manifiesta en posiciones sindicales honestas, combativas y que fomenten que todos los trabajadores y trabajadoras luchen juntos, a la vez y por objetivos comunes.
Ahora se abre un nuevo abanico de posibilidades y es fundamental que los trabajadores de la enseñanza en Cantabria aumenten la presión y refuercen las organizaciones sindicales que estén dispuestas a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. Esto es especialmente importante en un contexto en el que el Gobierno de Cantabria demuestra el carácter de cualquier gobierno en el capitalismo, es decir, ser garante de los intereses de los grandes empresarios. Por eso aplica medidas coercitivas similares a las que vemos en las empresas: solo en el último año, el Gobierno de Cantabria ya ha intentado sancionar económicamente a los sindicalistas convocantes de la huelga de septiembre, ha impuesto unos servicios mínimos abusivos en las huelgas del curso pasado y lo ha intentado de nuevo en las de este, y ha bloqueado las comunicaciones sindicales al conjunto del profesorado.
Pero esta lucha implica también al resto de sectores de Cantabria, tanto a los trabajadores del sector público como de empresas privadas. La lucha que han emprendido los y las profesoras, por su salario y otras mejoras educativas (menores ratios, más inversión…) es una lucha por los servicios públicos y, dicho de otra manera, es una lucha por el salario indirecto de la clase obrera. Cada euro que se nos extrae a través de los impuestos que el Estado nos cobra y que vaya dirigido a servicios públicos es un euro que, en última instancia, nos es devuelto socialmente, que no acaba en los bolsillos de empresarios a través de subvenciones ni otros trucos de trilero, ni en inversión en armas para bombardear Palestina o financiar el aumento de la explotación en cualquier rincón del mundo, ya sea de manera directa o a través de estructuras como la Unión Europea o la OTAN. Se observa así otro motivo más para comprender por qué la lucha de los y las docentes debe enmarcarse en la lucha general de la clase obrera, tanto por su salario indirecto, a través de los servicios públicos, como por su salario directo, en un contexto de aumento de la inflación y del IPC, de subida de precios en todos los ámbitos esenciales: vivienda, alimentación, luz, gas, agua, ocio…
Los debates que se están dando en la lucha docente, tanto sobre qué reivindicar como sobre cómo llevar la lucha a cabo, deben ser un aprendizaje no solo para el sector de la enseñanza pública, sino para el conjunto de sectores donde aún no se estén dando esas dinámicas de combatividad, tengan o no que ver con la educación. De hecho, en el propio sistema educativo formal y no formal hay otros sectores más precarios (desde el transporte escolar a los comedores, desde la limpieza a las academias privadas y el ocio socioeducativo) que pueden encontrar en los métodos de lucha que se van desarrollando herramientas para mejorar en lo inmediato sus condiciones de trabajo y para organizarse con el fin de cambiar este modelo de sociedad.
Por ello es esencial que, dentro y fuera del sector educativo, se articule un sindicalismo de clase coherente, combativo, que arrincone a quienes, haciendo uso de las estructuras sindicales, voluntaria o involuntariamente, promueven el inmovilismo de las y los trabajadores. No es necesario reinventar la pólvora: basta con retomar las herramientas de lucha y organización que históricamente ha utilizado nuestra clase. Basta con ser coherentes y organizar al conjunto de la clase obrera. Basta con recordar que para construir un mundo nuevo podemos disponer de las herramientas de siempre.