La reciente firma del “Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía” entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF, a quienes posteriormente se ha sumado CCOO, afecta a casi 4 millones de trabajadores de nuestro país. Por esta razón, el PCTE considera necesario realizar algunas apreciaciones.
A pesar de que el Gobierno y las organizaciones sindicales firmantes están poniendo el acento en los aspectos retributivos del Acuerdo Marco, este acuerdo es mucho más amplio y, entre otras cuestiones, garantiza la continuidad del modelo de mutualismo administrativo, que ya hemos criticado con anterioridad.
La insistencia en la parte retributiva del acuerdo, que consolida la pérdida de poder adquisitivo para este sector de trabajadores, pretende dejar en segundo plano o, incluso, ocultar, que varias de las demandas principales de las organizaciones sindicales han sido abandonadas o relegadas en el proceso de gestión del acuerdo. Cuestiones como la recuperación de las pagas extraordinarias o la eliminación de la tasa de reposición han sido sacrificadas sin que, en ningún momento, se haya desarrollado un proceso de movilización digno de tal nombre. Además, la firma del nuevo acuerdo se produce cuando varias las medidas más relevantes recogidas en el acuerdo de 2022 no han sido cumplidas (como las 35 horas en todo el sector público o la reclasificación profesional) y tampoco se recogen en el nuevo texto.
Las tres organizaciones sindicales firmantes del acuerdo han tardado muy poco en dar su visto bueno a un pacto en el que la parte realmente beneficiaria es el Gobierno, que puede presentarlo como un éxito en un momento en que necesita de todas las victorias posibles, dados los distintos episodios de corrupción y escándalos que ponen en duda su continuidad. Nuevamente, las principales organizaciones sindicales del país se apresuran a actuar como aliadas del gobierno de coalición socialdemócrata, primando el pacto social y garantía de la paz social sobre cualquier otra consideración, incluida su propia estabilidad interna.
La firma de este acuerdo, con la negociación del AENC en ciernes, no es un avance para los trabajadores y trabajadoras del sector público. Es, en cambio, una nueva constatación del grado de subordinación de las principales organizaciones sindicales de este país al gobierno socialdemócrata y a su agenda. Es, también, un ejemplo más de la incapacidad de las organizaciones sindicales del sector público para desarrollar campañas de movilización sostenidas en el tiempo.
La lucha económica es una parte relevante de la lucha de nuestra clase. Pero la lucha económica no puede desarrollarse con éxito si no se parte de la necesaria independencia de las organizaciones obreras frente a la patronal, sea esta el capital privado o las administraciones públicas. La subordinación de las organizaciones sindicales a las agendas gubernamentales es el camino directo a la desmovilización de nuestra clase y, con ello, a la incapacidad de hacer frente a los nuevos ataques que vendrán, sin duda, de cualquier gobierno capitalista que salga de las próximas elecciones.
Llamamos, pues, a los sectores clasistas y combativos del movimiento sindical a impulsar la movilización obrera desde los centros de trabajo, a fijar plataformas de negociación que antepongan los intereses de la clase obrera y a desarrollar su actividad en absoluta independencia de los gobiernos capitalistas y sus aliados.
Buró Político del PCTE