Enero de 2026 ha sido un mes negro para el sector ferroviario en nuestro país. El pasado 18 de enero se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba), cuando un tren de alta velocidad de Iryo descarriló y colisionó con un tren Alvia de Renfe, con un resultado trágico: 46 personas fallecidas y 292 heridas. Entre las víctimas, una vez más, fueron los trabajadores ferroviarios quienes pusieron el cuerpo: cuatro trabajadores fallecidos y varios heridos. A día de hoy no se ha esclarecido de forma definitiva el motivo del descarrilamiento, pero los informes preliminares apuntan a la rotura de uno de los carriles, derivada de un deficiente mantenimiento de la infraestructura.
Tan solo dos días después, el 20 de enero, en el contexto de alertas meteorológicas de nivel rojo emitidas por la AEMET en Catalunya, un muro de contención situado junto a la AP-7 colapsó por el efecto de las lluvias y cayó sobre las vías de la línea R4 de Rodalies, impactando de forma fulminante contra un tren en circulación. El resultado fue el fallecimiento del maquinista en prácticas que viajaba en la cabina y 37 personas heridas, entre ellas varios trabajadores más.
Estos dos sucesos han sacudido profundamente al conjunto del sector ferroviario, un sector que ya se encuentra de manera permanente en el centro del debate público, utilizado interesadamente por políticos y medios de comunicación de todo signo, incluidas diferentes plataformas de la extrema derecha, que buscan carroñar el dolor para fortalecer el discurso reaccionario. Por un lado, el colapso de estaciones como la de Chamartín, la inoperatividad crónica del sistema de Rodalies de Catalunya, las caídas de tensión en la red de alta velocidad o las deficiencias técnicas en el material rodante se presentan como fallos aislados por parte del Gobierno y su Ministerio de Transportes, sin señalar las causas estructurales que los provocan. Por otro lado, desde diferentes organizaciones y portavoces de la derecha, cada vez que se produce un incidente asistimos a un efecto contagio de denuncias oportunistas sobre el “caos ferroviario”, promovidas precisamente por quienes nunca han denunciado los numerosos accidentes, mortales o no, que se suceden mes tras mes, ni se han opuesto frontalmente al proceso de liberalización, privatización y mercantilización que devora progresivamente la red de transporte ferroviario.
El problema no es quién lo gestione, sino que el ferrocarril funcione para cubrir las necesidades de la sociedad, no para generar beneficios. Redes esenciales como Rodalies, que transportan a diario a millones de personas en Catalunya, sufren retrasos crónicos, infraestructuras deterioradas y condiciones laborales precarias debido a la lógica del beneficio privado. Solo un ferrocarril gestionado con planificación y recursos orientados a la población puede garantizar seguridad, accesibilidad y condiciones dignas para trabajadores y usuarios. Precisamente este último es el elemento clave que muchos se empeñan en ocultar. Esto no va de una mala gestión puntual: va de qué modelo de ferrocarril se ha construido en España bajo la lógica capitalista y quiénes son los responsables de ello. Se trata de una política consciente aplicada por los distintos gobiernos al servicio de los intereses del capital, utilizando el Estado como herramienta para garantizar la rentabilidad privada frente a la seguridad y las condiciones de la clase trabajadora. La Unión Europea lleva décadas impulsando la liberalización del transporte ferroviario. En el año 2005 se consumó la división de la RENFE única en ADIF, como entidad administradora de infraestructuras, y Renfe-Operadora, abriendo la puerta a la privatización progresiva de los servicios ferroviarios, del mantenimiento y de la gestión de infraestructuras, en manos de grandes empresas privadas como Ferrovial, ACS, Acciona o Comsa.
Este proceso ha desembocado en la situación actual, caracterizada por la entrada masiva de operadores privados como Iryo u OUIGO, así como por la intensificación de las externalizaciones y subcontrataciones de todo tipo de servicios ferroviarios. En definitiva, se ha ido fragmentando y desmantelando el sector público ferroviario en beneficio del capital privado.
Las consecuencias de este modelo son hoy evidentes. En un escenario en el que, fruto de la liberalización, la infraestructura soporta un 42 % más de uso, la lógica del beneficio privado, basada en la reducción de costes y la maximización de márgenes, choca frontalmente con la necesidad de un mantenimiento exhaustivo, preventivo y continuado que garantice la seguridad.
Ante el evidente deterioro, las plantillas del sector ferroviario se han movilizado. Ya se han sucedido manifestaciones en numerosas provincias del país, destacando la concentración convocada por diversos comités de empresa el 3 de febrero frente al Ministerio de Transportes. El PCTE llama a secundar las movilizaciones, con la especial importancia que tiene la participación en la huelga convocada en el Grupo Renfe, Iryo, OUIGO y SERVEO, y manifiesta lo siguiente:
- Reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas y las familias del accidente de Adamuz, con especial mención a los compañeros ferroviarios fallecidos y heridos del Grupo Renfe, Iryo y SERVEO. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades penales que correspondan.
- Lo mismo cabe decir respecto a las víctimas del accidente de Gelida y, en particular, con el maquinista en prácticas fallecido y su familia. Señalamos como responsables de este asesinato a la Generalitat de Catalunya y a las direcciones de ADIF y del Grupo Renfe. Ante una alerta meteorológica de nivel rojo, la actividad debería haberse paralizado y ningún tren debería haber circulado. Si bien posteriormente se ha negociado un protocolo de gestión de riesgos para el Grupo Renfe en Catalunya, deben extenderse planes que garanticen la máxima seguridad a todo el territorio y a todas las empresas del sector.
- Reclamamos la internalización de las cargas de trabajo que ADIF mantiene subcontratadas, especialmente las relativas al mantenimiento preventivo de la infraestructura, cuya externalización pone en riesgo la seguridad y degrada las condiciones laborales del sector.
- Llamamos a la unidad de las plantillas en la preparación y participación en las movilizaciones, comprendidas como el vehículo necesario para defender las necesidades de la clase obrera del sector. El señalamiento de unos colectivos sobre otros solo sirve para desviar el foco del problema real y fragmentar la lucha. Además, las llamadas a la responsabilidad y la contención por parte de voces afines al Gobierno deben ser respondidas, no con alarmismo funcional a la extrema derecha, pero sí con la defensa de la legitimidad de la movilización obrera y la huelga como máxima expresión de la defensa de sus intereses. Ambas herramientas son insustituibles por la confianza en las promesas de “buena gestión” por parte de cualquier gobierno.
- Las organizaciones sindicales deben mostrar la máxima diligencia y responsabilidad ante los hechos ocurridos. La amenaza constante de la huelga sin llevarla a cabo, que por desgracia se ha convertido en táctica común en el sector, debilita la posición de las plantillas, desgasta la movilización y genera desconfianza en futuras negociaciones. La huelga ha de tomarse con seriedad, prepararse y organizarse intensivamente, otorgando el protagonismo a las plantillas de los centros de trabajo.
Desde el PCTE llamamos a luchar contra la liberalización, privatización y mercantilización del sector ferroviario. Apostamos por la unificación de las distintas empresas públicas y privadas del sector, frenando la fragmentación permanente que dispersa responsabilidades y dificulta el control efectivo sobre el estado de la red. Necesitamos una única empresa ferroviaria pública que satisfaga las necesidades del pueblo y permita a sus plantillas trabajar en condiciones óptimas, tanto laborales como de seguridad.
No más muertes en el trabajo.
Hombro con hombro, clase contra clase.
Buró Político del PCTE