El PCTE denuncia la injustificable demora en la desclasificación de los documentos secretos relativos al intento de golpe de Estado del 23F, cuya publicación se hizo efectiva hoy, 25 de febrero de 2026, tras el anuncio realizado por Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno sostiene que con esta decisión se salda «una deuda histórica con la ciudadanía». Sin embargo, el PCTE considera que esta medida llega tarde y responde a un nuevo ejercicio de oportunismo político por parte del PSOE, ya que, de los 45 años transcurridos desde 1981, ha gobernado durante 29 sin impulsar esta iniciativa.
La medida no llega por casualidad ahora, un momento en el que el PSOE pretende erigirse como un dique de contención frente al auge de la extrema derecha. Conviene recordar que Pedro Sánchez ya jugó una carta similar con la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos en octubre de 2019, cuando había convocado elecciones generales y llamaba al voto útil al PSOE como manera de frenar el ascenso de Vox.
Por su parte, la oposición ha calificado la desclasificación anunciada como una «cortina de humo». Desde el PCTE denunciamos que el PP, heredero de Alianza Popular —formación fundada por siete ministros franquistas, entre ellos Manuel Fraga—, nunca ha tenido ni tendrá voluntad real de esclarecer cualquier información que pudiera señalar la eventual responsabilidad de la monarquía en el golpe de Estado.
El PCTE llama a la clase obrera y el pueblo trabajador a realizar un ejercicio de memoria: la ley vigente de secretos oficiales es una ley franquista de 1968 que ningún Gobierno del PSOE hasta ahora ha mostrado interés en derogar. Varias iniciativas parlamentarias a lo largo de los últimos años han buscado sustituirla, y todas ellas se encontraron con las resistencias y los obstáculos del PSOE y acabaron cayendo en saco roto.
En julio de 2025 fue aprobada por el Consejo de Ministros la Ley de Información Clasificada, que, de salir adelante, seguiría permitiendo un amplio plazo de 60 años para la clasificación de documentos y, además, dejaría una vía abierta a que la autoridad competente vuelva a clasificar información si «existen razones suficientes que [lo] justifican».
Además, el PCTE subraya que es plenamente consciente de que la mera desclasificación de archivos relativos al 23F no equivale, por sí sola, al esclarecimiento completo de la verdad histórica sobre el golpe de Estado. La apertura de documentación oficial, aun siendo un paso necesario, no garantiza que se arroje luz sobre todas las responsabilidades, conexiones y decisiones que rodearon aquellos acontecimientos. No puede obviarse que fue el propio Estado español quien, en su momento, determinó qué documentos debían ser clasificados, cuáles conservar y cuáles pudieron ser eliminados o alterados. Por tanto, la información que hoy pueda hacerse pública está condicionada por decisiones políticas y personales previas que influyen inevitablemente en el alcance y la profundidad del conocimiento histórico que se pueda llegar a tener sobre el golpe.
El PCTE exige que se conozca toda la verdad sobre el 23F y se depuren las correspondientes responsabilidades, al tiempo que denuncia los intentos del PSOE de arrogarse méritos en lo que a memoria histórica se refiere. Ningún partido de los que han encabezado los distintos Gobiernos desde la Transición está legitimado para hablar de justicia o transparencia.
25 de febrero de 2026
Oficina de Prensa del PCTE