Durante las últimas semanas el movimiento obrero y sindical ha llegado a una encrucijada ante la firma del acuerdo del 9 de marzo entre CCOO, UGT y el Departament d’Educació, justo en un momento de auge de las movilizaciones y de la capacidad de lucha del personal docente de la pública no universitaria. Ante el Acuerdo, la continuidad de las movilizaciones y la necesidad de aumentar el grado de combatividad, el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya sitúa las siguientes reflexiones al conjunto de nuestra clase:
El Govern del PSC, protagonista, al igual que antes ERC y Junts, de las políticas antiobreras más salvajes de toda España en materia de educación, ha sabido desviar y quitarse de encima gran parte de la presión ejercida por los sindicatos y hacer que éstos se pelearan entre ellos, fagocitando así gran parte de la energía que las organizaciones obreras habían acumulado.
Aunque tras la firma del acuerdo las movilizaciones han seguido al alza es inevitable constatar un punto de inflexión generado debido a la ruptura formal de la unidad sindical y la negativa por parte del Govern a seguir negociando con el resto de los sindicatos. A la situación actual se llega por diferentes motivos combinados que se sintetizan en la quiebra de la política socialdemócrata de la concertación social, y que se concreten en dos grandes causas, una inmediata y otra de largo recorrido.
La primera, la inmediata, ha sido el papel de complicidad con el gobierno por parte de las cúpulas de CCOO y UGT, controladas por los Comuns y el PSC respectivamente. Estos partidos socialdemócratas han utilizado a las grandes centrales sindicales para intervenir en sus pactos presupuestarios y en sus políticas antiobreras. CCOO y UGT todavía concentran mucha fuerza de negociación porque contienen la máxima representación y afiliación en el sector educativo y en la función pública catalana, pero sus cúpulas están cada día más aisladas, no ya del conjunto de trabajadores, la mayoría de los cuales no los ven como representantes, sino de su propia afiliación y sus delegados y permanentes, que, con la firma del acuerdo han pasado, de la noche al día, de estar organizando la lucha en los centros de trabajo a estar expuestos a la rabia expresada por otros sectores sindicales, produciéndose, en algunos casos, agresiones contra sedes y delegados sindicales.
La estrategia de la concertación social no es nueva, hace décadas que se viene desarrollando, pero actualmente choca con ciertas novedades históricas que las direcciones de los grandes sindicatos no han sabido leer. La firma de un acuerdo a principios de 2000, de espaldas a la plantilla, no recibía tanto rechazo porque CCOO todavía vivía de las rentas de las luchas de los 80, cuando el sindicato movilizaba a masas y hacía referendos para pactar y madurar los preacuerdos. Pero desde finales de los 90 que las cúpulas de los grandes sindicatos han ido desmovilizando sus bases de forma consciente a cambio de espacios institucionales en la Mesa del «diálogo social», y desde 2012 que estos sindicatos no convocan ninguna huelga general, a pesar de darse las condiciones objetivas, lo que se ha traducido en una falta de movilización obrera general y en un mayor protagonismo de las protestas de carácter pequeñoburgués como el 15M y el Proceso independentista, donde el asamblearismo horizontal, fácilmente controlable, y la consigna del “no nos representan”, un ataque directo a la organización de la clase obrera, han sido las formas de lucha predominantes. Pero en 2026, cuando no queda nadie activo del profesorado de los 80 y las nuevas generaciones no han vivido grandes movilizaciones obreras, CCOO y UGT aparecen en pleno auge de la lucha en la mayor empresa de Catalunya, el Departamento de Educación, con la intención principal de desmovilizar y dar aire al Govern del PSC. En este contexto histórico, ante la falta de referentes históricos, pero intuitivamente hartos de la concertación social, una parte significativa de nuestra clase ha reaccionado con antisindicalismo, con mayor rabia hacia los sindicatos firmantes que con el promotor del acuerdo, el Govern.
Justamente, la reacción contra la firma del acuerdo muestra los elementos del otro motivo de esta situación que lleva tiempo incubándose, que es la enorme desorientación y falta de estrategia clara por parte del conjunto de sindicatos, así como el aumento del sindicalismo corporativista, muy presente en educación, que puede reivindicar grandes incrementos salariales solo para el profesorado de secundaria, ya que hacía el resto de los trabajadores no tiene ninguna consideración. Esta desorientación se ha evidenciado desde la primera jornada de negociaciones, a raíz de la huelga del día 11 de febrero, porque desde el primer minuto el Departamento ha marcado la pauta y la dirección del rumbo de las negociaciones y de los puntos que se podían tratar, encarrilando en todo momento el debate dentro del marco del Plan de Govern del PSC, que viene concretado en el Plan de Acción del Departament d’Educació.
Así pues, la política de desmantelamiento del sector público en beneficio de los intereses patronales, origen de los grandes problemas salariales, de sobrecargas de trabajo y de carencia de recursos, ni se ha tratado, aunque al día siguiente de firmar el supuesto gran «Acuerdo de país», el Govern de Illa, en un ejercicio de claridad ideológica y demostración de poder, ha firmado otro “Acuerdo de país” con la patronal del sector educativo para, más allá del concierto, regarlos con 400 millones de euros, no sea que alguien pudiera dudar de cuáles son las prioridades del Pla de Govern.
La cuestión de las sobrecargas de trabajo, un elemento primordial por ser el principal motivo de empeoramiento de la salud de los trabajadores, no se ha tratado de manera clara y evidente, y la mayoría sindical se ha dejado llevar al terreno conceptual de la “burocratización”, donde el Gobierno se siente muy cómodo porque le es muy fácil presentar contramedidas y porque oculta el problema real, que es el aumento desmedido de las cargas de trabajo, especialmente en la última década, debido, principalmente, a otorgar al sistema educativo un papel de salvador de la humanidad que no le corresponde, pero que se ha querido hacer creer para desviar el foco de atención de las causas del empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría obrera y popular.
En poco más de una década se han producido dos cambios curriculares que han alterado completamente la forma de encarar las programaciones de aula. Con la filosofía de las competencias básicas y la escuela inclusiva, los discursos gubernamentales han ido en la aparente dirección de la mejora de la calidad educativa, pero en todo momento evitando relacionar la degradación material de la clase trabajadora con las condiciones académicas, generando así una separación artificial de las condiciones laborales de los docentes respecto de la calidad de la Escuela pública, como si fueran cosas separadas. A partir del chantaje emocional, se ha acusado implícitamente al profesorado de insolidario, se le ha intentado aislar culturalmente del alumnado, de ahí las teorías alumnocéntricas, como si profesorado y alumnado no formaran parte de un todo inseparable, la misma clase social, para atacar las condiciones laborales con la falsa excusa del bienestar emocional de la infancia y la adolescencia.
El gran aumento de las cargas de trabajo ha venido determinado por, principalmente, los cambios curriculares establecidos, por el exceso de normativización y por la reducción de las medidas de flexibilidad laboral a favor de los trabajadores. Donde antes había un permiso por deberes inexcusables ahora existen varios permisos y limitaciones y una yincana para conseguir documentación. La propia dinámica de la concertación social y del diálogo social, de generar espacios donde debatir y crear normativas, lleva a los laberintos normativos y a que los delegados sindicales tengan que dedicar más horas al asesoramiento individual, a realizar funciones de personal PAS, que a la organización de la lucha obrera.
Para reducir la supuesta burocracia, las medidas serían fáciles, mayor flexibilidad a favor de los trabajadores y mayor democracia en los centros de trabajo para orientar los aspectos pedagógicos con dirección colectiva por parte de los claustros y los Consejos Escolares. Pero ninguna de estas cuestiones se ha encarado de forma directa y frontal.
En cuanto a la lucha por recuperar el carácter democrático de los centros educativos, no se ha sabido, o no se ha querido, poner sobre la mesa la supresión de la triada de decretos de despliegue de la LEC que acaban con la democracia e introducen el nepotismo y la sumisión clientelar. Solo se ha situado una aparente mejora de los datos numéricos en cuanto a la provisión objetiva de los puestos de trabajo sin atacar, sin embargo, la fuente de los elementos subjetivos de elección de personal.
En materia salarial es donde el Govern ha sabido situar más su orientación. Mientras los diversos sindicatos se han estado peleando por la cantidad del incremento del complemento específico, el Govern ha avanzado con la moda de los incrementos salariales en diferido y con su doctrina de adecuación progresiva del marco funcional y retributivo, que significa encaminarse hacia lo que ya establece el Proyecto de ley de empleo público catalán, que quiere imponer los complementos de rendimiento en todo el sector público, pero especialmente en educación, donde hay más de 90 mil trabajadoras. Un tipo de complemento de «productividad» que significa un empeoramiento salarial del conjunto y un aumento de las medidas de competitividad entre compañeros y compañeras. Así, el incremento salarial se relaciona con nuevas funciones que, con independencia de si ya se están llevando a cabo, muestra dos cuestiones fundamentales; por un lado, la voluntad de ligar aumentos salariales a más cargas de trabajo, y por otro la voluntad de no aumentar los recursos públicos, sino de sobrecargar los ya existentes, por eso, en el acuerdo, las reducciones de ratio son escasas y en diferido y los recursos para la escuela inclusiva son irrisorios.
Por todo lo expuesto, desde el PCTC defendemos la necesidad de situar aquellos elementos reivindicativos que permitan elevar el conflicto hasta el punto de confrontar abiertamente la gran transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital, situando a la patronal y su gobierno como responsables de la degradación de las condiciones de vida y trabajo de nuestra clase y del desmantelamiento de la Escuela pública. Estos elementos reivindicativos, en el momento actual, entendemos que deben girar en torno a:
– Medidas para evidenciar el aumento de la oferta educativa privada y generar la tendencia a su reducción.
– Medidas directas para reducir las sobrecargas de trabajo en base a más elementos de flexibilidad laboral a favor de los trabajadores y recuperación de la democracia claustral.
– Autonomía de los claustros para decidir el despliegue curricular de las programaciones.
– Aumentos retributivos desligados de mayores cargas de trabajo y combate directo contra los complementos de rendimiento y de «productividad».
En los próximos años llegarán nuevos ataques para desmantelar las conquistas obreras en el sector de la enseñanza. Habrá que estar preparados y seguir acumulando fuerzas.
¡Por una escuela pública y de calidad al servicio de la clase obrera, adelante con la organización y la lucha del personal educativo!
Comitè Nacional del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya
Barcelona, 9 d’abril de 2026