El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) muestra su rechazo al acuerdo de gobierno sellado entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. El documento firmado es un programa de máximos dictado por la burguesía, diseñado para endurecer la explotación de la clase trabajadora en nuestra comunidad autónoma enarbolando la falsa bandera de la «libertad» y el «desarrollo rural».
1. Más explotación y menos derechos laborales
PP y Vox tienen claro lo que quieren, más explotación y más precariedad para la clase trabajadora. El acuerdo lo dice sin disimulo en varios apartados.
La exigencia de «reforzar el seguimiento de la empleabilidad», con retirada de prestaciones ante el «rechazo injustificado» de ofertas, es una palanca para obligar a aceptar empleos cada vez más precarios.
La campaña patronal contra el absentismo va en la misma línea. Bajo todos estos términos se esconde el ataque a derechos consolidados, como las incapacidades temporales, permisos y licencias retribuidas o el crédito sindical.
La “prioridad nacional” en el empleo no protege a nadie, quienes la defienden son los primeros desesperados por conseguir mano de obra barata y solo sirve para enfrentarnos mientras los empresarios nos explotan a todos por igual.
2. Privatización de los servicios públicos
«Eficiencia», «reducción de listas de espera», «libertad de elección educativa», detrás de cada uno de estos términos hay la misma operación, desviar fondos públicos hacia la sanidad y la educación privada, convertir derechos en nichos de negocio y dejar al sistema público sin recursos para que funcione mal y justifique su propio desmantelamiento.
Las rebajas del IRPF y los «impuestos cero» en el entorno rural no son medidas de desarrollo, son un trasvase directo de riqueza hacia terratenientes, rentistas y grandes propietarios. La infrafinanciación de los servicios públicos no es un problema de recaudación, sino una elección política consciente, prefieren perdonar impuestos a los grandes patrimonios mientras desmantelan la sanidad y la educación que el pueblo necesita.
3. Política industrial y agraria: fondos públicos para monopolios privados
Lo llaman «colaboración público-privada», pero es transferencia de fondos públicos a manos privadas, con subvenciones directas a monopolios y la adaptación de la política industrial a las necesidades empresariales del momento, no al desarrollo del territorio ni al futuro de las comarcas.
El acuerdo defiende explícitamente el sector remolachero-azucarero mientras la Azucarera de la Bañeza cerró en 2025. No es una contradicción, es el funcionamiento normal del sistema, cuando no les salen las cuentas, cierran y se van. Cuando necesitan subvenciones, exigen amparo institucional.
En el campo la lógica no cambia, prima la producción intensiva y el lucro de los monopolios de la distribución y la gran agroindustria. El pequeño agricultor, el ganadero y el jornalero no son el objetivo de estas medidas, son el obstáculo. Lo que buscan es acelerar la concentración del sector en pocas manos y liquidar lo que queda de agricultura familiar, todo ello sin normativas de protección ambiental para generar más beneficio.
4. Ataques a los derechos de las mujeres trabajadoras
El «fomento de la natalidad» es una ofensiva contra las mujeres trabajadoras. Estas políticas intentan fijar de nuevo a la mujer en su rol histórico de reproductora y cuidadora, ignorando que la crisis demográfica es consecuencia directa del sistema capitalista. Es imposible formar una familia con los salarios y alquileres con los que vivimos. Detrás de este programa está la Iglesia Católica, cuyos valores e intereses, PP y Vox defienden abiertamente.
El acuerdo sustituye la violencia de género por el concepto de «violencia intrafamiliar», para negar la violencia estructural que sufren las mujeres. Las más expuestas son las trabajadoras, las que no tienen independencia económica para escapar de sus agresores. Mientras tanto, no se realizan abortos en todos los hospitales públicos de Castilla y León, la sedación no está financiada para las mujeres derivadas a centros privados y la Consejería de Sanidad trabaja en un registro de objetores de conciencia. El derecho al aborto existe en el papel, en la práctica, es un laberinto burocrático.
5. La juventud trabajadora sin futuro
El acuerdo tiene una respuesta para los jóvenes y no tan jóvenes de Castilla y León, que se busquen la vida. Las menciones concretas se reducen al «emprendimiento», una medida que afecta a menos del 5% de la juventud y que en la práctica es una subvención a los hijos de propietarios. Para la mayoría, la elección sigue siendo la misma, precariedad aquí o emigración forzosa. No hay una sola familia en Castilla y León que no lo hayamos vivido.
En vivienda la historia se repite, el acuerdo anuncia un aumento del gasto público del 80% en políticas de vivienda. Ese dinero no va a resolver el problema de acceso de nuestra clase, va a propietarios y caseros en forma de incentivos fiscales y beneficios para empresas o bancos.
La universidad y la FP se supeditan explícitamente a las necesidades empresariales coyunturales bajo el modelo de «excelencia universitaria» y la colaboración público-privada. La educación deja de ser un derecho para convertirse en cantera patronal, un mecanismo más para formar mano de obra barata, mermar las condiciones laborales y tirar a la baja los salarios del conjunto de la clase.
Este acuerdo no tiene nada para la juventud obrera, solo más deterioro en sus condiciones de vida, de trabajo y de estudio.
6. Blanqueamiento del fascismo
Llaman «concordia» a equiparar a quienes defendieron los derechos de los trabajadores con quienes impusieron la dictadura en España, buscan borrar la tradición de lucha del movimiento obrero para que las nuevas generaciones no tengan referentes de lucha.
7. El papel de la gestión socialdemócrata
Este acuerdo no se explica sin la gestión del Gobierno central. Al igual que el PP y VOX, el PSOE o SUMAR son fuerzas corruptas que llevan años administrando el mismo sistema, recortando servicios, firmando presupuestos militares récord y pidiendo a los trabajadores paciencia. La gestión liberal-conservadora en Castilla y León y la gestión socialdemócrata en Madrid no son opciones distintas, son dos formas de gestionar el capitalismo dentro de sus márgenes, con distinto tono, pero en la misma dirección.
Para acabar, en lo que respecta al Consejo de Gobierno en las Cortes, el grueso del presupuesto y de la gestión seguirá estando en manos del PP, con las mismas políticas de siempre. Vox se atribuye las consejerías con mayor rendimiento mediático para agitar sin asumir una responsabilidad real, es el reparto de roles que conocemos, el PP gestiona el capitalismo y Vox le pone el altavoz. Un gobierno de continuidad que va al ritmo del Gobierno central, no contra él.
La clase obrera no tiene nada que esperar de los parlamentos burgueses ni de quienes nos exigen sumisión mediante la conciliación de clases. El PCTE llama a los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León a construir una oposición obrera real desde la base, en cada centro de trabajo y en cada barrio.
La respuesta se organiza. Hombro con hombro. Clase contra clase.