Quieren la tierra, no al pueblo. Aragón como territorio de acumulación
Aragón se ha consolidado en la última década como uno de los principales territorios de despliegue de energías renovables en el Estado español. Esta posición no es simplemente el resultado de condiciones naturales favorables, sino de una configuración histórica en la que el territorio ha sido progresivamente subordinado a distintos ciclos de acumulación. La actual expansión renovable debe leerse en continuidad con procesos anteriores: una reorganización del espacio rural en función de las necesidades del capital, caracterizada por la extracción de valor y la débil fijación de población. Esta subordinación no se despliega de forma lineal ni homogénea, sino mediante fases sucesivas condicionadas por cambios regulatorios, tecnológicos y por la búsqueda de nuevos nichos de rentabilidad.
En una primera fase reciente, el crecimiento estuvo marcado por el impulso de la energía fotovoltaica a gran escala, favorecida por la caída de costes, la reconfiguración del marco regulatorio y la rápida valorización del suelo mediante tecnologías con menores barreras de implantación. Posteriormente, se produjo un desplazamiento hacia la energía eólica, que pasó a ocupar una posición central en Aragón, coincidiendo con la entrada de grandes actores empresariales y financieros y con la conversión de los proyectos energéticos en activos transferibles dentro de circuitos de capital global.
Más recientemente, comienzan a emerger indicios de una posible nueva fase caracterizada por la diversificación y la búsqueda de nuevas fuentes de valorización, entre ellas el biometano. En Aragón, la elevada concentración de explotaciones ganaderas intensivas, especialmente del sector porcino, ofrece una base material favorable para convertir residuos agroganaderos en un nuevo nicho de negocio. Este desplazamiento no rompe con la lógica anterior: cambia la tecnología, pero continúa la subordinación del territorio a procesos de acumulación.
Forestalia y la conversión de la tierra en activo financiero
El desarrollo de este modelo encuentra en Forestalia un caso paradigmático. La empresa irrumpió en el sector en las subastas estatales de 2016 y 2017, convirtiéndose en el mayor adjudicatario del país. Sin embargo, lo significativo no es solo la magnitud, sino la forma de operar: una parte sustancial de esos proyectos fue posteriormente vendida o desarrollada en consorcio con grandes actores internacionales como ENGIE, fondos de inversión como Mirova o Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), o grandes empresas energéticas nacionales[1]. Esto revela el núcleo del modelo: la generación de proyectos como activos transferibles dentro de circuitos globales de capital. Forestalia no agota el fenómeno, pero permite ver con claridad una de sus formas más desarrolladas: promoción de proyectos, obtención de permisos, incremento de valor y posterior integración en operaciones empresariales y financieras mayores.
La figura de Fernando Samper, propietario del grupo, permite situar este proceso en términos clasistas. Su trayectoria, vinculada al entorno agroindustrial aragonés (Grupo Jorge), ilustra la reconversión de una fracción de la burguesía regional que, partiendo del control del territorio, se integra en sectores estratégicos altamente regulados. Como señaló Marx, la tierra es la base de toda producción, y en este caso sigue siéndolo, no como espacio de producción agrícola, sino como soporte físico para nuevas formas de valorización energética y financiera. Esto permite observar cómo una fracción de la burguesía regional, asentada sobre sectores como el agroindustrial y el control material del territorio, se adapta a nuevos sectores regulados y subvencionables.
Otra trama más, no es casualidad. Estado y capital en el negocio renovable
Este proceso no puede entenderse sin el papel activo del Estado. En Aragón, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) han sido actores centrales en la viabilidad de los proyectos. Desde una perspectiva marxista-leninista, el Estado no es un árbitro neutral, sino un instrumento que organiza las condiciones generales de reproducción del capital. En este sentido, la función de estos organismos no se limita a evaluar proyectos, sino a gestionar las contradicciones que su implantación genera, garantizando que el proceso de acumulación no se bloquee. El Estado no solo desbloquea proyectos concretos: también produce las condiciones para que el capital se desplace de un nicho a otro cuando cambian las condiciones de rentabilidad.
El caso del Clúster del Maestrazgo es especialmente revelador. Se trata de uno de los mayores proyectos eólicos del país, con 135 molinos repartidos en 22 parques. Su tramitación ha sido objeto de fuertes críticas por su impacto ambiental y por el papel desempeñado por las distintas administraciones. Investigaciones recientes han señalado incluso la posible existencia de prácticas irregulares en la concesión de autorizaciones, incluyendo la implicación de un ex alto cargo del ministerio y la presunta manipulación de evaluaciones ambientales favorables[2],[3]. Más allá del recorrido judicial que estos hechos puedan tener, lo relevante es lo que revelan: la profunda imbricación entre promotores privados, aparato administrativo y decisores políticos.
Desde esta perspectiva, la corrupción no aparece como una anomalía externa al sistema, sino como una de sus posibles formas de funcionamiento. No se trata simplemente de actos ilegales puntuales, sino de un continuo de prácticas que facilitan la acumulación cuando los mecanismos formales resultan insuficientes. Como ya señalaba Lenin al analizar el imperialismo, la fusión entre capital financiero y Estado genera estructuras en las que los intereses privados se proyectan directamente sobre lo público. En este contexto, la opacidad, el tráfico de influencias o la captura de decisiones no son desviaciones excepcionales, sino conductas inherentes al propio modelo. Estas prácticas tienden a intensificarse allí donde la expansión del negocio choca con límites sociales, territoriales, ambientales o administrativos.
No es inversión, es extracción. Despoblación, resistencias y alternativa
El despliegue renovable en Aragón ha profundizado además una contradicción central: la coexistencia de una intensa ocupación del territorio con un proceso continuado de despoblación rural. Los macroproyectos energéticos generan escaso empleo estructural y no articulan tejido productivo local. El resultado es un modelo de uso del territorio que extrae valor sin fijar población, reproduciendo dinámicas de dependencia y subordinación. Frente al discurso oficial que presenta estas inversiones como motor de desarrollo, la realidad apunta a una integración subordinada en cadenas de valor externas.
Este escenario ha generado resistencias. Plataformas locales, movimientos vecinales y sectores del mundo rural han denunciado la implantación masiva de estos proyectos y sus impactos. Sin embargo, también ha quedado en evidencia el papel oportunista de determinadas fuerzas políticas que, desde la oposición, critican proyectos concretos mientras aceptan el marco general que los hace posibles. Esta crítica superficial, característica de la socialdemocracia, se limita a cuestionar los excesos sin poner en cuestión la lógica de fondo: la subordinación del territorio a la rentabilidad del capital.
Frente a ello, debe organizarse una respuesta estructurada desde sectores de la clase trabajadora y del mundo rural que plantee una alternativa de carácter material. Esta no pasa por rechazar la transición energética, sino por disputar su contenido. La cuestión no es si producir energía renovable, sino en qué condiciones, para quién y con qué objetivos. Esta no puede limitarse a la regulación del mercado o a una mejor gestión de los proyectos. Requiere una transformación de las relaciones de propiedad y de poder. La nacionalización de los sectores estratégicos, incluido el energético, permitiría romper la lógica de la producción orientada al beneficio y sustituirla por una planificación basada en las necesidades sociales. Esto implica no solo cambiar quién controla la energía, sino redefinir el modelo territorial: orientar la producción hacia la reindustrialización, la generación de trabajo estable y la fijación de población en el medio rural.
Una planificación de este tipo permitiría además abordar de forma coherente la cuestión ambiental, superando el actual modelo de greenwashing en el que la etiqueta “renovable” oculta dinámicas extractivas. La sostenibilidad no puede reducirse a la fuente de energía, sino que debe integrar el conjunto del proceso productivo y sus impactos sociales y territoriales.
El caso aragonés muestra con claridad los límites del modelo actual. La transición energética, tal y como se está desarrollando, no cuestiona las bases del sistema, sino que las reconfigura. Frente a ello, la alternativa no puede ser una crítica parcial o moral, sino una transformación material de las estructuras que organizan la producción y el territorio.
[1] ¿Qué ha sido de los 1.500 MW adjudicados a Forestalia en las subastas de renovables? – El Periódico de la Energía
[2] Así operaba la trama corrupta de las renovables: mordidas ocultas en dos sociedades opacas para engrasar el mayor proyecto eólico de España – El País
[3] Las «puertas giratorias» de Forestalia se abrieron para exaltos cargos de PAR, CHA, PSOE y PP – El Periódico de Aragón