El aumento del gasto militar y el impulso a la industria de defensa ya no son una cuestión lejana para Castilla y León. En 2025, el Gobierno de España aprobó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con 10.471 millones de euros adicionales y el objetivo declarado de situar la inversión en seguridad y defensa en el 2% del PIB. El Ejecutivo presenta este esfuerzo como una respuesta a las nuevas necesidades de seguridad, a los compromisos internacionales de España y como una vía para favorecer la innovación, la reindustrialización y el empleo. Desde el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) y los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC), por el contrario, situamos este proceso dentro de una escalada de competencia entre potencias y bloques capitalistas y lo interpretamos como parte de una dinámica de rearme que termina subordinando recursos públicos, capacidad productiva y prioridades económicas a las necesidades militares.
Bajo un marco internacional en el que se intensifican las contradicciones entre potencias somos nosotros, la clase obrera, quienes acabamos soportando las consecuencias económicas y sociales de esa competencia. Y en nuestro territorio, esta realidad tiene una expresión material cada vez más visible. La comunidad concentra más de 50 empresas y centros industriales vinculados a la defensa, con actividad en provincias como León, Valladolid, Burgos, Palencia y Salamanca. El crecimiento de este sector se presenta institucionalmente como una oportunidad de inversión y empleo, y existen proyectos recientes que refuerzan ese discurso bajo el supuesto desarrollo de “tecnología dual” —presentados como innovaciones capaces de servir indistintamente a usos civiles y militares—. Esta lógica se extiende ya por distintas provincias. En León, INCIBE trabaja explícitamente en las sinergias entre ciberseguridad civil y militar y en el programa DIANA de la OTAN, orientado a acelerar tecnologías de doble uso en ámbitos como la inteligencia artificial, los sistemas autónomos o la ciberseguridad. A ello se suma el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados y del nuevo polo industrial ligado a Indra. En Valladolid, las capacidades de ingeniería, espacio y sistemas no tripulados se refuerzan con nuevos desarrollos asignados a Indra; mientras empresas industriales como Inmapa, en Palencia, o Nicolás Correa, en Burgos, incorporan capacidades de fabricación avanzada, mecanizado y automatización a programas relacionados con defensa. Pero a las y los comunistas del PCTE no consiguen confundirnos con tales términos, sabemos que bajo esta fórmula, ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los drones, las telecomunicaciones o determinados desarrollos aeroespaciales permiten que la militarización penetre en sectores alejados de la industria armamentística tradicional y que recursos públicos de destinados a investigación e innovación de nuestro territorio terminen integrándose en cadenas de valor vinculadas al negocio de la guerra. Para el PCTE, el problema no reside en el desarrollo tecnológico en sí mismo, sino en qué intereses determinan su orientación y con qué finalidad se emplean sus resultados: mientras las capacidades científicas y productivas de nuestro territorio se subordinan crecientemente a las necesidades de la competencia militar entre potencias y bloques imperialistas y en último término se destinan a masacrar a nuestros hermanos y hemanas de clase en otros países, quedan en segundo plano las enormes posibilidades de ese conocimiento para atender necesidades civiles, fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones materiales de la clase obrera. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, la tasa AROPE —población en riesgo de pobreza o exclusión social— alcanzó en Castilla y León el 24,1 % en 2025. A su vez, el IPC interanual de la comunidad se situó en el 3,8 % en julio de 2026. En el ámbito laboral, la variación salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos en 2025 fue del 2,86 %, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo recogidos también por el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Estos indicadores muestran algo que sentimos diariamente en nuestra vida: una presión persistente sobre nuestro poder adquisitivo y las condiciones materiales en las que vivimos. Y es que los efectos económicos de las guerras y de las tensiones sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz terminan trasladándose a nuestros hogares a través del encarecimiento de la energía, el transporte y el conjunto de los productos de primera necesidad. Esta acuciante carestía de la vida que sufrimos diariamente deriva de cómo los costes de las crisis capitalistas se distribuyen de forma desigual entre empresas, Estado y trabajadores. Mientras la cesta de la compra se dispara, se nos imposibilita el acceso a la vivienda, y los servicios públicos de Castilla y León son desmantelados paulatinamente, nos encontramos con resultados empresariales sangrantes en empresas que se dedican al negocio de la guerra. Por ejemplo, Indra, una de las compañías con mayor presencia en la expansión actual del sector de defensa en nuestro territorio, comunicó un resultado neto de 436 millones de euros en 2025, un 57% superior al de 2024. Este dato, nos permiten situar como muestra quién se beneficia económicamente del aumento de la contratación y de la inversión pública en el negocio bélico.
Desde el PCTE y los CJC de Castilla y Léon nos posicionamos rotundamente frente al rearme en nuestras provincias y en todo el Estado, y seguiremos defendiendo acabar con este sistema para construir uno en el que las prioridades económicas estén centradas en las necesidades inmediatas de las y los trabajadores. No cesaremos en luchar contra quienes pretenden construir el futuro industrial de la comunidad alrededor de la producción militar y en defender que nuestros recursos, conocimiento técnico y nuestra capacidad productiva se oriente hacia las necesidades de la clase obrera.
¡Sus guerras no las pagamos!
Ni con nuestra sangre, ni con nuestra hambre.
Únete al PCTE. Construye la oposición obrera.