En los anteriores textos de esta campaña analizamos cómo el despliegue de las energías renovables en Aragón ha subordinado amplias zonas del territorio a las necesidades de acumulación del capital [https://www.pcte.es/territorios/aragon/el-territorio-como-negocio-renovables-capital-y-despoblacion-en-aragon/] y cómo el abandono del medio rural y de la prevención de incendios muestra la otra cara de ese mismo modelo: aquello que no ofrece una rentabilidad suficiente sencillamente se deja deteriorar [https://www.pcte.es/territorios/aragon/el-territorio-como-negocio-renovables-capital-y-despoblacion-en-aragon/].
La expansión de los centros de datos en Aragón permite avanzar un paso más. Amazon, Microsoft, Blackstone y otros grandes grupos anuncian inversiones multimillonarias mientras las instituciones aragonesas celebran cada nuevo proyecto como una prueba del éxito económico de la comunidad. Junto a ellos aparecen también grandes capitales aragoneses como Forestalia o SAMCA, que buscan posiciones en un sector de rápido crecimiento. La pregunta que debemos hacernos no es solamente cuánto empleo traerá estos proyectos ni cuánta electricidad o agua consumirán. Es una pregunta anterior: ¿quién está decidiendo qué se hace con los recursos productivos de Aragón y con qué objetivo?
De producir energía a consumirla
En el primer comunicado de esta campaña utilizábamos a Forestalia como ejemplo paradigmático, nunca como explicación de un problema que es mucho más amplio. Su evolución vuelve a resultar útil para entender lo que está ocurriendo. Tras años acumulando proyectos, permisos y posiciones en el despliegue renovable, el grupo ha comenzado a promover grandes centros de datos vinculados precisamente a esas instalaciones y a sus derechos de acceso a la red. El proyecto Búfalo integra tres centros en Magallón, Botorrita y Alfamén con instalaciones renovables asociadas y más de 540 MW de acceso y conexión para gestión de datos.
No es un movimiento exclusivo de Forestalia. SAMCA impulsa su propio proyecto Green IT Aragón y las multinacionales tecnológicas y los fondos de inversión se están posicionando en el mismo mercado. Lo relevante es observar hacia dónde se mueve el capital cuando aparecen nuevas oportunidades de rentabilidad. No existe ningún compromiso de las empresas con las renovables, los centros de datos o cualquier otra actividad concreta. El capital acumulado busca continuamente nuevos espacios en los que valorizarse en mejores condiciones, obtener rentabilidades superiores y apropiarse de una parte cada vez mayor de la riqueza social.
La abundante producción renovable, el suelo disponible y la posición adquirida sobre la red eléctrica convierten ahora a Aragón en un lugar particularmente atractivo para una industria enormemente intensiva en energía. Así, aquello que se presentó como una transformación energética capaz de desarrollar el territorio se convierte también en la base de un nuevo ciclo de acumulación.
No estamos hablando de una posibilidad lejana. El Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que Aragón tiene ya concedidos desde 2020 derechos de acceso para 5,1 GW de nueva demanda y que la planificación eléctrica propuesta hasta 2030 podría permitir a las redes aragonesas atender una demanda equivalente a unas siete veces el consumo actual de la comunidad. El propio Ministerio señala que los centros de procesamiento de datos concentran el grueso de esa capacidad de acceso.
Ese dato importa no porque debamos convertir la discusión en un debate técnico sobre megavatios, sino porque muestra la dimensión de la decisión que se está tomando.
Qué producimos y quién lo decide
La energía, las redes de transporte, el agua, el suelo o las infraestructuras no son infinitos. Utilizarlos para una actividad significa condicionar su utilización para otras. Una gran capacidad eléctrica reservada durante décadas para un centro de datos puede dificultar que en esa misma zona se instale en el futuro otra actividad industrial. Para un pueblo, esa diferencia puede significar mucho más que unos megavatios en una subestación: puede condicionar qué empleo existe, qué población puede fijarse y qué futuro económico tiene.
No sabemos hoy qué actividades productivas necesitaremos dentro de veinte años. Precisamente por eso resulta tan grave que una parte importante de esas posibilidades quede determinada por las decisiones presentes de grandes capitales privados.
Aquí se manifiesta la anarquía de la producción capitalista. Esto no significa que nadie planifique. Amazon planifica sus inversiones; Forestalia planifica sus proyectos; Red Eléctrica planifica sus redes y el Gobierno de Aragón modifica la ordenación territorial para facilitar nuevas implantaciones. El Estado interviene activamente: declara y desarrolla proyectos de interés general (PIGA) e incluso habilita procedimientos expropiatorios para obtener los terrenos necesarios. En la ampliación de AWS, por ejemplo, el Gobierno de Aragón ha reconocido expresamente la utilidad pública de los terrenos y la posibilidad de acudir a la expropiación urgente. Se planifican cuidadosamente las condiciones necesarias para que determinados capitales puedan invertir, pero no se planifica el conjunto de la producción en función de las necesidades de la población.
No existe una decisión previa sobre cuánta energía debe destinar Aragón a vivienda, transporte, industria, servicios públicos, producción de alimentos, investigación o infraestructura digital. Son los distintos capitales quienes concurren buscando oportunidades de beneficio y, a partir de sus decisiones, las instituciones adaptan redes, suelo e infraestructuras. La producción social termina así organizada por el movimiento de capitales particulares.
Por eso el problema no puede reducirse a que el Gobierno de Aragón esté tomando malas decisiones. Su actuación tiene un contenido de clase perfectamente reconocible: convierte la atracción de inversión privada en objetivo y reorganiza recursos públicos y territorio para favorecerla. El éxito se mide en millones anunciados y nuevos proyectos captados, no en la capacidad de organizar racionalmente la producción de acuerdo con las necesidades de la mayoría. Este modelo no comienza con el actual Gobierno de Aragón. Ya en 2019, bajo el gobierno de Javier Lambán, el primer proyecto de AWS fue declarado inversión de interés autonómico y de interés general; posteriormente se promovió incluso un polígono público de industrias tecnológicas en Villanueva de Gállego ligado a su implantación. El Gobierno central mantiene hoy esa misma apuesta por convertir la expansión privada del sector en política de desarrollo, aunque introduzca requisitos para limitar algunos de sus impactos ambientales y energéticos. No se trata, por tanto, de dos modelos productivos contrapuestos, sino de distintas formas de gestionar y acompañar un proceso cuya iniciativa y orientación fundamental siguen en manos del capital privado.
De ahí también la identificación interesada entre inversión y desarrollo. Que se acumulen miles de millones de euros en Aragón demuestra que existe una oportunidad rentable para el capital; no demuestra por sí mismo que se esté construyendo una estructura económica capaz de sostener a sus pueblos, generar un tejido productivo equilibrado o mejorar las condiciones de vida de quienes los habitan. La reproducción ampliada del capital y el desarrollo social no son la misma cosa.
Ni rechazo tecnológico ni barra libre al capital
Sería igualmente equivocado responder a este proceso rechazando los centros de datos en abstracto. Una sociedad socialista necesitará infraestructuras de cálculo, almacenamiento y comunicaciones para la industria, la ciencia, la sanidad, los servicios públicos y muchas otras actividades. Pero de ahí no se desprende que necesitemos la misma cantidad, que deban estar concentradas en los mismos territorios ni, sobre todo, que deban utilizarse para las mismas cosas.
También las necesidades digitales están determinadas por las relaciones sociales. Buena parte de la capacidad de cálculo y almacenamiento del capitalismo contemporáneo está dedicada a publicidad, especulación, vigilancia comercial, competencia entre plataformas, generación artificial de demanda y circulación incesante de contenidos cuyo objetivo fundamental es capturar nuestra atención y convertirla en beneficio. No podemos tratar todo consumo informático existente como una necesidad social que simplemente haya que alimentar con más electricidad y más centros de datos.
Por eso tampoco compartimos una crítica que se limite a exigir centros más eficientes o un menor consumo de agua. Sus consecuencias ambientales son reales y deben tener un peso central en cualquier decisión sobre dónde y cómo se construyen estas infraestructuras. Pero el problema no se resuelve sustituyendo una refrigeración por otra mientras permanece intacto el criterio que determina qué se produce. Tampoco bastaría con exigir que las empresas dejen más impuestos o más empleos en Aragón. El territorio no debe obtener una compensación mejor por ponerse al servicio de la acumulación privada: debe dejar de organizarse en función de ella.
Frente a este despliegue también empieza a organizarse una respuesta popular. Plataformas vecinales, colectivos ecologistas y organizaciones en defensa del territorio se han coordinado para presentar alegaciones, impulsar movilizaciones y recurrir judicialmente algunos de estos proyectos. La oposición a los centros de datos parte de sensibilidades y planteamientos diversos, pero expresa una contradicción real: cada vez más sectores de la población cuestionan que decisiones con consecuencias durante décadas sobre sus pueblos, sus recursos y sus condiciones de vida puedan presentarse como hechos consumados porque resulten rentables para unas pocas empresas.
Revertir la causalidad. La propuesta comunista
Una economía planificada permitiría plantear las preguntas en el orden contrario. Primero, qué necesita la sociedad. Después, qué capacidad de cálculo y almacenamiento requiere para satisfacer esas necesidades, qué otras actividades productivas son necesarias, con qué recursos contamos y dónde pueden desarrollarse minimizando sus efectos ambientales y contribuyendo a un desarrollo territorial equilibrado. Solo entonces tiene sentido decidir cuántos centros de datos construir, dónde situarlos y qué energía dedicarles.
Eso exige poner bajo propiedad social y control obrero los sectores estratégicos de la economía y articular de forma conjunta la política energética, industrial, tecnológica y territorial. No para sustituir las decisiones de un empresario por las decisiones aisladas de una administración, sino para poder organizar conscientemente la producción según las necesidades de la clase trabajadora y los límites materiales del territorio.
Aragón no necesita convertirse en el mejor soporte posible para cada nuevo ciclo de acumulación que encuentre aquí suelo, agua o electricidad disponibles. Necesita pueblos con futuro, una industria estable, servicios públicos y unas infraestructuras diseñadas para sostener la vida de quienes habitan el territorio.
Hoy se decide una parte importante de ese futuro. Y se hace siguiendo exactamente el criterio que ha vertebrado los anteriores capítulos de esta campaña: ellos ven recursos que valorizar; nosotros vemos las condiciones materiales para vivir y producir.
Porque ellos quieren la tierra, no al pueblo.