El PCTE celebra la amplitud y rotundidad de las movilizaciones por el derecho a la vivienda que se están produciendo por todo el país, y particularmente en la Puerta del Sol, a raíz del desahucio de Maricarmen.
El Gobierno de coalición se ha visto forzado, única y exclusivamente debido a la presión popular en las calles, a aprobar sendos Reales Decretos para adoptar con urgencia varias medidas, mientras el imparable aumento de los precios del alquiler y de la compraventa y la amenaza del desahucio dificultan cada vez más el acceso a la vivienda para millones de trabajadores y trabajadoras.
Una vez más, la organización y la lucha se demuestran como la herramienta más potente: sirven para arrancar conquistas, sirven para imponer nuestros intereses. La lección que debemos extraer como clase obrera ha de ser la de profundizar en esta senda. Desde hace tiempo crece de forma sostenida en España el número de huelgas y movilizaciones de distintos colectivos laborales, y la tarea ahora debe ser reforzar la perspectiva unitaria: unidad organizativa y unidad programática.
No solo en las calles, sino en cada centro de trabajo y barrio. El ejemplo de combate y movilización social debe llevarse a la acción cotidiana. Empezando por los centros de trabajo, núcleos de combatividad para garantizar la perspectiva clasista.
Esta debe impregnar también cada vez más la propia lucha por la vivienda, tanto en forma como en contenido. La lucha inmediata por el acceso a la vivienda no puede dirigirse solo a la intervención del mercado inmobiliario; la clase capitalista mina constantemente el poder adquisitivo de la mayoría trabajadora en busca de un aumento de sus beneficios, por lo que la lucha por el aumento de los salarios debe ocupar un lugar central en una lucha de clase por la vivienda.
Si la aprobación de ambos Reales Decretos debe atribuirse únicamente a la movilización popular, el contenido mayoritariamente tibio y concesivo con el rentismo, alejado de la emergencia y del sentir social, es responsabilidad del Gobierno de coalición.
Analizando el contenido que ha trascendido hasta ahora, se consideran pasos pequeños pero necesarios la prórroga de los contratos en vigor, la prohibición de compra de viviendas por fondos buitre hasta 2028 y la prohibición de los desahucios hasta 2030. Pero en esa misma temporalidad radica una limitación importante: el hecho de que se extiendan solamente hasta 2028 y 2030 evidencia que se pretende aliviar momentáneamente la situación, pero no aportar una solución estructural a largo plazo que garantice el acceso a la vivienda.
Destacan las bonificaciones fiscales a caseros que alquilen pisos a un precio por debajo del mercado. Con el incremento desorbitado de los precios en la última década, lo que debería considerarse «normal» se instala así en el imaginario colectivo como una práctica a premiar.
La concesión de mayores beneficios fiscales a los propietarios viene siendo una tónica general desde hace una década, en la cual la socialdemocracia ha gobernado durante ocho años. La lógica general del sistema de bonificaciones públicas no deja de ser, se dirija directamente a los propietarios o a estos a través de los inquilinos, la transferencia permanente de rentas del trabajo a manos privadas.
A falta de leer la letra pequeña, a lo anterior se suman las posibles regulaciones del alquiler de temporada. Cabe recordar que, tanto en la Ley de Vivienda aprobada en 2023 como en el acuerdo de Gobierno suscrito entre PSOE y Sumar en octubre de ese año, el alquiler de temporada quedó exento de toda regulación, un agujero que los propietarios han aprovechado desde entonces para seguir subiendo los precios, como demuestra el crecimiento vertiginoso de dicha modalidad de alquiler.
Todo lo anterior evidencia la incapacidad de cualquier Gobierno capitalista para intervenir activa y eficazmente el mercado de la vivienda con el fin de asegurar su acceso para toda la población. En última instancia, el problema que subyace es el carácter mercantil de la vivienda.
Impugnar y acabar con esa condición de mercancía requiere la rearticulación de una oposición obrera al capital que no esté supeditada a otras agendas políticas o a los intereses de otras clases sociales, ni limitada por los márgenes de posibilidad del sistema o del Estado.
Una oposición obrera que, al mismo tiempo que lucha para exigir medidas concretas en el seno del capitalismo, plantee la superación de dicho modo de producción y la construcción de una sociedad donde la vivienda pueda ser verdaderamente un derecho esencial.
Oficina de Prensa del PCTE
29 de septiembre de 2026