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A finales del año pasado, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico daba luz verde a la construcción de 20 de los 22 proyectos de parques eólicos presentados en el Maestrazgo. Tras una declaración ambiental favorable, se permitía así la proliferación indiscriminada de este tipo de parques en una de las zonas de mayor valor medioambiental de la provincia turolense.

Hasta aquí podría parecer que todo está en orden, pero si indagamos descubrimos que, a pesar de esa declaración ambiental favorable, la zona en la que se instalarán la mayoría de estos parques está considerada de “sensibilidad máxima” y, en un principio, se desaconsejó el aprovechamiento eólico de la misma. A esto hay que añadir también la construcción de dos plantas fotovoltaicas y una línea de alta tensión, todo ello colindante a Áreas de Importancia Internacional para la Conservación de las Aves (IBAs), con la amenaza mortal que suponen los molinos y los cables eléctricos.

Por desgracia esto no es más que el último ejemplo del crecimiento caótico y exponencial de estas formas de producción energética que en los últimos años estamos viviendo. Solo en Aragón para el año 2022, estaban en proceso de tramitación proyectos (parques eólicos y fotovoltaicos principalmente) que quintuplicaban la potencia energética actual. Si bien los proyectos que finalmente llegan a construirse tras el “filtro” administrativo son menos, resulta paradigmático que la suma total de los proyectos presentados en esta Comunidad Autónoma superen la mitad del objetivo para toda España previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, para el año 2030. Las cifras ya hablan por sí mismas de un crecimiento acelerado y desequilibrado que encuentra en nuestra comunidad autónoma el lugar ideal para asentarse, pues Aragón es a día de hoy el segundo mayor productor de energía eólica de España, sólo por detrás de Castilla y León.

Entrando al trasfondo de la cuestión, debemos analizar en primer lugar la “tramitación administrativa previa”, donde existe un fraude generalizado cuando se realizan los exámenes de impacto medioambiental para este tipo de proyectos. No es de extrañar que el promotor, encargado del estudio de impacto, instruya a quién lo realiza sobre qué aspectos omitir, qué fauna que se encuentra en la zona no debe ser mencionada o qué cuestión de interés medioambiental y paisajístico debe obviarse para conseguir así el visto bueno de la Administración. Bajo la excusa de “Planes y Proyectos de Interés General de Aragón” (PIGAS) se hace una interpretación realmente laxa de la Ley Medioambiental, entregando nuestro patrimonio natural y paisajístico a grandes empresas del sector como la aragonesa Forestalia, Endesa o Enel.

En este punto debemos distinguir entre energías renovables y energías verdes, pues una cosa es que la energía eólica sea renovable, es decir, que no se agote, y otra muy distinta que no tenga un impacto medioambiental.

Para más inri se destina una inmensa cantidad de dinero público para subvencionar a estas empresas y sus proyectos de energías renovables. Por ejemplo, el pasado verano, el Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció una dotación “inicial” de 150 millones de euros que supone un caso más de transferencia de las rentas del trabajo al capital, financiando así a las mismas empresas que cerraron el 2022 con beneficios récord.

De esta manera asistimos a la proliferación de las energías renovables no por interés medioambiental o siquiera general de la población, sino motivado por rentabilizar lo máximo posible la inversión de estas empresas, captando la mayor cantidad de ayudas posibles (añadiendo a las ya mencionadas los fondos europeos o la reclasificación de los suelos) de manera que puedan seguir engordando sus beneficios mientras la pobreza energética golpea cada vez más y más fuerte a las familias obreras. Para colmo, vemos como determinados partidos políticos realizan críticas desde sus plataformas locales mientras que desde su posición en el Gobierno central, los alaban y potencian.

Estos proyectos, con el objetivo de distraer a la población de su verdadero interés, vienen acompañados de campañas mediáticas que los blanquean y tratan de hacerlos pasar por proyectos de interés social. Lo podemos observar en el reciente Plan de Reconversión aprobado por Endesa para Andorra y su antigua central térmica, donde ponen el acento en los empleos que se crearán y en la “vida” que devolverán a estas comarcas (que ellos mismos forzaron a la desaparición con el cierre de las cuencas mineras). Respecto a esto último, cabe mencionar que si bien la motivación del cierre fue la transición ecológica, España mantuvo 5 centrales térmicas abiertas. De esta manera el desmantelamiento de la minería del carbón en España supuso una deslocalización parcial de la misma, obteniendo el carbón de terceros países con tasas de explotación más elevadas y peores condiciones laborales como Colombia, Indonesia, Sudáfrica o Rusia.

Pero, volviendo al tema principal, cualquier análisis de una realidad social concreta, en este caso, el conflicto entre las grandes empresas energéticas y las pequeñas comunidades y pueblos que ven sus paisajes y fauna deteriorados, tiene que hacerse desde una perspectiva clasista. ¿A quiénes beneficia en última instancia este modelo de energía renovable? ¿Dónde van a parar los ingentes beneficios obtenidos de hipotecar nuestras sierras y campos? Está claro que no a los pueblos y municipios afectados, cuyos habitantes tienen una falta de información clara sobre los proyectos y sus repercusiones y ven cómo cada vez cuesta más pagar la factura de la luz.

Mientras la supuesta transición ecológica se motive por la obtención de beneficios nuestro patrimonio natural y paisajístico siempre estará en venta. Existe a día de hoy el suficiente desarrollo técnico y tecnológico para aprovechar racionalmente los recursos naturales del país y garantizar el suministro a toda la población logrando la soberanía energética. Es hora de que el pueblo muestre su rechazo frontal a este tipo de proyectos de forma masiva y contundente, que se organice en asociaciones y plataformas locales que planten cara a las grandes eléctricas. Es hora de luchar por una sociedad donde la producción energética no dependa del beneficio económico, sino de asegurar el suministro gratuito a toda la población con el mayor respeto posible al medio ambiente.