1 de agosto de 2025
Buró Político del PCTE
El Real Decreto-ley aprobado el 29 de julio responde, en apariencia, a la obligación de transponer la Directiva europea que establece el derecho a un permiso parental de al menos dos semanas retribuidas. Sin embargo, el Gobierno ha optado por ampliar las semanas disponibles, pero sin establecer una retribución a cargo de las empresas.
Se amplían las semanas de cuidado del menor pero no como un derecho laboral pleno, sino como una prestación condicionada que ahorra costes a la patronal y carga el peso económico en el sistema público.
El PCTE denuncia que el Real Decreto-Ley, relativo a los permisos por nacimiento y cuidado de menores, es una reconfiguración del régimen jurídico de estos permisos destinada a evitar a las empresas de costes laborales ante la proximidad de sanciones de la UE.
Lo que se ha aprobado, en la práctica, es una modificación del Estatuto de los Trabajadores, del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley General de la Seguridad Social para trasladar al Estado —y no a las empresas— la financiación del tiempo dedicado al cuidado de hijos e hijas. Esta es la clave de la reforma: una nueva cesión al capital presentada como avance social.
En lugar de permisos retribuidos por la empresa, el nuevo modelo amplía lo que jurídicamente se considera una “suspensión del contrato” con derecho a prestación económica por parte de la Seguridad Social. En otras palabras: el trabajador deja de percibir su salario habitual y pasa a cobrar una prestación, siempre que se cumplan determinados requisitos. La empresa, mientras tanto, no asume ningún coste, y mantiene sus beneficios intactos.
Esta operación de maquillaje social, que amplía en una semana los permisos por nacimiento (hasta 17 por progenitor) y retribuye dos semanas hasta que el menor cumpla 8 años, no responde a una voluntad política de garantizar las tareas de crianza y la conciliación, sino a una estrategia para trasladar a las arcas públicas lo que deberían financiar los beneficios empresariales.
No se trata de una medida neutra ni técnica, sino de una decisión profundamente política: se sigue priorizando la rentabilidad del capital por encima del bienestar de la mayoría trabajadora. La supuesta mejora en la conciliación laboral y familiar se presenta en términos propagandísticos, sin asumir el compromiso de construir un sistema público de apoyo a la crianza, sin universalidad, sin gratuidad y sin atacar las raíces materiales de la desigualdad.
En un mercado laboral marcado por la precariedad, la parcialidad muchas veces involuntaria y los salarios de miseria, la conciliación no puede depender del bolsillo de cada familia ni de la buena voluntad de cada empresa. Tampoco puede descansar en prestaciones condicionadas y limitadas, mientras los servicios públicos siguen infrafinanciados y las mujeres trabajadoras asumen la doble jornada como norma no escrita.
Denunciamos que esta medida se inscribe en la estrategia general del Gobierno de coalición, que renuncia a confrontar con la patronal, desplaza los costes sociales al Estado y utiliza el lenguaje de los derechos para encubrir políticas funcionales al capital.
El PCTE sostiene que un verdadero avance en conciliación solo es posible mediante un permiso parental retribuido al 100 % durante al menos un año, sin condiciones ni negociación empresarial, y acompañado de servicios públicos de crianza y atención infantil gratuitos, accesibles y dignos.
Estas medidas, hoy en día, son insuficientes, selectivas y profundamente limitadas, y reiteramos que no puede haber derechos plenos bajo un sistema que prioriza el lucro por encima de la vida. Mientras el sistema continúe priorizando el beneficio empresarial por encima del bienestar social, no podrá haber derechos plenos ni conciliación efectiva.
Llamamos a la clase trabajadora a organizarse, a no conformarse con reformas parciales ni a dejarse engañar por cantos de sirena. Solo mediante la organización consciente y la lucha sostenida será posible conquistar derechos reales. No se trata de rechazar cada paso, sino de hacer avanzar cada uno de ellos más allá de los límites impuestos por los intereses del capital.