Recientemente, la Consejería de Educación de Cantabria alcanzó un acuerdo con varios sindicatos con el que se cierra el conflicto docente por la adecuación retributiva, que se ha extendido prácticamente un año y medio. Llegados a este punto, cabe hacer varias reflexiones sobre el acuerdo y el proceso mediante el que se ha llegado hasta él.
La primera, y que condiciona todo el análisis que debe hacerse del recorrido sindical, es una valoración global del acuerdo. Frente al entusiasmo o conformismo, sin fisuras, con el que desde algunos sectores se ha celebrado el acuerdo alcanzado, se debe poner en perspectiva el origen de la reivindicación y su desarrollo durante el conflicto, para poder valorar el resultado final justamente: lo cierto es que esta negociación se ha saldado con una recuperación parcial del poder adquisitivo perdido por el profesorado. Concretamente, sobre los 325’66 € que en 2024 la propia Junta de Personal calculó que venía perdiendo cada docente desde el anterior acuerdo de adecuación –firmado en 2008 y congelado su último tramo en 2011– se recuperarán 180 €, y solo cuando terminen de implantarse todos los tramos, a partir de 2029.
Es cierto, y positivo, que se ha logrado ligar esas cantidades al IPC, de forma que aumenten en la misma medida en que se incremente el coste de vida, garantizando así que el colectivo docente no sufra pérdidas de poder adquisitivo adicionales durante la vigencia del acuerdo. La necesidad de que cualquier actualización salarial contemple esta cláusula se pone de manifiesto en momentos como el actual, con una guerra imperialista que lleva a incrementos exorbitantes de precios en elementos tan básicos como el combustible o las facturas de luz y gas.
Junto a esta mejora salarial para el conjunto del profesorado, se actualizan también las cantidades del complemento de formación (sexenio), que depende de la antigüedad del trabajador y de las horas de formación realizadas, también con un calendario de implantación largo (hasta 2029) y con la contraparte de realizar más horas de formación, es decir, asumiendo más tareas para el profesorado. Podría pensarse que el incremento de horas no es tan significativo como para interpretarlo como un “debe” en el acuerdo, pero lo cierto es que se partía de reivindicar una adecuación retributiva “no condicionada”, es decir, sin contrapartidas, y desde muy pronto se aceptó por parte de la mayoría sindical entrar a negociar este otro elemento. Haber pasado 16 años sin un acuerdo de actualización salarial debía ser suficiente para insistir en la reivindicación original, sin condiciones, y el conjunto del profesorado respaldó y se movilizó con la fuerza suficiente como para ello.
Así, de una reivindicación de mínimos como es no perder poder adquisitivo, que no estuviera condicionada a ninguna tarea extra, se pasó a una adecuación inferior a lo que ha subido el coste de la vida y un aumento (aunque percibido como pequeño por buena parte del profesorado) en la carga de tareas.
En una sociedad de clases, donde la burguesía y la clase obrera tienen intereses antagónicos, la lucha por el salario es una lucha fundamental de todo colectivo en cualquier sector. Con el total de poder adquisitivo perdido a lo largo de 18 años, ¿no se podía aspirar a recuperar el cien por cien a día de hoy? La reivindicación era de mínimos, y con ella se debía ir a una lucha decidida, hasta las últimas consecuencias, para fortalecer ideológica y organizativamente a un sector que no tiene la misma tradición de lucha que otros sectores históricamente más organizados y combativos. Y, al igual que ocurre en estos cuando un convenio está próximo a caducar, la siguiente adecuación docente no debería esperar otra vez años y años; será un elemento que deba ponerse de nuevo encima de la mesa cuando termine de implantarse este acuerdo en 2029.
Por lo tanto, consideramos que el acuerdo es insuficiente, y en parte lo es por las propias debilidades en la estrategia sindical mayoritaria, pues a lo largo de todo el conflicto el profesorado estuvo en disposición de lograr mejoras mayores.
La clave aquí está en la elección errática de las formas de lucha durante el conflicto. Las huelgas han sido la clave para arrancar las mejoras parciales que supone este acuerdo, como demuestra el hecho de que, en el momento en que dejó de haber movilizaciones por la adecuación salarial, el conflicto entró en una especie de tregua de la que se ha acabado saliendo por un movimiento entre partidos guiado por intereses electoralistas, además de que la Consejería no dudó en imponer en ese impasse varias decisiones de manera unilateral que han supuesto ataques contra las condiciones de trabajo y los derechos del profesorado.
El desarrollo del conflicto y el alcance del acuerdo final invitan a una reflexión necesaria sobre la estrategia sindical empleada en algunos momentos. La falta de una conexión plena con el sentir de la plantilla y ciertos cambios de rumbo poco comprensibles en el calendario de movilizaciones —como la fragmentación de las huelgas de octubre por etapas educativas cuando la huelga conjunta de todos los cuerpos docentes llevaba anunciada desde agosto— limitaron el potencial de presión unitaria. Es fundamental analizar estos pasos para evitar el desconcierto y asegurar que, en futuras acciones, la fuerza colectiva se mantenga cohesionada hasta alcanzar los objetivos previstos.
En esta ocasión, el profesorado de Cantabria demostró, con su seguimiento de las concentraciones, manifestaciones y huelgas, que la reivindicación y el camino inicial planteados por la Junta eran correctos. Ahora bien, sin una plantilla organizada de forma masiva y continua, la dirección sindical que se le da a un conflicto es clave. La confianza en las propias fuerzas y no en actores externos, la performatividad de la lucha o la seriedad y la combatividad, fomentar o no la participación del conjunto de la plantilla en las decisiones importantes son factores que pueden resultar decisivos para el desarrollo de los acontecimientos. Y, desde luego, esta valiosa lección de lucha y perseverancia protagonizada por las y los docentes debe servir para aumentar su organización en los centros.
En efecto, pese a esta valoración crítica, celebramos la movilización y organización del colectivo docente, que ha alcanzado niveles no vistos en años y que ha sido la única responsable de haber logrado, por fin, una adecuación salarial, frente a todas las maniobras de la Consejería. Y lo ha logrado gracias a no renunciar a las herramientas de lucha históricas de la clase trabajadora.
Lo fundamental ahora, para todas las luchas que están por venir, es que se aumente la organización; que el profesorado que se haya movilizado se sindique y participe activamente en la vida orgánica de claustros y sindicatos, precisamente, para forjar la unidad sindical no en abstracto, no una unidad sindical formal, sino una unidad sindical que se fragüe desde los debates honestos en los claustros, que represente fielmente el sentir de la plantilla y fomente su organización y que lleve a cabo prácticas sindicales encaminadas a una defensa neta de los derechos y las condiciones de trabajo de las y los docentes.
Y es fundamental que el profesorado se organice no solo para conseguir nuevas mejoras para sí mismo y para el conjunto de la clase obrera, a través del salario indirecto que supone la educación pública, sino también para evitar que este acuerdo puede ser papel mojado en cualquier momento, como lo fue el anterior acuerdo salarial, inaplicado desde 2011 hasta 2026.
Comité de Cantabria del PCTE