El conjunto de la comunidad universitaria, personal de investigación, personal técnico de gestión, administración y servicios, y estudiantes se han levantado en pie de guerra en defensa de la Universidad Pública madrileña y han convocado dos jornadas de huelga universitaria los próximos días 26 y 27 de noviembre. Esta convocatoria, que cuenta con el respaldo de sindicatos y organizaciones estudiantiles, viene impulsada desde las Asambleas por la Pública que llevan organizándose en cada universidad desde el curso pasado.
La Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) es la última expresión de los intereses del capital en el negocio de la enseñanza superior. Impone una mayor presencia empresarial en los órganos de gobierno, fija un mínimo importante de financiación privada y contempla duras sanciones al estudiantado y a los trabajadores movilizados, al tiempo que impulsa la colaboración público-privada y favorece la creación de nuevos centros educativos privados. Se trata, pues, de una ley que sigue con la deriva privatizadora que busca convertir la universidad en un espacio al servicio del mercado y no de la clase obrera y sus hijos e hijas.
La asfixia económica de las universidades madrileñas dejará huellas difíciles de borrar. El constante pulso entre el gobierno de Ayuso y la Universidad Complutense de Madrid se traduce en recortes del 35% durante los próximos tres años Este curso ya se están viendo las consecuencias a nivel de investigación y no tardarán en verse privatizaciones de servicios en los campus, recortes de personal y/o de planes de estudios. Por supuesto, esto también es visible en el resto de universidades de la CAM. Además, este recorte presupuestario previsto para el año que viene está íntimamente unido al interés de dicha ley y no es casual: busca debilitar la financiación pública en aras de garantizar la mercantilización, cuestión que solo beneficia a los empresarios, quienes podrán repartirse y pugnar por el control de una importante parte de las universidades de Madrid. Esta estrategia se inscribe dentro de un proyecto educativo amplio de control privado sobre la educación pública, visto en Madrid pero también en otras partes del Estado.
Todo ello se encuadra en las políticas educativas regionales de los últimos años donde el profesorado de enseñanzas medias de la enseñanza pública lleva movilizándose largo tiempo contra la austeridad y su contraparte privatizadora.
Las leyes estatales, como la LOMLOE y la LOSU, trazan la misma marca en la educación pública, aunque le intenten dar un barniz menos descarado. Adaptando la educación a las necesidades del mercado, los intereses capitalistas representados en uno u otro gobierno ahondan en paralelo hacia la privatización en la mina de negocio de la educación pública hiperespecializando los contenidos y adaptando los métodos a las necesidades de explotación laboral, eliminando o abandonando los servicios y estudios menos útiles a la reproducción del capital, dejando espacio a la privatización de estos y al auge de la privada y aumentando la dependencia en las empresas privadas de la formación a través de las prácticas.
Son leyes que responden a una visión de clase enfrentada y alejada de una visión global e íntegra de la educación, donde el ser humano formado en la cultura y la ciencia no genera tanta plusvalía como la mano de obra hiperespecializada y barata, donde se oprime al sindicalismo estudiantil como ejemplo futuro de lo que se debe esperar en el mundo laboral.
No debemos pasar por alto el avance de la represión contra el movimiento estudiantil, expresión directa de la ofensiva general contra las formas de organización obrera y popular. En los últimos meses se han sucedido sanciones a estudiantes movilizados en distintas universidades del país, lo que demuestra que la LESUC no surge del vacío, sino en el marco de una política represiva más amplia que ya apuntaló legalmente el gobierno central con la Ley de Convivencia Universitaria, que ataca la autonomía universitaria y afina los mecanismos represivos. Las universidades se convierten así en laboratorios de ensayo de la represión del movimiento obrero y popular, que sigue bajo la amenaza de la Ley Mordaza, aún vigente pese a los reiterados anuncios de derogación de la misma que los distintos gobiernos progresistas de coalición han ido dejando caer.
Estas leyes no son neutras, buscan garantizar las condiciones de explotación y disciplinamiento de la clase obrera y el estudiantado para que los recortes y la privatización puedan imponerse con la menor resistencia posible, castigando toda forma de organización y lucha colectiva
Desde el PCTE llamamos al estudiantado y a los trabajadores de las universidades a la huelga, a su planificación en las asambleas y en los sindicatos de clase, a su difusión y a levantar en cada facultad una barricada de organización y lucha durante las jornadas. También hacemos un llamamiento al resto de la comunidad educativa, en particular al profesorado y estudiantado de enseñanzas medias y Formación Profesional, a participar solidariamente de la respuesta, para que se cumpla y se siga cumpliendo aquella consigna histórica que empujaba a los hijos de la clase obrera a la universidad, pero más y mejor organizados contra los que quieren hacer de la educación un negocio y de nuestro trabajo su beneficio.