En los Plenos del Comité Central del PCTE se analiza de manera colectiva la situación de la clase obrera, tanto en el contexto nacional como en el internacional. A partir de este análisis, y en coherencia con los documentos aprobados en sus Congresos, el Partido define sus prioridades políticas y orienta sus tareas.
El texto que sigue recoge un extracto del informe político aprobado por el Comité Central en su último pleno. En él se sintetizan algunas de las principales reflexiones sobre la coyuntura actual y los desafíos que afronta la clase trabajadora, situando el marco en el que el PCTE desarrolla su intervención y su propuesta política.
Extractos del Informe Político aprobado por el II Pleno del Comité Central del PCTE
31 de enero de 2026
(…)
Coyuntura internacional
Como es sabido, la prioridad del debate congresual era analizar las carencias y las limitaciones del modelo de desarrollo partidario para tomar las medidas oportunas que nos permitieran hacer efectiva la consigna de “luchas en todas las condiciones”.
Desde la finalización del III Congreso hasta la celebración de este II Pleno, el acierto en enfocar así el Congreso se ha vuelto evidente a ojos de todo el mundo. La caída de la careta del imperialismo norteamericano, con sus intervenciones en Venezuela, la amenaza de intervención en Irán y la situación que se ha generado con respecto a Groenlandia son ejemplos de cómo las condiciones en que luchamos pueden verse alteradas de un día para otro, algo para lo que tenemos que estar adecuadamente preparados.
Hablamos de la caída de careta del imperialismo norteamericano porque lo que está ocurriendo durante esta segunda presidencia de Donald Trump es simplemente la expresión descarnada de lo que lleva siendo la política internacional de EEUU en lo que llevamos de siglo y en el siglo anterior. Los intereses económicos y políticos que anteriormente se encubrían con apelaciones a la defensa de la democracia y los derechos humanos hoy se expresan abiertamente y sin contemplaciones. Esto facilita, hasta cierto punto, nuestra intervención, por cuanto que es más fácil para nosotros situar las verdaderas claves de las relaciones entre potencias y bloques.
Transcurrido el primer año del segundo mandato de Donald Trump en EEUU, se manifiestan con claridad las tendencias que situábamos en la Tesis I de nuestro Congreso, relativas al debilitamiento de la alianza entre EEUU y la UE o la creciente intensificación de las contradicciones entre las distintas potencias y bloques.
Los meses que han pasado desde el Congreso nos han ofrecido numerosos ejemplos de esta realidad, comenzando por la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN25) de EEUU a finales de noviembre, el secuestro de Maduro en Venezuela a primeros de enero o el incremento de la tensión en relación con Groenlandia. Todo ello sumado a la evolución de los acontecimientos en la guerra de Ucrania, los más recientes sucesos en Irán o el desarrollo del mal llamado “proceso de paz” en Palestina, que ha servido para presentar ante el mundo la denominada “Junta de Paz” con la que EEUU pretende sustituir algunas de las funciones que hasta ahora venía desarrollando la ONU.
Centramos esta parte del informe en las acciones y actitudes de EEUU porque son las que están generando alteraciones relevantes en el cuadro de las relaciones interimperialistas, no tanto en cuanto a su naturaleza, sino en cuanto a su estilo, principalmente. Pero, sobre todo, por el hecho de que las acciones y maniobras de EEUU en los últimos meses suponen el epitafio al esquema de relaciones internacionales surgido tras la II Guerra Mundial.
Esto implica, básicamente, que en las relaciones entre potencias y países ya ni siquiera es necesaria la utilización interesada del derecho internacional, sino que esas relaciones se desarrollan abiertamente según la fuerza. El caso del secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores es paradigmático: una operación militar que captura y traslada a la potencia atacante al primer mandatario de otro país, bajo acusaciones inventadas, para proceder a su “juicio” ante los tribunales de esa potencia, al mismo tiempo que se expresa abiertamente que los principales intereses de EEUU en la zona son el petróleo y los recursos venezolanos así como el dominio político sobre el Caribe.
Tras el secuestro de Maduro se han producido varias amenazas a mandatarios de países latinoamericanos y, muy específicamente, a Cuba, que sigue siendo la principal china en el zapato de EEUU en la zona y objetivo en el futuro inmediato de más provocaciones, agresiones e injerencias. Con todo esto, parece confirmarse la plena operatividad del denominado “corolario Trump” a la Doctrina Monroe, anunciado en la ESN25 y expresado en los siguientes términos:
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Este «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe es una restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses, coherente con los intereses de seguridad de Estados Unidos.”
Debe tenerse en cuenta que, en términos geopolíticos, la referencia al “hemisferio occidental” lo es básicamente al continente americano, islas adyacentes y los territorios de las zonas polares. Esto explica, entre otros factores, la insistencia de Trump sobre Groenlandia, que entraría de lleno en ese “hemisferio” sobre el que aspiran a “restaurar” su preeminencia. Una vez comprobado lo que se ha hecho en Venezuela, caben todo tipo de posibilidades en cuanto a la forma en que se lleve a cabo esa “restauración”.
Aparte de las cuestiones internacionales, debe mencionarse también la aparente situación de inestabilidad interna, derivada de las políticas llevadas a cabo contra la población inmigrante, que principalmente tienen lugar en zonas gobernadas por el Partido Demócrata, y la retórica “antiizquierdista” y cuasi guerracivilista que mantienen altos representantes de la administración Trump. Es evidente que parte de la retórica utilizada hacia el exterior también se utiliza en lo interno y que hay una contestación social que debemos conocer mejor, pero la evolución de los acontecimientos no permite descartar nuevos episodios de grave crisis interna, al estilo de los ocurridos tras conocerse los resultados de las anteriores elecciones presidenciales, en función de los resultados de las elecciones de medio mandato que tendrán lugar este año y que no parecen favorables a los republicanos.
Cabe en este momento hacerse dos preguntas. Hasta qué punto esta recuperación oficial de la Doctrina Monroe puede implicar un menor intervencionismo de EEUU en otras zonas geográficas del planeta es una. La otra es el papel que van a jugar las potencias europeas y sus alianzas, toda vez que los mandatarios de EEUU han expresado abiertamente que el modelo de “relación transatlántica” está moribundo.
En cuanto a la primera pregunta, nuestra respuesta es un rotundo no. Al contrario de lo que se está difundiendo, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU no implica una reducción del papel de EEUU en el mundo, sino una reformulación de sus formas, métodos y justificaciones. El hecho de que la ESN de Biden se centrase en la lucha entre “democracia y autocracias” y la de Trump haga hincapié en el “EEUU primero” y la recuperación de las esferas de influencia concretas, no excluye que ambas doctrinas vinculen el interés de EEUU con la situación en otras partes de mundo o, dicho de otra manera, que los intereses de EEUU van mucho más allá de sus fronteras y de su región.
El objetivo de la administración Trump es seguir por delante de China como potencia mundial sobre la base de las superganancias de ciertos monopolios tecnológicos, plenamente alineados con el gobierno, que se reinvierten en gran medida en el desarrollo de la capacidad militar estadounidense.
Independientemente de los matices, las fórmulas o las argumentaciones, el intervencionismo norteamericano no va a desaparecer. En primer lugar, en el “hemisferio occidental”, después en la zona del “Indo-Pacífico”, luego en Europa y en el Medio Oriente, todo ello en un marco de impulso a la tecnología estadounidense y en un cambio de estilo del llamado “poder blando” al “poder duro”, que busca además un efecto específico en las masas de los distintos países.
En términos de competencia interimperialista, es indiferente situar que las contradicciones se producen por el choque entre modelos políticos o por el estrangulamiento a los intereses económicos nacionales. El manto ideológico con el que se pretenden encubrir las contradicciones interimperialistas no puede distraernos del hecho de que éstas no sólo no han desaparecido o se han reducido, sino que se producen en términos cada vez más violentos. La hipotética recuperación de una delimitación más clara de las esferas de influencia de las tres principales potencias mundiales (EEUU, China y Rusia) de ninguna manera excluye las confrontaciones entre potencias y bloques, ni garantiza un mundo más pacífico, sino que introduce unos mayores niveles de complejidad para la lucha obrera en cada país y para la articulación práctica del internacionalismo.
(…)
El secuestro de Maduro, así como los sucesos que están teniendo lugar en Irán y la amenaza de una intervención militar extranjera en ese país, han reabierto en algunos espacios la discusión sobre cuál es la posición internacionalista consecuente. Los términos en que se está produciendo esta discusión son básicamente la consecuencia de años de penetración en el movimiento comunista de las tesis de la multipolaridad que, en esencia, son reflejo del abandono del punto de vista clasista y su sustitución por el punto de vista geoestratégico. Y también de la debilidad relativa del movimiento obrero frente a la burguesía, que facilita que prácticamente todos los fenómenos sociales e históricos se estén abordando en parámetros de subordinación a intereses burgueses.
Entre las fantasías de quienes legitiman cualquier gobierno por el mero hecho de su “oposición” a los Estados Unidos y quienes ignoran la capacidad de cooptación inmediata del malestar obrero y popular, o incluso su promoción, por parte de otras potencias, hay un espacio para el internacionalismo consecuente que es capaz de tomar en consideración todas las variables presentes en cada conflicto y desarrollar una política hacia las masas, en cada país, que sea capaz de poner en duda no solamente la legitimidad burguesa doméstica, sino la legitimidad burguesa en el mundo entero.
Esto implica, entre otras cosas, conocer los términos en los que se han producido y evolucionado los distintos movimientos contra gobiernos considerados “enemigos” por unas potencias y otras, la utilización del malestar social generado por razones económicas, religiosas, étnicas o lingüísticas, muchas veces fruto de las propias maniobras o actuaciones previas de las principales potencias y, en tercer lugar, la capacidad de generar simpatía y legitimación de cualquier tipo de actuación que se realice con el ánimo de resolver ese tipo de situaciones.
Para nosotros, un punto de partida esencial es que la interferencia extranjera, por muy inevitable que pueda ser en este momento histórico, es una dificultad añadida para el avance de la revolución en cualquier país. En un mundo en el que no existe el bloque socialista, toda interferencia extranjera en un país se produce siempre en términos de promoción del cambio o mantenimiento de la fracción burguesa en el poder, incluyendo con ello la conservación o modificación de la forma concreta en que se ejerce la dictadura burguesa.
En nuestra época, es imposible encontrar un fenómeno de fuerte movilización social o de alteraciones en un país en el que, en primer lugar, no haya una subordinación de la clase obrera a otros sectores sociales, independientemente de que parte de las demandas o elementos de aglutinamiento de las movilizaciones tengan componentes obreros y/o populares como las condiciones de vida o la carestía.
(…)
Por otra parte, es un problema práctico de primer orden situarse en unas claves de análisis basadas en la defensa de una u otra forma de poder capitalista, sin oponer una propuesta de poder obrero tanto para los agresores como los agredidos. En tercer lugar, la principal responsabilidad de cada Partido Comunista es la confrontación contra su propia burguesía, su Estado y las alianzas capitalistas de las que forma parte.
De la conjunción de estos tres factores, se extrae en cada momento la posición legítimamente internacionalista, que es bidireccional porque tiene un componente “hacia adentro” y otro componente “hacia afuera”. En nuestro caso, el primer aspecto fundamental pasa por el rechazo frontal a toda agresión o interferencia extranjera en la evolución de los acontecimientos en cada país. Esto se concreta, hacia adentro, en el levantamiento de la mayor oposición posible a la participación de nuestro país en las alianzas imperialistas que ejecutan o legitiman las intervenciones, aspecto que es indisociable del levantamiento de la mayor oposición posible al poder burgués en España en su conjunto. Hacia afuera, esta concreción se lleva a cabo a través del favorecimiento, apoyo y solidaridad máxima con las fuerzas que, como nosotros aquí, pelean por levantar la mayor oposición posible al poder burgués y sus alianzas internacionales en sus respectivos países, incluyendo, por supuesto, tanto a los de los países agresores como a los de los países agredidos. Este apoyo, solidaridad y favorecimiento, van encaminados al objetivo de que, en función de la evolución de los acontecimientos, cada Partido Comunista se encuentre en las mejores condiciones para aprovechar el desencadenamiento de situaciones revolucionarias que puedan producirse o, cuanto menos, para estar en mejores condiciones de lucha en el período siguiente.
El problema de analizar en trazo grueso los fenómenos de agresiones e interferencias extranjeras es que, en primer lugar, lleva a ignorar las distintas posibilidades que se abren a las fuerzas revolucionarias si éstas están preparadas o en unas mínimas condiciones para aprovechar los nuevos escenarios en los distintos países implicados. Por poner un ejemplo, la intervención de EEUU en Venezuela y los términos en que se está dando pone sobre la mesa la existencia de distintas fracciones en el gobierno del PSUV, e incluso su papel contrarrevolucionario y aliado funcional al imperialismo norteamericano, lo que abre la puerta a que los comunistas venezolanos puedan desarrollar un trabajo concreto relacionado con las limitaciones del poder capitalista bajo la expresión concreta del “modelo bolivariano”.
(…)
Del mismo modo, los acontecimientos en Irán, o en cualquier otro país sometido a presiones, sanciones o amenazas de intervención, no pueden ser abordados desde esquemas binarios que obliguen a escoger entre el apoyo acrítico a un gobierno burgués “asediado” o la justificación implícita de la injerencia imperialista. Ambos caminos conducen a la desorientación política de la clase obrera y a la renuncia práctica a la construcción de una alternativa revolucionaria propia. Nuestra tarea consiste precisamente en romper ese falso dilema, señalando simultáneamente el carácter reaccionario de toda agresión imperialista y las limitaciones estructurales, cuando no el carácter abiertamente contrarrevolucionario, de las burguesías nacionales que gobiernan esos países.
De ahí se desprende que el internacionalismo consecuente no es una posición cómoda ni inmediata, sino una orientación política que exige análisis concreto de la situación concreta, intervención paciente entre las masas y una delimitación nítida respecto a todas las fracciones de la burguesía. No se trata de negar la realidad de la agresión externa ni de minimizar sus efectos devastadores sobre las condiciones de vida de las masas, sino de impedir que esa agresión sea utilizada para clausurar toda crítica de clase y para subordinar al movimiento obrero a proyectos de gestión capitalista presentados como “mal menor” o como supuesta barrera frente a las potencias imperialistas dominantes.
Por todo ello, la profundización de la crisis del capitalismo y el agravamiento de las contradicciones interimperialistas nos sitúan ante una responsabilidad histórica ineludible. O bien asumimos plenamente la necesidad de reforzar el trabajo ideológico, político y organizativo en clave de independencia de clase, o bien quedaremos arrastrados por dinámicas ajenas que convertirán al movimiento comunista en una fuerza auxiliar de una u otra fracción del capital. La preparación para escenarios de mayor confrontación, incluida la posibilidad, como señalamos en las Tesis, de una guerra imperialista generalizada, no puede desligarse de la preparación para escenarios de ruptura revolucionaria, por parciales o desiguales que éstos puedan ser.
Con este análisis en la mano, nuestra intervención ante una agresión imperialista significa usar esa coyuntura para reforzar la independencia de clase, debilitar a la propia burguesía y preparar a las fuerzas comunistas para escenarios de mayor confrontación, sin caer ni en el alineamiento geopolítico ni en el pacifismo abstracto. La clave no es “tomar partido entre Estados”, sino intervenir para que la clase obrera pueda convertirse en sujeto político en condiciones cada vez más críticas. En lo concreto, esto puede llevarse a cabo si, en nuestra intervención y posicionamientos, lo hacemos sobre cuatro ejes:
- Contra la agresión imperialista, señalando con claridad al agresor y movilizando a las masas contra la guerra y sus consecuencias materiales, sin por ello otorgar legitimidad política al Estado burgués agredido, aunque también haya que criticar la existencia de sanciones económicas que afectan a la vida de la población en el país agredido.
- Centralidad de la lucha contra nuestra propia burguesía, que es directamente agresora o cómplice de las agresiones, planteando la ruptura con las alianzas imperialistas de las que España forma parte, la ruptura de los acuerdos militares con potencias agresoras, el cierre de bases extranjeras y la vuelta a España de todas las tropas desplegadas en el extranjero.
- Solidaridad internacionalista de clase, expresada fundamentalmente hacia la clase obrera y los pueblos, y no hacia los gobiernos, concretándose en el apoyo a los comunistas y/o a las fuerzas obreras revolucionarias del país agredido y promoviendo la mayor coordinación posible contra la guerra y el capital a nivel internacional, todo ello con el objetivo de favorecer las condiciones para que las fuerzas revolucionarias puedan intervenir con mayor fuerza en cada país implicado.
- Perspectiva de poder obrero, que ligue la coyuntura concreta de la agresión a una salida política propia, evitando que la movilización que se produzca pueda quedar atrapada en el pacifismo estéril o en el apoyo a fuerzas burguesas en el interior de cada país.
La segunda pregunta que nos hacíamos antes, relacionada con las potencias europeas y sus alianzas, nos lleva a tener que analizar otro fenómeno que tendrá una clara influencia en nuestro trabajo político futuro. Es innegable que estamos en un momento de debilidad de la Unión Europea y de la propia OTAN como alianza entre las potencias europeas y EEUU. La posición oficial de la UE, negándose a considerar como una violación del derecho internacional la intervención de EEUU en Venezuela, y la relación entre ambos teóricos aliados en lo relativo a Groenlandia son demostraciones evidentes de esta realidad que responde a que ciertos países de la UE están estrechamente vinculados con otras potencias, lo que no permite una integración adecuada en términos capitalistas.
Ha sido llamativo el aspecto comercial de la situación de la UE. Por un lado, la paralización temporal del acuerdo con Mercosur, tras 25 años de negociaciones, se ha visto “compensada” por el acuerdo de libre comercio con India, que también ha llevado su tiempo pero que se ha acelerado en los dos últimos años. Aparte de la ejemplificación de cómo se reconfiguran y reformulan las alianzas comerciales en función del contexto cambiante, este acuerdo implica también que los llamados BRICS no son un bloque homogéneo y que cada potencia mira por sus propios intereses.
Ante la situación de debilidad relativa de la UE, surgen voces que están proponiendo una reorientación de las alianzas internacionales de las potencias europeas hacia el Este, dado que las relaciones hacia el Oeste son cada vez más conflictivas y problemáticas. Otras voces, entre las que se incluye la socialdemocracia española al completo, sin romper el marco general, impulsan la idea de la autonomía estratégica de la UE. En realidad, son dos caras de la misma moneda porque esa autonomía estratégica propuesta no puede entenderse sin la posibilidad de negociaciones o posibles alianzas con otros bloques o potencias distintos de EEUU, sean China, Rusia o de otras zonas, como el Mercosur.
Que la UE sea una alianza que se está poniendo en entredicho principalmente desde las posiciones más reaccionarias de las fuerzas burguesas no altera nuestra propuesta estratégica sobre esta alianza, de la misma manera que la hipotética salida de EEUU de la OTAN no implica ningún cambio sustancial sobre nuestra posición sobre la Alianza Atlántica. Ninguna de ambas alianzas interestatales cambia su naturaleza por el hecho de contar o no con al apoyo o presencia de la primera potencia imperialista, pero no podemos negar que se introducen elementos nuevos en la ecuación que deben hacernos afinar nuestro trabajo político.
Nuestra responsabilidad, tal como se ha expresado anteriormente en este documento, pasa por desarrollar una línea política que no se limite a denunciar la subordinación histórica de la UE a los intereses del imperialismo estadounidense, sino que sea capaz de desenmascarar el carácter imperialista propio de la Unión Europea y de las burguesías que la componen, con independencia de la orientación concreta que adopten sus alianzas internacionales en cada coyuntura. El debilitamiento relativo de la UE no la convierte en un actor progresivo ni abre, por sí mismo, un escenario favorable para la clase obrera; al contrario, incrementa las tensiones entre las burguesías europeas y agudiza la ofensiva contra los derechos sociales, laborales y democráticos de las masas.
En este contexto, los discursos sobre la “autonomía estratégica europea” cumplen una función ideológica precisa: presentar como proyecto común de los pueblos lo que no es sino un intento de las burguesías europeas de reforzar su capacidad de competencia interimperialista y de intervención militar, económica y política en terceros países. La construcción de una defensa europea, el refuerzo de la industria militar propia o la redefinición de alianzas comerciales y geopolíticas no persiguen garantizar la paz ni la soberanía popular, sino asegurar mejores condiciones para la acumulación de capital europeo en un escenario mundial cada vez más inestable.
Para la clase obrera y para los Partidos Comunistas, esto implica rechazar de plano cualquier intento de alineamiento acrítico con proyectos de “reforma” o “refundación” de la UE desde parámetros socialdemócratas o soberanistas burgueses. No existe una UE “social”, “pacífica” o “autónoma” al servicio de los pueblos dentro de los márgenes del capitalismo. Toda estrategia que no parta de la ruptura con la UE y con la OTAN, como expresiones concretas del poder del capital, está condenada a reproducir la subordinación política e ideológica del movimiento obrero a los intereses de su propia burguesía.
Al mismo tiempo, el debilitamiento y las contradicciones internas de la UE abren escenarios que pueden ser aprovechados por las fuerzas revolucionarias si existe una preparación política y organizativa suficiente. La fragmentación de intereses entre las potencias europeas, el cuestionamiento de los mecanismos de cohesión interna y el aumento del descontento social frente a las políticas de austeridad y militarización pueden generar crisis políticas profundas en distintos países. Nuestra tarea es intervenir en esas crisis con una propuesta clara de poder obrero, ligando la lucha contra la UE y la OTAN a la lucha contra el capitalismo en cada Estado.
En el caso de España, esto se concreta en la confrontación directa con la burguesía española, con su participación activa en los proyectos imperialistas europeos y atlánticos, y con todas las fuerzas políticas que, bajo distintos disfraces, trabajan por reforzar la integración en esas estructuras. La salida de la UE y de la OTAN no es una consigna abstracta ni un fin en sí mismo, sino un momento necesario de un proceso más amplio de ruptura revolucionaria que sólo puede culminar con la instauración del poder de la clase obrera.
Debemos, en conclusión, reafirmar que la crisis de la UE no debe generar ilusiones ni desorientación estratégica. Lejos de apostar por reequilibrios geopolíticos o por nuevas arquitecturas imperialistas, nuestro trabajo debe centrarse en fortalecer la independencia política de la clase obrera, en elevar su nivel de conciencia y organización y en preparar las condiciones para que las inevitables crisis del bloque europeo se conviertan en oportunidades para avanzar hacia una transformación revolucionaria de la sociedad. Sólo desde esta perspectiva es posible dotar de contenido real al internacionalismo proletario en el escenario europeo actual.
Coyuntura en España
En España, la actualidad del momento político, a nivel gubernamental y parlamentario, está caracterizada por tres elementos que debemos valorar:
- el agravamiento de la situación socioeconómica que vive la mayoría trabajadora, que no se correlaciona con los datos macroeconómicos positivos, dependientes en gran medida de unos fondos europeos cuya ejecución finaliza el 31 de agosto de 2026.
- las crecientes manifestaciones de la debilidad parlamentaria del gobierno de coalición, expresada en el uso constante de reales decretos y en el fracaso de la implantación del nuevo modelo de financiación autonómica
- la reapertura del ciclo electoral a partir de las elecciones autonómicas extremeñas, a las que siguen Aragón, Castilla y León y Andalucía, que comparten – salvo Andalucía- la característica de estar gobernadas por el PP en minoría.
El elemento central de la coyuntura es el empeoramiento sostenido de las condiciones de vida de la clase obrera, en contraste con un discurso oficial que insiste en la recuperación macroeconómica. Esta contradicción no es accidental, sino inherente al funcionamiento del capitalismo español en su fase actual.
El crecimiento económico reciente se apoya en sectores de bajo valor añadido y alta explotación laboral, en las transferencias masivas de fondos europeos orientadas a sostener la acumulación de capital y en un modelo inmobiliario y financiero que extrae renta del trabajo asalariado.
Los datos macro de la economía española de 2025, al menos en la parte que ya se conoce, presentan una tendencia positiva que contrasta con la evolución de esos mismos indicadores en otros países y con el conjunto de la zona euro y la UE. No obstante, estas cifras macro no se correlacionan con las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población.
En el ámbito específicamente laboral, los incrementos en la población afiliada a la Seguridad Social y la reducción de las cifras oficiales de desempleo contrastan con las informaciones que arrojan una preocupante situación: los incrementos de la formalización de contratos fijos discontinuos y de los despidos por no superación del período de prueba, aspectos ambos íntimamente relacionados con la última reforma laboral aprobada por el gobierno de coalición y apoyada por las principales organizaciones sindicales.
La dicotomía entre cifras de empleo y afiliación y la realidad de las condiciones en que se concreta la venta de la fuerza de trabajo es uno de los hechos que impide que el Gobierno pueda utilizar los datos macroeconómicos para contrarrestar otro tipo de debates y asuntos que están siendo más determinantes en el escenario político parlamentario español. Si la evolución positiva, en términos capitalistas, de la economía española no se percibe en amplios sectores de la población, esos datos no son de utilidad para el debate político entre las fuerzas burguesas.
Este desarrollo positivo – insistimos, en términos de datos macroeconómicos – está íntimamente relacionado con el impacto de los fondos europeos, como señalamos en nuestras Tesis congresuales, cuyo plazo final de ejecución es el 31 de agosto del presente año. Por tanto, nos encontramos en un año crucial para terminar de comprobar cuál ha sido el grado y sentido de la utilización de esos fondos y su impacto real en la actualización y modernización del capitalismo español.
Los fondos europeos han funcionado como mecanismo temporal de estabilización del sistema, no como palanca de transformación estructural, que era su objetivo según la propaganda. Si, como venimos afirmando, la economía capitalista española está profundamente “dopada” por el efecto de estos fondos, y se están liberando temporalmente recursos públicos para el sostenimiento de parte del “escudo social” del que presume la coalición socialdemócrata, es previsible la apertura de un período posterior de ajustes y nuevas agresiones contra los derechos obreros y populares que, general, se están viendo fuertemente cuestionados por las organizaciones que aspiran a sustituir a PSOE-Sumar en La Moncloa.
Los significativos incrementos en el precio de la cesta de la compra (35% de subida en tres años según la OCU), la vivienda (12,1 interanual en el tercer trimestre, según el INE, estando el metro cuadrado en su máximo histórico), o la situación de “gran revisión” de todos los contratos de alquiler firmados en 2020, no se contrapesan con las subidas salariales de los sectores público y privado, que siguen sin evitar una reducción del poder adquisitivo de amplísimos sectores de la población.
El malestar social que está generando esta situación es palpable, pero las soluciones que los partidos capitalistas están proponiendo no son capaces de atajar la situación, dado que no pueden superar la contradicción que supone que las necesidades sociales más básicas tengan que ser cubiertas a través de mercancías cada vez más lucrativas y sobre las que hay un creciente interés para la inversión de capital.
(…)
El segundo gran eje del momento político es la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición, que se ha convertido en un rasgo estructural de la legislatura. Esta fragilidad deriva tanto de la estrechez numérica de la mayoría como de la heterogeneidad ideológica y territorial de los apoyos parlamentarios, lo que obliga al Ejecutivo a una negociación constante y altamente inestable.
Una de las manifestaciones más visibles de esta situación es el uso recurrente del real decreto-ley como mecanismo legislativo, cuya utilización sistemática evidencia las dificultades del Gobierno para sacar adelante iniciativas por la vía legislativa ordinaria y genera una situación de desorientación, derivada del hecho de que los contenidos de ese tipo de normas, al necesitar ser convalidados en el Congreso, pueden aplicarse durante ese margen de tiempo pero luego decaer si no hay el apoyo parlamentario suficiente. Esto alimenta el discurso de desgaste institucional promovido por la oposición.
La incapacidad para aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica es otro síntoma relevante de esta debilidad. Se trata de una reforma clave para el equilibrio territorial y la cohesión del Estado, pero que requiere amplios consensos políticos y territoriales. El bloqueo en este ámbito refleja no solo la fragmentación del Congreso, sino también la dificultad del Gobierno para articular una propuesta que concilie intereses divergentes entre Comunidades Autónomas y fuerzas políticas con agendas muy distintas.
Si a esta situación le añadimos la articulación de voces internas dentro del PSOE que piden una alternativa a la actual dirección de Pedro Sánchez y el bochornoso papel que están jugando las organizaciones “a la izquierda del PSOE” para articular su presencia electoral en el próximo ciclo, se presenta un escenario complejo para que el Gobierno sea capaz de cumplir su anunciada intención de llegar a 2027
(…)
Por último, a reapertura del ciclo electoral autonómico constituye uno de los principales factores de inestabilidad política en el actual contexto español. Las elecciones en Extremadura, seguidas por Aragón, Castilla y León y Andalucía, no deben interpretarse únicamente como procesos regionales aislados, sino como parte de una dinámica más amplia de recomposición del poder territorial y de anticipación estratégica de un eventual escenario electoral estatal.
Mientras en Castilla y León y Andalucía los procesos electorales son fruto del cumplimiento del período legislativo ordinario, en Extremadura y Aragón las elecciones han sido convocadas de forma anticipada en un ánimo de solventar los conflictos que se dan entre PP y VOX, con la voluntad reconocida por parte del PP de no necesitar contar con el apoyo parlamentario de VOX y poder, además, reforzar su posición territorial de cara a unas futuras elecciones generales. A falta de ver lo que ocurre en Aragón, esta jugada no ha salido bien en Extremadura, donde la gobernabilidad exige un pacto entre ambas fuerzas tras el fortalecimiento de VOX y el escaso crecimiento del PP.
En Castilla y León y Andalucía, donde se votará en marzo y en mayo o junio, respectivamente, el proceso electoral no deriva de la misma situación que en las otras dos CCAA, pero los resultados pueden ser similares, dado el clima de alta polarización y de creciente nacionalización del debate autonómico, que favorece a VOX.
(…)
Las dificultades para la gobernabilidad no implican, de momento, que exista una crisis política en España. Ni las mayorías parlamentarias son estrictamente necesarias para mantener, durante un período de tiempo limitado, la actividad gubernamental, ni el Gobierno central y su administración son la única administración estatal, de modo que el mantenimiento de cierta “normalidad política” en Comunidades Autónomas y ayuntamientos ejerce un efecto amortiguador.
Ahora bien, el crecimiento de los niveles de desafección, expresado en términos de crecientes tasas de abstención en los procesos electorales, la percepción de la separación entre las cifras macroeconómicas y las condiciones reales de vida, o la percepción creciente del alejamiento de la política burguesa de las necesidades de la población, pueden ser relativamente bien reconducidas por la burguesía con un cambio en las fuerzas de gobierno a través de una coalición entre PP y VOX, que se está ensayando a nivel autonómico. Como ya analizamos en las Tesis, este posible escenario presenta una serie de retos al Partido que iremos concretando en el futuro inmediato, pero que pasan ya, en cualquier caso, por la necesidad de ampliar nuestra intervención en las luchas de la clase y el pueblo y articular nuestra presencia organizada entre las masas de forma organizada y mucho más efectiva que hasta el momento, así como proceder a un análisis más exhaustivo sobre el papel y características de las capas medias, dada la capacidad de influir en la subjetividad de la clase en determinadas circunstancias y conflictos.
Analizamos también las recientes informaciones sobre el llamado “proceso de regularización” de trabajadores extranjeros que, según las cifras que ofrece el Gobierno, afectaría aproximadamente a medio millón de personas. El anuncio de este nuevo proceso, el séptimo desde 1986, ha vuelto a traer a primera plana la cuestión de la inmigración, muy presente en la época reciente dada la insistencia con la que la utilizan las fuerzas políticas más reaccionarias. Hay fuerzas que parecen darse cuenta ahora, en este período de crecimiento de la reacción, de que este tipo de procesos atienden a las necesidades coyunturales de fuerza de trabajo que tiene la burguesía, que en varios sectores se encuentra con carencias de mano de obra evidentes. Este proceso, como otros anteriores, obedece principalmente a esta realidad; pero debe tenerse en cuenta también, como venimos señalando repetidamente, que lo que necesitan los capitalistas es una vinculación de la fuerza de trabajo “flexible”, esto es, muy vinculada a las necesidades de la producción en cada momento. Este aspecto queda meridianamente claro en el anunciado proceso de regularización, en el que lo que se anuncia es la concesión de la autorización de residencia durante un año, sin alterar ningún otro de los aspectos de las normas de extranjería vigentes. Se trata, por tanto, de la “legalización temporal” de un porcentaje de la población que ya se encuentra, en su inmensa mayoría, vendiendo su fuerza de trabajo en condiciones irregulares, y que seguramente ahora se encontrará con un colapso burocrático que dificultará el acceso a esta nueva situación administrativa. Quien aprovecha este tipo de procesos “extraordinarios” para culpabilizar a nuestros hermanos de clase de una movilidad que es forzada por las necesidades de los capitalistas y por las acciones de los capitalistas, exonerando con ello a las fuerzas y políticas burguesas, está cayendo de lleno en la lógica y la dinámica del enemigo de clase, que aspira a utilizar todo fenómeno social para dividir al proletariado y contraponer artificialmente los intereses de distintas secciones de nuestra clase. De ahí que, para nosotros, sea muy necesario avanzar en el establecimiento y estrechamiento de lazos con los sectores obreros que están en nuestro país procedentes de otros países o regiones.
Por último, es necesario hacer una mención a la sucesión de accidentes ferroviarios de las últimas semanas, especialmente a la tragedia de Adamuz, que se saldó con decenas de heridos y 45 fallecidos. Independientemente de cuáles sean las causas concretas del descarrilamiento, que se conocerán en los próximos meses, debemos realizar un trabajo político concreto de denuncia del efecto de las políticas liberalizadoras y privatizadoras que impulsa la Unión Europea y que ejecutan los distintos gobiernos capitalistas españoles, que transfieren miles de millones a los monopolios a través de contratos de mantenimiento de la infraestructura que redundan en un empeoramiento de las condiciones de seguridad, priorizándose el beneficio económico sobre al bienestar de viajeros y trabajadores. El Partido debe tratar de introducir estos elementos en la discusión pública.
(…)