En los Plenos del Comité Central del PCTE se analiza de manera colectiva la situación de la clase obrera y la lucha de clases, tanto en el contexto nacional como en el internacional. A partir de este análisis, y en coherencia con los documentos aprobados en sus Congresos, el Partido define sus prioridades políticas y orienta sus tareas.
El texto que sigue recoge algunos extractos del Informe Político aprobado por el Comité Central en su último pleno. En ellos se sintetizan algunas de las principales reflexiones sobre la coyuntura actual y los desafíos que afronta la clase trabajadora, situando el marco en el que el PCTE desarrolla su intervención y su propuesta política.
Extractos del Informe Político aprobado por el III Pleno del Comité Central del PCTE
18 de abril de 2026
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La coyuntura internacional inmediata viene determinada por la guerra desatada a finales de febrero con la agresión de EEUU e Israel contra Irán y su rápida “regionalización”, que ha implicado ataques y represalias más allá del territorio iraní, así como una disputa central por el control efectivo del tránsito energético y mercantil a través del estrecho de Ormuz.
El alto el fuego anunciado como “tregua provisional” de dos semanas ha producido un alivio parcial en mercados y transporte marítimo, pero no constituye una desescalada estable: persisten ambigüedades (condiciones de paso por Ormuz, controles militares, riesgos de incidentes y continuidad de operaciones en el Líbano) y, por tanto, cabe la posibilidad de un recrudecimiento del conflicto y de sus consecuencias en los próximos meses.
El impacto macroeconómico ha sido principalmente energético e inflacionario, los cálculos y las previsiones de los organismos gubernamentales se han ido al traste y se comienzan a adoptar medidas para tratar de amortiguar el efecto de este impacto, con las mismas herramientas que en momentos anteriores. Este nuevo incremento del coste de la vida implica un paso más en el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la clase, pero existe el riesgo real de que se difuminen las responsabilidades al existir una campaña propagandística destinada a separar las consecuencias de la guerra imperialista y de la dinámica capitalista de las condiciones de vida que padece la mayoría obrera y popular.
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1) Agudización de las contradicciones interimperialistas e impacto económico mundial
El asunto fundamental de este período en materia internacional ha sido el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado a finales de febrero y que en el momento en que se celebra este Pleno parece haber entrado en un período de alto el fuego temporal y en una negociación entre Irán y EEUU en Pakistán.
En el II Pleno analizábamos la posibilidad de que esto ocurriera y en el informe de entonces se situaban los ejes centrales para nuestro trabajo político ante las agresiones imperialistas como la que está desarrollándose.
La última escalada en Oriente Medio atiende a dos razones principalmente: por parte de Israel, liquidar a la principal potencia regional opositora y ampliar su zona de control para la expansión territorial a las zonas limítrofes (Líbano, Cisjordania). Por parte de EEUU, disputar el control del estrecho de Ormuz, que buscaría afectar especialmente a una parte importante del suministro petrolero de China. La respuesta iraní, que ha sido regionalizar el conflicto al atacar objetivos en países de su entorno, tradicionalmente aliados de EEUU, ha tenido éxito al implicar al vecindario en la búsqueda de soluciones, pero también genera nuevas tensiones y peligros de cara al futuro.
El recientemente anunciado acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos para negociar en Pakistán una salida es sumamente frágil y no existen garantías reales de que vaya a terminar con los ataques. La evolución de los acontecimientos hasta el momento de celebración del III Pleno será comentada en su momento, pero todo apunta a que las posibilidades de acuerdo vienen determinadas por la prisa que EEUU pueda tener en desvincularse de una operación militar muy costosa en términos económicos y militares y escasamente exitosa en todos los terrenos. Hasta el momento, puede afirmarse que EEUU sale de estas semanas de ataques con menos aliados o, al menos, con un empeoramiento de sus relaciones con aliados tradicionales como los europeos, con el desarrollo de una oposición interna que amenaza con impulsar un nuevo procedimiento de destitución del presidente y con ninguno de los objetivos político-militares alegados conseguidos hasta el momento.
En cambio, quien por ahora sí está avanzando en sus objetivos político-militares es Israel, que en estos casi dos meses ha ampliado sus posiciones en el sur del Líbano y ha ocupado la franja que va desde el río Litani hasta la llamada “línea azul”, que ejerce como frontera entre ambos países. Nuevamente, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, Israel lleva a cabo sus planes expansionistas sin ningún tipo de contrapeso internacional, ni de Occidente ni de Oriente, mientras son los pueblos de la región los que sufren las consecuencias más brutales de esta agresividad tolerada. El reciente anuncio de la apertura de conversaciones entre ambos gobiernos, al tiempo que se producen los bombardeos israelíes más brutales de los últimos años contra territorio libanés o que se analizan los resultados prácticos de acuerdos anteriores, no permiten albergar grandes esperanzas de que la masacre de los pueblos vecinos vaya a detenerse por el momento. De hecho, el enfoque casi existencial de la política de vecindad israelí sólo permite paz con sometimiento y expansión territorial, lo que implica que la amenaza para la estabilidad en la región continuará y que las agresiones contra Irán o Líbano podrán entrar en fases de menor intensidad, pero no van a detenerse.
Los bombardeos contra Irán y la ocupación del Líbano se producen, además, en un contexto caliente en la región, al coincidir en el tiempo con los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán, que han celebrado conversaciones auspiciadas por China para rebajar las tensiones, pero que todavía no se pueden dar por cerradas completamente.
No podemos olvidar que estamos hablando de una parte del mundo que es el flanco sur de la zona de influencia inmediata rusa y el flanco occidental de la zona de influencia inmediata china, y vecina también de India, que mantiene una confrontación histórica tanto con China como con Pakistán y tiene importantes aspiraciones como potencia, así como crecientes lazos con Israel. No se trata, por tanto, únicamente de la constatación de la inestabilidad de la zona, sino de la confirmación del incremento de los conflictos de tipo militar en el vecindario inmediato de grandes potencias nucleares, con los riesgos que ello supone. Además, confirma nuevamente nuestra tesis de que las alianzas entre potencias no son estables ni homogéneas. Que India se incluya en el grupo “BRICS” no quiere decir que tenga los mismos intereses que otras potencias de ese grupo. El peligro de una confrontación abierta y directa entre distintas potencias, incluso de una guerra generalizada, nunca había sido tan cercano en el último medio siglo.
El ataque contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha tenido efectos importantes en la economía y el comercio mundiales, al impactar inmediatamente en los mercados energéticos y en una ruta comercial estratégica, lo que ha tenido también un efecto de volatilidad financiera que ha elevado los tipos de interés.
El carácter estratégico del estrecho es evidente. En 2024, el flujo de petróleo por Ormuz fue de unos 20 millones de barriles al día, lo que supone aproximadamente el 20% del consumo mundial, y además alrededor de una quinta parte del comercio global de GNL transitó por esa vía, para la que existen alternativas por tierra pero que son incapaces de cubrir el volumen total. Esto implica que cualquier desestabilización en la zona se convierta, de forma inmediata, en un mecanismo que dispara la inflación mundial, al crecer los costes de transporte, las primas de riesgo y los precios de la energía en general.
Uno de los más inmediatos y notables fue la subida meteórica del precio del petróleo. A lo largo de estas semanas ha habido episodios de encarecimiento del barril de crudo hasta los 150 dólares, más del doble del precio anterior al inicio de los ataques. La reacción bursátil al anuncio del alto el fuego, con subidas generalizadas, caída brusca de los precios de petróleo y gas, viene a confirmar que la volatilidad y la inestabilidad seguirán mientras la tregua sea frágil o incompleta.
Una de las consecuencias de esta situación es el crecimiento de la inflación en todo el mundo, que tiene efectos concretos y medibles en las condiciones de vida de la clase obrera. No es exagerado decir que la clase obrera de todo el mundo paga los costes de la guerra imperialista, y no sólo en términos de víctimas.
Eurostat estima para marzo de 2026 una inflación interanual del 2,5% en la eurozona, con un giro brusco del componente energético (del -3,1% en febrero al 4,9% en marzo), que se produce en un contexto de debilitamiento de la actividad económica. Las previsiones del BCE para 2026 sitúan la tasa en el 2,6% con un crecimiento del PIB del 0,9%, pero en los peores escenarios, la previsión de inflación alcanza hasta el 4,4% en 2026. En el caso español, las previsiones actuales están en el 2,7%, pero igualmente podrían incrementarse a lo largo del año. Todo esto además en un contexto en el que se comprueba la imposibilidad de recuperación de los niveles de crecimiento del PIB prepandemia (y han pasado ya seis años).
Esta situación permite extraer dos ideas clave. En primer lugar, la clase obrera paga doblemente las consecuencias de la guerra: a través del encarecimiento inmediato de los precios y a través del previsible endurecimiento monetario si se aprueban nuevas subidas oficiales de los tipos de interés. En segundo lugar, si el estrecho de Ormuz pasa a una situación de control militar, se normaliza una economía de guerra que permite no solamente beneficios y márgenes extraordinarios para ciertos sectores capitalistas, sino también un empeoramiento de la situación de la clase obrera en todo el mundo.
A partir de ahí, nos interesan dos elementos concretos. A un nivel más profundo y estratégico, resulta significativo ver que, año tras año después de 2020, se han producido distintos fenómenos que han tirado por tierra todas las previsiones de crecimiento. A un nivel más inmediato, la constatación de la sistemática pérdida de poder adquisitivo de la mayoría obrera y popular, que contrasta – y en el caso del IBEX-35 se ve muy claro – con la repetición de beneficios históricos año tras año por parte de los principales monopolios.
La inflación no crece únicamente por la coyuntura económica, sino también por la ampliación de márgenes que realizan los principales grupos monopolistas. Esto tiene efectos en múltiples aspectos de la vida de la clase obrera, porque el “no llegar a fin de mes”, traducido en la necesidad de endeudarse para afrontar gastos cotidianos o en la necesidad de recurrir al pluriempleo, en el fondo implica un incremento de la tasa de explotación que es compatible con medidas como la reducción de la jornada laboral o incluso con la “estabilidad en el empleo”.
Este punto es importante, dado que es un aspecto central de la política económica de los gobiernos y un eje de disputa sindical y político. La reducción de la jornada solamente reduce la tasa de explotación si se produce sin merma de salario, pero no lo hace si esa reducción implica también reducción de salario, o si lleva aparejado un incremento de la intensidad del trabajo. La “estabilidad en el empleo” de la que presume el gobierno español, por otra parte, se deriva básicamente de un crecimiento estadístico en la contratación indefinida. Conviene recordar que la tasa de explotación no viene definida por el tipo de relación laboral, sino por la relación entre la plusvalía y el salario. En ambos casos, si una parte cada vez mayor del salario se la come la inflación, al tiempo que crecen los márgenes de las empresas, resulta evidente que hay un incremento en la tasa de explotación.
De ahí, por una parte, se desprende la importancia de las luchas por el salario. Por otra, está la cuestión de la vinculación entre carestía y guerra que ya se sitúa en la orientación general de la campaña del 1º de Mayo que se remitió a las células hace pocos días.
A este contexto internacional de creciente confrontación entre bloques y de inestabilidad se suma un elemento relevante en el propio seno de la UE: la evolución política en Hungría tras la reciente victoria de Péter Magyar. Este hecho no puede interpretarse únicamente en clave interna, sino como expresión concreta de la pugna entre intereses pro-rusos y pro-UE en el continente.
Durante los últimos años, el gobierno de Viktor Orbán ha actuado como uno de los principales vectores de debilitamiento del polo imperialista europeo, combinando una política exterior ambivalente con bloqueos sistemáticos a determinadas iniciativas comunitarias, especialmente en materia energética y de sanciones contra Rusia. La emergencia de Magyar y su capacidad para canalizar un descontento social creciente abre un escenario de reconfiguración en el que sectores de la burguesía húngara y capas sociales urbanas parecen apostar por un mayor alineamiento con las estructuras de la Unión Europea.
Este giro potencial debe entenderse en relación directa con los procesos descritos anteriormente. La crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio, junto con la guerra en Ucrania y la disputa por los suministros estratégicos, ha intensificado la presión sobre los Estados europeos para definirse con mayor claridad en el tablero internacional. Hungría, que hasta ahora había jugado un papel de bisagra entre bloques, podría estar entrando en una fase de redefinición de su posición.
Sin embargo, conviene no sobredimensionar el alcance inmediato de este cambio. La estructura económica húngara mantiene importantes vínculos con capitales rusos, especialmente en el ámbito energético, y la propia Unión Europea atraviesa contradicciones profundas entre sus Estados miembros.
Este episodio confirma nuevamente que la Unión Europea no constituye un bloque homogéneo, sino un espacio atravesado por tensiones entre fracciones de clase y orientaciones geopolíticas divergentes, en las que es relevante el alejamiento de la tradicional alianza con EEUU. La pugna entre alineamiento atlántico-europeo y posiciones más cercanas a Rusia no es exclusiva de Hungría, aunque allí se manifieste de forma especialmente nítida.
Tampoco en este apartado debemos dejar pasar la oportunidad de hablar sobre la situación en Cuba y en Venezuela. En el primer caso, la agresividad de los Estados Unidos, cuyas causas analizamos en el anterior informe, se multiplicó durante el mes de febrero, inmediatamente después de lo ocurrido en Venezuela, pero más recientemente el foco ha pasado a Irán y parece que la presión contra Cuba ha pasado a otro plano, también por el desarrollo de contactos discretos entre los gobiernos cubano y estadounidense. Seguimos con atención el desarrollo de los acontecimientos para continuar expresando nuestra solidaridad internacionalista con la Revolución Cubana, cuyo principal problema sigue siendo el bloqueo, agravado por la pérdida de Venezuela como aliada fundamental tras el secuestro de Maduro por los EEUU en enero.
En el caso venezolano, parece que las peores sospechas se han ido confirmando. En los meses transcurridos desde la operación de EEUU en Caracas, se han ido sucediendo los anuncios que confirman que la táctica de EEUU hacia el país pasa por el reforzamiento de la figura de Delcy Rodríguez a cambio de la apertura de los recursos petroleros a las empresas norteamericanas, permitiendo al PSUV mantener cierta retórica “revolucionaria” que pretende impedir la constatación de que una buena parte de la dirigencia venezolana ha aceptado la intervención de facto norteamericana. A pesar de la retórica, es evidente que no hay sectores dentro del PSUV que vayan a confrontar con la actual situación, lo que debería llamar a la reflexión de todos aquellos sectores que acusaban al PCV de “traidor” por criticar la política gubernamental. En este contexto, la confirmación de la suspensión, por parte de la JSUV, de la organización del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que iba a celebrarse en Caracas en verano, es una buena muestra de las prioridades de los responsables del nuevo protectorado venezolano.
2) España, efectos económicos y respuesta estatal
El indicador adelantado del INE sitúa la inflación interanual de marzo de 2026 en el 3,3%, un aumento de un punto respecto a febrero. A la vez, el euríbor a un año -principal referencia de hipotecas variables en España- sube en marzo al 2,565% desde 2,221% en febrero, según el Banco de España.
La negociación colectiva muestra una brecha entre salarios pactados y riesgo inflacionario: hasta 28 de febrero de 2026, la variación salarial pactada media con efectos en 2026 se sitúa en torno al 2,91% según informes basados en estadísticas del Ministerio, cifra cercana pero inferior al IPC adelantado de marzo (3,3%). Esta brecha es relevante: los salarios siguen por debajo de los precios y la clase sigue perdiendo poder adquisitivo constantemente.
El Gobierno ha articulado su respuesta mediante el “Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio”, publicado a finales de marzo, que moviliza 5.000 millones de euros y que combina descuentos en impuestos sobre la energía, ayudas directas a empresas de sectores como el transporte, la pesca o la agricultura y ganadería – argumentadas sobre la base de querer evitar que se encarezcan los productos básicos – y algunas medidas de maquillaje “social” a través del mantenimiento de descuentos en el bono social eléctrico, la prohibición de cortes de suministro a hogares vulnerables o la limitación de despidos ETOP o por fuerza mayor relacionados con la situación generada por la guerra hasta el 30 de junio de 2026.
La dinámica del Gobierno es similar a la de crisis anteriores: se socializan los costes a través de los presupuestos o de rebajas impositivas sin alterar los mecanismos de fijación de precios y sin tocar los ingentes beneficios de los capitalistas, precisamente en sectores como banca o energía.
La elaboración política y argumentativa de nuestro Partido sobre este tipo de medidas que se presentan, al menos en parte, como continuación del llamado escudo social, está muy asentada y no debemos dejarla de lado.
Es necesario que sigamos insistiendo en los elementos centrales de explicación de por qué estas medidas van encaminadas fundamentalmente a la sostenibilidad de las empresas y al mantenimiento de los beneficios empresariales. Al mismo tiempo, hay que dedicar una parte de nuestro trabajo político-ideológico al ataque a las posiciones que presentan los fenómenos vinculados con las subidas de precios a la “avaricia empresarial”, planteando una especie de juicio moral ante determinadas consecuencias de la dinámica capitalista que legitima que se presentan como disfunciones y no como elementos constitutivos de la propia gestión capitalista. También hay que atacar otras tendencias que surgen en momentos de crisis, como las que promueven el llamado “decrecimiento”.
En el contexto que hemos perfilado, la coyuntura institucional española se ve atravesada por dos tensiones: una relacionada con la gestión del coste de la guerra (energía, inflación y alianzas militares), y otra con la recomposición del campo político a la izquierda del PSOE, a la vez que nos mantenemos a la espera de conocer cómo se concreta la alianza de gobierno entre PP y VOX en las CCAA donde ha habido elecciones autonómicas en los pasados meses.
Merece atención el papel adoptado por Pedro Sánchez en relación con la guerra de Irán. Y merece también mencionarse una frase de la resolución política del último Congreso del PSOE, que dice que: “el PSOE y su secretario general se han convertido en el gran faro de la socialdemocracia con hitos como la presidencia de la Internacional Socialista”.
La oposición declarada de Sánchez a la guerra en Irán, junto con la negativa a la utilización de las bases de Rota y Morón a los EEUU para estos ataques no atiende a una sola razón, sino que combina distintos elementos. Hay razones geoeconómicas, la manifiesta voluntad de situarse como representante internacional de las posiciones contrarias a las políticas de Trump (que no de EEUU en general) y la apuesta por un desarrollo de las estructuras imperialistas europeas. Todo ello relacionado con el contexto político español, donde el PSOE es consciente del rechazo social a las guerras, cierto antiamericanismo todavía vivo, el temor al crecimiento de la extrema derecha, que se referencia precisamente en Trump, y los malos augurios demoscópicos de cara a las próximas elecciones generales.
La posición que ha decidido adoptar Sánchez le ha referenciado ante ciertos sectores tanto en España como a nivel internacional, fundamentalmente por tratarse de un dirigente occidental perteneciente a un país aliado de los EEUU. El ejemplo de la reciente “cumbre progresista” celebrada en Barcelona sirve para visualizar cuál es el posicionamiento que Sánchez quiere expresar de cara al mundo.
Pero hemos de insistir en que, detrás de esta posición, no están enfoques de defensa de la paz en el sentido que nosotros la entendemos, sino de reconfiguración de las alianzas y de respuesta fundamentalmente a la política exterior de Trump. Ahí se enmarca específicamente el reciente viaje de Sánchez a China, que tiene mucho que ver con la reformulación de las alianzas internacionales de los sectores que aspiran a una autonomía estratégica de la Unión Europea.
Sánchez y el PSOE no están en contra de la guerra imperialista, sino de esta guerra imperialista. Dudamos seriamente que la misma postura hubiese sido adoptada en el caso de que la guerra hubiera sido desatada por una administración encabezada por Kamala Harris. Pero el papel de “campeón por el cambio global” que algunos le están adjudicando tiene indudables efectos en la opinión pública española y está ayudando a que el PSOE mejore posiciones en las encuestas, sin duda ayudado por la situación de cierta crisis interna que vive VOX, el papel irrelevante y casi sumiso a EEUU e Israel que el PP está adoptando en materia internacional y por el retraso en la composición de gobiernos autonómicos.
Todo el panorama político-institucional español lleva tiempo en clave de posicionamiento ante las próximas elecciones generales. A la espera del resultado de Andalucía, las autonómicas celebradas hasta ahora en Extremadura, Aragón y Castilla y León han arrojado el mismo resultado a grandes rasgos: una bajada del PSOE y un fortalecimiento del eje PP-VOX, así como un debilitamiento de las fuerzas de la nueva socialdemocracia cuando concurren por separado. Este escenario es el que determina las acciones y actitudes de las distintas fuerzas políticas en este momento: el PP aspira a incorporar a VOX a sus gobiernos para desgastarlo y tratar de topar su crecimiento, presentándose además como alternativa real de gobierno estatal, el PSOE trata de contener la bajada de apoyos a través de medidas, propuestas y posicionamientos que apelen a sectores que tradicionalmente no les han votado y la nueva socialdemocracia sigue ensayando mecanismos que les permitan evitar la desaparición y recuperar cierto espacio electoral.
En este sentido, un aspecto que parece reivindicarse en estos momentos es la de las estructuras políticas organizadas, estables y apegadas a la realidad concreta, frente a los proyectos de carácter mediático o personalista esencialmente centradas en lo electoral. Aunque esta constatación no es nueva, sí es quizás más evidente a la vista del recorrido que están teniendo las distintas organizaciones y estructuras “a la izquierda del PSOE”.
3) La situación de la lucha obrera y sindical
Lo anterior cobra especial importancia cuando observamos la situación de la conflictividad laboral en nuestro país y las posibilidades de trabajo que se nos presentan.
Continúa la conflictividad empresarial y sectorial. Entre 2024 y 2025, con los últimos datos disponibles (que no abarcan la totalidad de 2025), se comprueba un ligero incremento en la participación en huelgas, centradas muy señaladamente en temáticas específicas de las empresas o sectores (convenios, ERTEs, EREs y amenazas de cierre).
El sector público tiene un fuerte peso en participantes y jornadas, donde se han juntado diversas movilizaciones autonómicas en el sector de la educación y también las huelgas del sector sanitario, pero también en otros ámbitos como el transporte, contándose como aspectos comunes que las plantillas enfrentan al mismo recortes, sobrecarga y deterioro salarial real.
En las últimas semanas se han publicado análisis partidarios sobre algunas de estas movilizaciones sectoriales: docentes en Cantabria, huelga de Renfe, educación en Cataluña o movilizaciones en el sector sanitario, que son de necesaria lectura para toda la militancia, pero de las que aquí queremos destacar algunos elementos comunes:
- El carácter de las huelgas como instrumentos de lucha dirigidos a incrementar la fuerza organizada de la clase, alejándonos de formatos ritualistas o de cara a la galería que se convocan casi formalmente. También entendidas como condición de posibilidad para avances parciales siempre y cuando tengan un alto componente de unidad de las plantillas y sectores afectados y se alejen del corporativismo que muchas veces afecta a la lucha en determinados sectores como la educación o la sanidad.
- Las limitaciones que presentan los modelos de acción sindical basados en la negociación cupular y la minusvaloración de la presencia en los centros de trabajo, que son fruto de un modelo de “concertación social” que, salvo excepciones, terminan priorizando el objetivo de conseguir acuerdos, muchas veces exigidos en función de qué fuerza política esté en los gobiernos, y no el fortalecimiento de la lucha obrera.
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Corresponde, por último, realizar en este informe un comentario sobre la huelga convocada en Euskadi y Navarra el 17 de marzo para exigir el establecimiento de un SMI propio. Los camaradas de Euskadi ya han emitido un comunicado, que compartimos, pero es positivo que insistamos en que esa reivindicación va vinculada a otras consignas que ya conocemos, como la del “marco propio de relaciones laborales”, y a las que nos oponemos frontalmente porque implican un engaño a la clase obrera de todos los territorios.
La actual normativa laboral no impide la consecución de acuerdos superiores al SMI a nivel empresarial, provincial o autonómico, ni tampoco existe ninguna limitación legal al establecimiento de salarios mínimos territoriales en el marco de la negociación colectiva. La implantación formal de un SMI distinto por territorios es otra cosa. Entre otras, es una vieja aspiración de la patronal, encaminada a la desaparición del propio concepto de salario mínimo interprofesional y a abrir la puerta a una negociación a la baja de las condiciones salariales en todos los lugares y sectores posibles.
En este sentido, consideramos que fragmentar el mínimo salarial en función del territorio no fortalece la capacidad de negociación de la clase, sino que la debilita en su conjunto, al introducir divisiones artificiales entre trabajadores que comparten intereses comunes. La unidad clasista no es una consigna abstracta, sino una condición material para poder enfrentar con eficacia a una patronal que sí actúa de manera coordinada y con objetivos estratégicos definidos, aunque lo quiera ocultar.
Asimismo, conviene señalar que este tipo de planteamientos desplazan el eje del conflicto desde la contradicción fundamental entre capital y trabajo hacia un terreno identitario que beneficia a quienes pretenden diluir las reivindicaciones de clase en marcos parciales y limitados. La experiencia demuestra que, lejos de suponer avances reales, estas dinámicas acaban agravando las desigualdades entre territorios y consolidando un escenario de competencia a la baja en derechos laborales.
Por todo ello, nuestra posición debe ser firme: la defensa de un salario mínimo digno y suficiente para el conjunto de la clase obrera, independientemente de su lugar de residencia, así como el fortalecimiento de la movilización en clave clasista y el rechazo a la concepción del pacto social, como herramienta para garantizar condiciones mejores, homogéneas y que eviten la fragmentación.
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