El pasado 26 de enero, el ministerio de Sanidad y los sindicatos del ámbito de negociación (CCOO, UGT, CSIF y SATSE) anunciaron el acuerdo para un nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud tras varios años de negociación. Se trata de una medida que afecta a más de 700.000 trabajadores, que ha sido muy discutida en los centros de trabajo y que, además, generó la convocatoria de una huelga indefinida del colectivo médico por primera vez desde hace 30 años.
Si realizamos una comparativa con la norma actualmente vigente, aprobada en 2003, el anteproyecto de Estatuto Marco (EM) supone una serie de tímidos avances, fundamentalmente en materia de jornada laboral y descansos, lo cual, no obstante, tiene importantes matices. En concreto, establece un límite semanal de jornada de 45 horas, una limitación máxima de 17 horas a las guardias, y amplía el descanso previo a estas, al no poder exceder el cómputo total de jornada ordinaria y complementaria esas 17 horas. No obstante, el propio texto mantiene la posibilidad de ampliar la duración de las guardias hasta 24 horas, así como de superar la jornada semanal, en determinados “supuestos excepcionales”.
Otras de las medidas esenciales es el nuevo sistema de clasificación profesional, en torno al cual se ha centrado una parte importante de la acción sindical. El sistema aprobado, sobre el papel, mejora la condición de determinadas categorías, como es el caso de las enfermeras especialistas, pero deja en duda cuál será la implicación real para categorías como los facultativos con especialidad de menos de 4 años de duración, cuya categoría se englobaba junto a aquellos con especialidad de 4 años o más de duración y con la propuesta actual estarían en una categoría inferior junto a las enfermeras especialistas. Plantea por tanto la consiguiente duda si esto supondrá un detrimento en sus retribuciones salariales.
A pesar de lo expuesto, como viene siendo habitual, esta medida ha sido publicitada por el propio ministerio y los sindicatos del ámbito de negociación como un avance de enormes dimensiones. Nada más lejos de la realidad: se trata de modificaciones limitadas, con un impacto práctico reducido y que, en lo fundamental, mantienen intactas muchas de las malas condiciones laborales existentes en el sector. En definitiva, vuelve a evidenciarse el estrecho margen de actuación de la socialdemocracia y el grado de subordinación de las direcciones de los principales sindicatos, en una operación que ha perseguido principalmente reforzar la imagen del propio Gobierno, y en particular del proyecto de SUMAR, tratando de presentarlo como un proyecto útil más allá de su papel como apoyo parlamentario del PSOE.
Las respuestas sindicales al anteproyecto han sido fundamentalmente dos hasta el momento. Por un lado, las grandes centrales sindicales han respaldado el texto presentado por el Ministerio, avalándolo con su firma y presentándolo tanto interna como externamente como un buen avance. Sin embargo, estas mismas organizaciones reconocían recientemente haber defendido inicialmente propuestas más ambiciosas, como la limitación de las guardias a 12 horas, que finalmente abandonaron en el curso de la negociación, adaptándose a los márgenes fijados por el propio Ministerio. El PCTE considera que, si bien la negociación y la toma de compromisos puntuales es una parte consustancial y legítima de la acción sindical, esta no debe orientarse hacia una lógica de pacto social que desplace el protagonismo de la clase trabajadora, menos todavía si esto se hace para plegar sus intereses ante los de cualquier gobierno en virtud de las necesidades del pacto social. La negociación y la presión deben contribuir a reforzar la organización, la participación y el nivel de conciencia y cohesión de la clase, y esta negociación ha sido lo contrario, consistiendo en una discusión entre cúpulas, con notable ausencia de asambleas con el conjunto de trabajadores en todo el Estado, que de hecho ha contribuido a consolidar ese enfoque corporativista y divisorio del conflicto.
Por otro lado, la respuesta de sindicalismo corporativista médico que, aunque presente en el ámbito de negociación a través de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), optó por la convocatoria de sucesivas huelgas, recogiendo el malestar del colectivo médico y facultativo en torno a la problemática de las guardias y encauzándolo hacia la reivindicación de un EM propio. Esto es, una norma separada del resto de trabajadores del SNS que permitiría un ámbito de negociación en el que estos sindicatos contarían con una mayor y mejor correlación de fuerzas, habiendo permitido además la apertura de una negociación propia durante este proceso entre el Comité de Huelga y el ministerio al margen del ámbito de negociación. Una reivindicación apoyada en las características singulares del colectivo médico, que sienta un precedente peligroso al pedir directamente la división jurídica de la clase trabajadora del sector con criterios profesionales. Todo ello con argumentos muchas veces no exentos de cierto elitismo, al fundamentar la lucha por los derechos laborales en criterios de cualificación, estatus o responsabilidad, que establecen niveles divisorios con otros compañeros del sector, y no en criterios de pertenencia a la misma clase; y en todo caso desde discursos y métodos de acción muy alejados del sindicalismo unitario de clase. Unas reivindicaciones que, ante la ausencia de mayor enfoque político que el inmediato interés económico de una profesión, han llegado a ser públicamente apoyadas por PP y VOX en clave de desgaste al gobierno. Ante este hecho, también es digno de señalar que, con el gobierno actual de 11 autonomías, el PP tiene en su mano la limitación de la duración de las guardias en estas comunidades, cuestión que ni ha llevado a cabo ni ha mostrado indicios de hacerlo.
En definitiva, el conflicto en torno al EM pretende situar a la plantilla del SNS, y más concretamente a los/as médicos/as y facultativos/as, en una falsa disyuntiva: el apoyo al anteproyecto de EM o el apoyo los sindicatos médicos corporativos. El corporativismo, con fuerte implantación en el sector, y no solo en el colectivo médico, pretende ahondar en la división de la plantilla en torno a reivindicaciones económicas de las diferentes categorías. El resto de sindicatos están inmersos en unas dinámicas de plena subordinación al gobierno socialdemócrata en todos los ámbitos; y por el momento tampoco han dado facilidades para superar el enfoque corporativista que las luchas en este sector vienen adoptando de manera cada vez más clara y preocupante.
Frente a esto, reafirmamos la necesidad de la trabajar en pos de la unidad de clase en el sector sanitario, una unidad que redunde en un sindicalismo de clase, independiente, combativo y de carácter democrático. Sólo así, la lucha del sector sanitario resultará en un avance de posiciones, independiente de la agenda socialdemócrata, superadora de toda división entre la clase.