Se cierra un curso educativo que ha sido marco de la reactivación de la protesta en la enseñanza pública aragonesa tras años de desmovilización y retroceso de la conflictividad laboral en el sector educativo. La recuperación de la huelga como herramienta de lucha, convocada en febrero y en mayo, supone un paso adelante que merece ser destacado. Más aún cuando la convocatoria, celebrada en mayo, consiguió la unidad de todas las organizaciones sindicales con representación en la enseñanza pública.
Los datos de seguimiento y, especialmente, la multitudinaria manifestación celebrada el 20 de mayo por la tarde, mostraron el malestar existente en el sector. Miles de docentes, junto a familias y estudiantes, expresaron su rechazo a las políticas educativas del Gobierno de Aragón y a las deficiencias del sistema educativo. Entre las reivindicaciones que lograron una mayor capacidad de movilización destacó la oposición a la ampliación de los conciertos educativos en Bachillerato, una medida que profundiza la transferencia de recursos públicos hacia manos privadas y que supone un nuevo paso en el deterioro planificado de la enseñanza pública.
Concertación y privatización en la enseñanza pública aragonesa
Las movilizaciones de este curso se han producido en un contexto de creciente degradación de la educación pública aragonesa, en buena parte planificado y amparado por las instituciones públicas. Durante años, distintos gobiernos han impulsado políticas que, bajo el lenguaje de la libertad de elección o de la eficiencia, han favorecido procesos de privatización y concertación de la enseñanza.
Lejos de ser una mala decisión arbitraria de la administración o de un partido político concreto, estos procesos vienen favorecidos o impulsados por el propio papel de la enseñanza en el sistema capitalista:
- La tendencia a la mercantilización de la educación. Como ocurre con otros ámbitos de la vida social, el capitalismo tiende a convertir progresivamente en mercancía todo tipo de actividades y servicios. La educación no escapa a esta dinámica. La concertación y la privatización permiten precisamente abrir nuevos espacios de negocio financiados con dinero público.
- La profundización de la segregación y la reproducción de las desigualdades sociales. Al mismo tiempo, la enseñanza desempeña un papel fundamental en la reproducción de las relaciones sociales existentes. Aunque la escuela pública constituye una conquista histórica de la clase trabajadora y un espacio imprescindible para el acceso universal al conocimiento, bajo el capitalismo también está sometida a la presión de reproducir las desigualdades sobre las que descansa el propio sistema. La expansión de la enseñanza concertada contribuye a este proceso mediante la segregación del alumnado según criterios económicos, culturales y sociales. Mientras una parte de las familias dispone de mayores recursos para elegir determinados centros, la red pública termina por concentrar crecientemente los sectores más vulnerables de la población. La concertación no es únicamente una transferencia de recursos públicos a intereses privados; es también un mecanismo que contribuye a perpetuar la división de clase.
De esta manera, la concertación y la privatización de diferentes niveles y servicios educativos son una tendencia subyacente que no depende únicamente de la esfera parlamentaria. De hecho, y es importante recordarlo en medio del ruido parlamentario, el PP no es el único partido que ha favorecido estas políticas. Nada más lejos de la realidad: a nivel estatal, el PSOE de González fue quien impulsó y aprobó, ya desde los inicios del entramado legal educativo, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), que sienta las bases del sistema de conciertos en España; y, saltando otras reformas para llegar a la legislación vigente, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos eludió la posibilidad de eliminar los conciertos con la vigente LOMLOE, e impulsó profundamente la privatización de la FP.
Por otro lado, centrándonos en las políticas de Aragón, la extensión de la concertación a etapas no obligatorias tampoco es una novedad introducida por el actual Gobierno del PP. Ya en 2002, el Ejecutivo PSOE-PAR impulsó la financiación pública del segundo ciclo de Educación Infantil en centros privados. Además, la concertación del Bachillerato no es completamente nueva, pues en los últimos años de gobierno del PSOE, el Gobierno de Aragón autorizó la concertación de más de 40 aulas de Bachillerato.
Por ello, la lucha contra la concertación no puede limitarse a oponerse a una medida concreta o a un gobierno determinado. Se trata de defender un modelo educativo verdaderamente público y al servicio de la mayoría social frente a una dinámica de privatización y segregación impulsada durante décadas por diferentes gestores del sistema.
Aprendizajes de este ciclo de luchas. Notas para un nuevo curso
La activación de la movilización durante este curso ha sido muy positiva, pero también ha padecido una serie de limitaciones que es importante tener en cuenta para que el próximo curso la lucha sea fructífera en conquistas parciales y acumulación de fuerzas. La principal debilidad de esta primera fase del proceso no reside en la disposición a luchar mostrada por amplios sectores del profesorado y de la comunidad educativa, sino en las insuficiencias organizativas y estratégicas que siguen existiendo en diferentes niveles del movimiento obrero y sindical en el sector. Hasta el momento, las movilizaciones no se han acompañado suficientemente ni de 1) una organización que tenga sus raíces en los propios centros de trabajo, a través de asambleas, ni 2) un programa de acción sostenido por parte de las organizaciones sindicales, claramente definido y capaz de dar continuidad a la energía demostrada en las jornadas de huelga.
La primera de estas limitaciones tiene que ver con la escasa implantación de estructuras organizativas estables en los centros educativos. Aunque durante el conflicto surgieron o se reactivaron asambleas en algunos centros, estas continúan siendo una realidad todavía insuficiente. Sin espacios permanentes donde debatir colectivamente, evaluar la evolución del conflicto, transmitir información y tomar decisiones, resulta difícil convertir la disposición a movilizarse en una fuerza organizada y sostenida en el tiempo.
Esta falta de red organizativa se apreció claramente en las movilizaciones: trabajadores, estudiantes y familias acudieron en masa, pero dispersos, sin preparar su participación en su centro de trabajo o estudios, sin haber debatido ni organizado nada con compañeros, sin tener claros los objetivos de las movilizaciones ni qué hoja de ruta puede seguirse a partir del día siguiente. La experiencia de estos meses ha demostrado, precisamente, la importancia de estas herramientas. Allí donde existieron asambleas activas, fue más sencillo implicar a las plantillas, coordinar iniciativas, explicar las reivindicaciones y mantener viva la discusión entre movilización y movilización. El reto para el próximo curso no consiste únicamente en convocar nuevas protestas, sino en consolidar estas experiencias, estabilizarlas y convertirlas en espacios permanentes de organización capaces de situar a los trabajadores y trabajadoras en el centro de las decisiones que afectan a sus condiciones laborales y a la defensa de la educación pública.
La segunda limitación se encuentra en el terreno de la estrategia sindical. A pesar de la amplitud de las protestas, no ha llegado a consolidarse una relación clara entre la movilización desarrollada en los centros y el ritmo de las negociaciones mantenidas con la administración. Esta situación refleja un problema más profundo. Durante décadas se ha consolidado una concepción del sindicalismo excesivamente subordinada a dinámicas institucionales y parlamentarias, en ocasiones demasiado pendiente de los ritmos y necesidades de determinados espacios políticos ajenos al propio movimiento obrero. Como consecuencia, la movilización tiende a concebirse como un instrumento de presión mediática puntual, auxiliar de diferentes intereses parlamentarios, y no como una herramienta de organización y acumulación de fuerzas de la clase trabajadora.
Por ello, el próximo ciclo de movilizaciones no puede entenderse como una sucesión de acciones aisladas destinadas únicamente a generar impacto mediático o influencia institucional. Su éxito dependerá de la capacidad para combinar una organización sólida en los centros de trabajo con una estrategia sindical capaz de convertir esa fuerza acumulada en objetivos concretos, avances parciales y nuevas capacidades de organización. Las huelgas de este curso no deben considerarse una experiencia cerrada, sino el punto de partida sobre el que construir un movimiento más fuerte, más consciente y mejor preparado para las luchas que vendrán.
Más allá de la resistencia. Construir oposición política
Sin embargo, las tareas que dejan estas movilizaciones no son únicamente organizativas o sindicales. El conflicto también ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer una alternativa política propia de la clase trabajadora. Las agresiones que sufre la enseñanza pública no son simples errores de gestión ni decisiones aisladas de un gobierno concreto, sino la expresión de tendencias más profundas vinculadas a la mercantilización de la educación y a la subordinación de las necesidades sociales a la lógica del mercado. Por ello, la defensa de la enseñanza pública no puede limitarse a reaccionar ante cada nuevo recorte o proceso de privatización, sino que debe ir acompañada de una crítica más amplia al modelo social que los genera.
Precisamente por eso, de la organización que se construya en los centros de trabajo debe surgir también el fortalecimiento de un proyecto político independiente de los intereses empresariales y de los estrechos márgenes de la política parlamentaria. Un proyecto comunista capaz de vincular las reivindicaciones inmediatas con una perspectiva de transformación social más profunda. Las huelgas de este curso han demostrado que existe una disposición real a luchar. El reto de los próximos años consiste en convertir esa energía no solo en resistencia frente a los ataques, sino también en una fuerza consciente capaz de disputar el rumbo de la sociedad.