Las medidas que se están adoptando por parte del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19 tienen un profundo carácter de clase. El confinamiento decretado mediante el Decreto de establecimiento del estado de alarma del pasado sábado tiene como límite la necesidad de la burguesía de mantener la producción y, con ello, la extracción de plusvalía.
Como consecuencia, gran parte de la clase obrera y el resto de trabajadores asalariados están siendo obligados a trabajar, poniendo en riesgo su salud y la de las familias obreras, para mantener las ganancias de la patronal.
Esta situación está afectando de manera desigual a los distintos sectores de la mayoría trabajadora, pero hoy han sido millones los trabajadores y trabajadoras que se han visto obligados a presentarse en su puesto de trabajo, arriesgando su salud en vehículos de transporte público abarrotados, ante la posibilidad de adopción de sanciones contra ellos, incluidos los despidos, en caso de no presentares al trabajo.
Si el derecho a la salud es la prioridad en estos momentos, éste no puede quedar sometido a los intereses patronales.
El Decreto aprobado el pasado sábado, al no incluir ninguna medida sobre protección de la salud en los centros de trabajo, ha facilitado esta grave situación. Ni siquiera han adoptado medidas para reforzar la Inspección de Trabajo. Todo apunta a que los acuerdos que se aprobarán mañana en el Consejo de Ministros irán encaminados a facilitar la suspensión de millones de contratos de trabajo y la asunción por parte del Estado de los costes de las prestaciones por desempleo que se van a generar. Igualmente, establecerá ayudas fiscales y bonificaciones en las cotizaciones patronales a la Seguridad Social a todas las empresas del país, sin distinguir entre trabajadores autónomos y grandes monopolios.
El Consejo de Ministros tampoco ha querido establecer medidas sociales complementarias a favor de la clase obrera relativas a hipotecas, alquileres, asistencia básica alimentaria y de suministros, entre otras.
Hoy, la única forma de garantizar la protección efectiva de la salud de la clase obrera es paralizando la producción. Las imágenes de esta mañana en el Metro en Madrid, Barcelona o Bilbao, o de los Contact Center, o de los repartidores de muchas empresas hablan por sí solas. Mientras paran instituciones como las Cortes o el Consejo General del Poder Judicial, se obliga a mantener la actividad laboral en los sectores productivos.
La paralización de la producción debería haber sido adoptada el pasado sábado, estableciendo la prohibición de acudir al trabajo excepto en los sectores estratégicos. En éstos, el Decreto debería haber decidido la intervención de todas las grandes empresas, adoptando como primera medida unos servicios mínimos para garantizar los suministros, organizando a las plantillas por turnos y garantizando todas las medidas de protección de la salud.
Estamos viendo cómo miles de empresas obligan a los trabajadores y trabajadoras a utilizar sus vacaciones para no acudir a sus puestos. En otros casos, se producen despidos masivos a través EREs o de la no renovación de contratos de trabajo temporales, firmados en su mayoría en abierto fraude de ley. Ahora se comprueban los efectos de no derogar las reformas laborales, pues se afronta esta crisis con las medidas aprobadas para favorecer a la patronal durante la crisis anterior.
Por otra parte, el recurso a los ERTEs, utilizado masivamente como se hiciera en la crisis de 2008, es un arma peligrosa en manos de la patronal: independientemente de cuánto dure el estado de alarma, las empresas podrán alargar cualquier expediente de regulación alegando causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. Bastará cualquier dificultad o pretexto empresarial para mantener los contratos suspendidos o imponer nuevos ajustes. La denominada flexibilidad interna en las empresas, lejos de evitar los despidos, intensifica la dictadura empresarial en los centros de trabajo y hace retroceder el conjunto de nuestros derechos laborales.
Dado que el Gobierno renuncia a adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de la mayoría trabajadora de nuestro país, y dado que la situación es de riesgo grave e inminente para toda la población tras la aprobación del estado de alarma, son los trabajadores y trabajadoras, sus organizaciones sindicales y sus representantes legales en las empresas, quienes tienen que dar el paso en defensa de su salud. Sólo el pueblo salva al pueblo.
Ante todo esto, exigimos:
– Paralización de las actividades de todas las empresas, salvo los sectores estratégicos, por riesgo grave e inminente para la salud de las plantillas.
– Intervención de todas las empresas de sectores estratégicos, garantizando los servicios mínimos y la salud y seguridad de las plantillas afectadas.
– Paralización de todos los EREs y ERTEs en marcha.
– Adopción de medidas inmediatas como la moratoria en el pago de las hipotecas y alquileres; la aprobación de una prestación asistencial básica para familias sin ingresos o con un nivel de ingresos limitados, prohibición de cualquier corte en el suministro eléctrico, de agua o de calefacción.
– Suspensión de las obligaciones fiscales para los autónomos sin trabajadores contratados.
– Intervención de toda la sanidad privada sin compensación económica alguna.
En el caso de que no se adopten las medidas básicas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores en las empresas, garantizando el 100% del salario, llamamos a los trabajadores y trabajadoras a que utilicen las herramientas que prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a través de los delegados de personal, de los comités de empresa o de los delegados de prevención, para decidir la paralización del trabajo por riesgo grave e inminente, poniendo estos hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y adoptando las medidas de necesarias para impedir cualquier sanción que la empresa pueda plantearse.
No pagaremos esta crisis con nuestra salud ni con nuestros derechos.
Sólo el pueblo salva al pueblo.
Buró Político del PCTE
16 de marzo, 2020