Comunicados Centrales

El Gobierno se coloca definitivamente del lado de la patronal

By 18 marzo 2020 No Comments

Hace días señalamos que la lucha de clases no se detendría a causa de la crisis del Covid-19, sino todo lo contrario. Ayer, después de tener a todo el país en vilo durante dos días, favoreciendo la extensión del virus al no establecer mecanismos de protección específicos para millones de trabajadores y trabajadoras que han acudido a sus puestos de trabajo durante y después del fin de semana, con las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros y condensadas en el Real Decreto-ley 8/2020, el Gobierno ejecutaba uno de los más graves ataques contra la mayoría trabajadora de nuestro país en las últimas décadas.

A pesar de la retórica y la grandilocuencia que utilizó Pedro Sánchez en su comparecencia de ayer, las medidas de carácter social adoptadas no sólo son totalmente insuficientes para la situación de emergencia que están viviendo ya miles de familias trabajadoras, sino que además pierden todo su valor ante el brutal ataque que el Gobierno de coalición socialdemócrata ha lanzado contra los derechos laborales.

En toda la gestión de esta crisis, el Gobierno podía haber adoptado otras decisiones. En un momento de excepcionalidad como el actual podrían haberse tomado decisiones en beneficio de la mayoría obrera y popular, pero las fuerzas que integran y apoyan a la coalición gobernante han optado por una descarada defensa de los intereses de los capitalistas y de la patronal. Se comprueba una vez más que un Gobierno capitalista no puede obviar su naturaleza de clase ni en el peor de los momentos.

Las medidas aprobadas ayer suponen, según el Gobierno, la movilización del 20% del PIB español para la superación de esta crisis. En la práctica, esto significa la movilización del 20% de la riqueza de nuestro país para la protección de los intereses de los grandes capitalistas, mientras la salud y la protección de los intereses de los millones de trabajadores y trabajadoras, que son quienes precisamente crean esa riqueza con su trabajo, pasan a un segundo plano. Ante el dilema entre proteger la salud o proteger los beneficios empresariales, el Gobierno ha optado por lo segundo.

El Gobierno, ignorando la situación de quienes están en régimen de alquiler, establece algunas medidas sociales sumamente limitadas y totalmente insuficientes, con tal número de excepciones y condiciones que dejarán fuera de su alcance a miles de familias trabajadoras que sí van a necesitar ayudas. Sobre todo, dadas las trabas burocráticas establecidas y las dificultades existentes a día de hoy para realizar gestiones de cualquier tipo, lo que pueden desembocar en situaciones de ausencia total de ingresos durante un período muy superior al previsto.

Continuando la tónica del pasado sábado, el Gobierno no ha acordado la paralización inmediata de las empresas de los sectores no estratégicos. No se ha ampliado el listado de actividades suspendidas, sino que se han adoptado medidas cuyo coste recae sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, que además se encontrarán ante el dilema de acudir al puesto de trabajo, con el riesgo que ello pueda suponer para su salud, o arriesgarse a un despido, salvo que puedan acogerse a las modalidades de reducción horaria que van todas ellas acompañadas de reducción proporcional de salario.

Por otra parte, el Gobierno abre totalmente las puertas para la ejecución de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. En este caso, contando con la colaboración estrecha de las cúpulas sindicales, que vuelven a subordinar los intereses de la clase obrera a los de los capitalistas en los momentos críticos.

Al mismo tiempo, no queremos dejar pasar la ocasión de saludar y reconocer el enorme esfuerzo que, durante estos días, están realizando miles de miembros de comités de empresa y delegados y delegadas de personal, sindicales y de prevención, asesorando y defendiendo a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras y acordando la paralización de la producción allí donde las condiciones de trabajo no permiten garantizar la salud de las plantillas.

Denunciamos que, al igual que ocurrió con las modificaciones realizadas en las reformas laborales de 2010 y 2012, el proceso de abaratamiento y simplificación de los ERTEs va a mantenerse después de que se levante el estado de alarma. Las consecuencias económicas de esta crisis no van a desaparecer inmediatamente después de recuperarse la normalidad sanitaria, y muchos de los que ahora van a ser expedientes temporales de regulación, en unas semanas se transformarán en despidos colectivos.

De la misma manera que en la última crisis, se pretende que sea el Estado quien asuma las pérdidas económicas de las empresas. Esta nueva reforma laboral camuflada bajo el estado de alarma tendrá efectos masivos, afectará a millones de trabajadores y su duración temporal va a ser mucho mayor que lo que afirma el Gobierno. Durante todo ese tiempo, los trabajadores y trabajadoras afectados perderán como mínimo el 30% de sus ingresos y todo ello será a coste cero para las empresas. Nuevamente, las pérdidas son socializadas mientras los beneficios se privatizan.

Por otra parte, denunciamos que la crisis del Covid-19 se está utilizando para imponer y afinar nuevos mecanismos de explotación. El Decreto aprobado establece medidas que hubieran sido impensables hace pocos meses, como incluir una auto-evaluación de riesgos laborales entre las medidas para fomentar un teletrabajo que interesa a los capitalistas como mecanismo para debilitar aún más el carácter colectivo de las relaciones de trabajo.

Denunciamos que el decreto favorece, en su literalidad y en su espíritu, el modelo de la flexiseguridad que promueven la UE y sus miembros, continuando así la estela de las últimas reformas laborales que ha favorecido la proliferación del trabajo a demanda, los falsos autónomos y una pérdida general de derechos laborales individuales y colectivos.

También denunciamos que las medidas previstas para los trabajadores autónomos son una mínima modificación sobre la legislación ya existente. Mientras se facilitan al máximo los ERTES y se perdonan cuotas sociales a quienes explotan trabajo asalariado, los trabajadores autónomos se ven condenados, con las irrisorias medidas adoptadas, a la práctica desaparición, al no articularse medidas específicas más allá de las ya previstas en los decretos aprobados la semana pasada que permiten aplazar el pago de impuestos. El Gobierno, una vez más, quiere hacer pasar por grandes avances lo que no son más que pequeños ajustes a las leyes ya vigentes.

Ciertamente, la lucha de clases no se ha detenido con motivo de esta crisis, sino que se ha agudizado. De forma explícita, ante una situación tan grave, el Gobierno ha demostrado a todas luces qué intereses defiende y del lado de qué sectores sociales se coloca. Ante esta evidencia, que fulmina su pretendido discurso “de progreso”, apelan a la retórica de la unidad ante la crisis. Exactamente igual que hicieron los gobiernos que gestionaron la última crisis económica, pretenden acallar la crítica apelando a la razón superior de defensa de la salud de la población, cuando son ellos mismos, patronal y Gobierno, quienes han multiplicado el peligro para la salud pública con sus medidas.

Advertimos de que no existe ningún tipo de unidad posible con quienes se enriquecen a costa del trabajo de nuestra clase. Los intereses de la patronal no son los mismos que los de la mayoría trabajadora. A las puertas de una nueva crisis económica, con una creciente inestabilidad internacional a la que está contribuyendo decisivamente la pandemia del coronavirus, la asunción del discurso de la unidad interclasista, que nuevamente pretende unir el destino de los explotados al de sus explotadores, es un suicidio para las organizaciones obreras y populares.

No vamos a pagar la crisis ni con nuestra salud ni con nuestros derechos. No vamos a anteponer a nuestra salud los intereses de nuestros explotadores.
Por todo ello exigimos:

– La dimisión inmediata de la Ministra de Trabajo, como principal responsable de las medidas antiobreras aprobadas en el ámbito laboral.

– La retirada inmediata del presente decreto y todos los anteriores elaborados a raíz de la crisis del Covid-19.

– La elaboración de un nuevo decreto de alarma que establezca, de manera inmediata:
El cierre de todas las empresas en los sectores no estratégicos de la economía, con obligación de pago de los salarios para todas aquellas empresas (o sus matrices) que declararon beneficios en 2019.

– La intervención de todas las empresas de los sectores estratégicos, organizando su actividad en función de los criterios de respeto a la salud de las plantillas y de cumplimiento de los servicios mínimos esenciales y de producción para la satisfacción de las necesidades populares bajo control obrero.

– La paralización inmediata de todos los ERTEs y EREs en marcha, prohibiendo todo despido por causas objetivas.

– El reforzamiento inmediato de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de la jurisdicción social, atendiendo con carácter urgente los procedimientos de despido, modificación sustancial de condiciones de trabajo, vacaciones, derechos de conciliación, tutela de derechos fundamentales y conflictos colectivos.

– La moratoria de 3 meses, avalados por el Estado y prorrogables, en el pago de hipotecas, alquileres y suministros a las familias que ingresen menos de 1.200 euros mensuales netos por miembro de la unidad familiar.

– La prohibición definitiva de desahucios y de cortes en el suministro energético.

– La suspensión de las obligaciones fiscales para los trabajadores autónomos y acceso a todo aquel que cierre su negocio a la prestación por cese de actividad.

– La intervención de toda la sanidad privada sin compensación económica alguna.

– La elaboración de un plan especial de atención a la población reclusa y cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros acompañados de planes de realojamiento y atención a la salud de las personas afectadas.

Hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras, estudiantado, trabajadores autónomos y al conjunto del movimiento obrero y popular a pelear contra las medidas adoptadas por el Gobierno, a difundir las medidas propuestas y, principalmente, a organizarse para poner fin de forma definitiva a los ataques sistemáticos contra la mayoría trabajadora de nuestro país que realizan los gobiernos capitalistas, sean del color que sean. Sólo construyendo un país para la clase obrera seremos capaces de terminar con la explotación.

¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

Buró Político del PCTE
18 de marzo de 2020