Las movilizaciones desarrolladas durante los últimos días han vuelto a colocar la cuestión de la vivienda en el centro de la vida política y el debate social de nuestro país. El desahucio de Maricarmen Abascal y la respuesta que provocó han hecho imposible continuar administrando el problema como hasta ahora. El Gobierno terminó aprobando en pocos días dos reales decretos-ley con cambios en materias que hasta hace apenas unas semanas no ocupaban ese lugar en su agenda. El primero regula, entre otras cuestiones, determinadas operaciones especulativas, los alquileres temporales y por habitaciones, algunas situaciones de desahucio y distintas medidas fiscales y de vivienda asequible; el segundo modifica profundamente el régimen de prórrogas de los contratos de vivienda habitual. Ambos deben superar hoy su convalidación en el Congreso.
Resulta evidente que ha sido la movilización la que ha obligado a que, aceleradamente, se adoptasen determinadas decisiones políticas. Durante años se ha permitido que los alquileres absorbieran una parte creciente de los salarios, que los contratos temporales sirvieran en numerosos casos para eludir las garantías de los arrendamientos habituales, que se expandieran los usos turísticos en zonas sometidas ya a una enorme presión residencial y que la vivienda siguiera siendo uno de los principales espacios de inversión, especulación y obtención de rentas. Ahora, cuando el coste político de no reaccionar ha aumentado, se presentan como respuesta de emergencia algunas medidas que llegan después de que el deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda haya alcanzado dimensiones difícilmente sostenibles.
El Real Decreto-ley 26/2026 establece, entre otras disposiciones, una limitación temporal de determinadas adquisiciones inmobiliarias hasta finales de 2028, regula los contratos de vivienda temporal, establece nuevas previsiones sobre grandes tenedores y modifica distintos aspectos tributarios y procesales. El Real Decreto-ley 27/2026 establece que, una vez agotado el periodo mínimo de cinco años —siete si el arrendador es una persona jurídica—, el contrato pueda prorrogarse nuevamente por periodos de esa misma duración y regula una indemnización en determinados supuestos en los que el propietario decide no renovarlo.
Ante estas modificaciones legales, fruto de la movilización, conviene preguntarse qué es lo que cambian y qué es lo que dejan intacto. A pesar de los avances, el problema de fondo permanece inalterado: la vivienda continúa siendo una mercancía, una fuente de renta y un espacio privilegiado para la valorización del capital. Quien necesita una vivienda para vivir continúa encontrándose frente a quien puede disponer de ella como propiedad, inversión o activo financiero. El Estado interviene sobre algunas condiciones de esa relación, limita determinadas prácticas, establece obligaciones y trata de corregir algunas de sus consecuencias más graves, pero no cuestiona las relaciones económicas que permiten que una necesidad elemental sea al mismo tiempo uno de los grandes negocios de nuestro tiempo.
Esta contradicción atraviesa las propias medidas aprobadas. Se habla de combatir la especulación y de reforzar la función social de la vivienda, mientras se mantiene como pieza de la política pública la incorporación de capital privado a la producción y financiación de vivienda asequible. El Fondo de Vivienda de Impacto Social creado por el primer decreto tiene entre sus finalidades atraer inversión privada, y distintas medidas recurren a avales, incentivos y financiación pública para facilitar la intervención de promotores y operadores privados. No estamos, por tanto, ante una política dirigida a reducir progresivamente el peso de las relaciones mercantiles en el acceso a la vivienda, sino ante una intervención pública destinada a corregir algunos efectos del mercado mientras se intenta garantizar que el propio mercado continúe funcionando.
Como en tantas otras medidas anteriores del Gobierno de coalición socialdemócrata, los recursos públicos se plantean para amortiguar una parte de los riesgos necesarios para que continúe resultando atractiva la inversión privada, mientras la propiedad, la explotación económica y los rendimientos permanecen en buena medida en manos privadas. Lo mismo puede decirse de las modificaciones introducidas en el régimen de las SOCIMI: se cambian condiciones fiscales, se penalizan determinados comportamientos y se establecen incentivos vinculados a la vivienda asequible, pero no se cuestiona que grandes sociedades de inversión continúen utilizando la vivienda como vehículo de rentabilidad. En definitiva, el debate político y parlamentario se centra en discutir cómo regular esa actividad económica y no si una necesidad básica debe seguir formando parte del campo de actuación del capital financiero.
Incluso las medidas dirigidas a reforzar el parque público de vivienda muestran hasta qué punto las políticas en este terreno han sido un continuo desastre. La ampliación de CASA 47, la transferencia de determinados inmuebles y la protección de parte del patrimonio público pueden contribuir a aumentar la capacidad pública de intervención, pero parten de una situación en la que España dispone de un parque público extraordinariamente reducido en comparación con las necesidades existentes. Estamos, por tanto, ante las consecuencias acumuladas de décadas durante las que la vivienda protegida pudo terminar incorporándose al mercado, se redujo patrimonio público y se aceptó que fuera fundamentalmente el mercado privado quien determinara dónde se construía, cuánto costaba vivir y quién podía permitírselo.
También resulta revelador el carácter temporal de muchas de las medidas propuestas. Las restricciones sobre determinadas operaciones tienen fecha de caducidad, igual que algunas limitaciones extraordinarias sobre rentas o determinadas protecciones frente a los desahucios. Sin embargo, el problema al que pretenden dar respuesta no es extraordinario ni temporal. No estamos ante una anomalía inmobiliaria que vaya a desaparecer en 2027, 2028 o 2030, sino ante una determinada estructura de propiedad, una determinada política del suelo, una ausencia histórica de parque público suficiente, una enorme presencia del capital privado y una relación cada vez más desproporcionada entre salarios y precios de la vivienda.
Por eso la cuestión de la vivienda no puede separarse de la cuestión salarial. Cada cien euros adicionales destinados al alquiler son cien euros menos para cubrir otras necesidades. Una parte del salario acaba así transformándose directamente en renta para quien posee la vivienda. El deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda es también deterioro salarial, aunque no aparezca reflejado en la nómina, ni se negocie por los comités de empresa.
Es precisamente esta conexión la que nos obliga a insistir en la necesidad de que las movilizaciones actuales por la vivienda no se consideren un fenómeno aislado de los conflictos laborales que vienen produciéndose en diferentes sectores a lo largo y ancho del país. Quienes no pueden pagar el alquiler son muchas veces las mismas personas que trabajan con una jornada incompatible con su vida familiar, que sufren temporalidad o que dependen de unos servicios públicos sometidos a un deterioro continuado. El problema se presenta como fragmentado porque la vida económica y política de la clase obrera también lo está, pero sus diferentes manifestaciones comparten una misma base material.
La tramitación parlamentaria que tendrá lugar hoy mismo añade otros elementos de interés al análisis. Con las posiciones ya anunciadas por los distintos grupos, el escenario más probable es que se rechacen ambos decretos o, a lo sumo, que salga adelante solo uno. No sería ninguna sorpresa: en abril, el Congreso ya tumbó con los votos de PP, Vox y Junts el Real Decreto-ley 8/2026, que recogía una prórroga extraordinaria de los alquileres. El Gobierno conocía, por tanto, la aritmética parlamentaria con la que contaba y el riesgo de que ninguno de los textos saliera adelante. Aun así, el PSOE optó por dividir las medidas en dos decretos, buscando que cada grupo pudiera apoyar lo que le resulte asumible y rechazar lo que afecte a los intereses de su base social, y Sumar aceptó ese planteamiento. No es casual que el texto más expuesto sea precisamente el que modifica el régimen de prórrogas, el que incide más directamente en la estabilidad de quienes viven de alquiler. Si el resultado confirma lo previsto, no valdrá trasladar toda la responsabilidad a los demás: se conocía la relación de fuerzas para esta votación y para toda la legislatura. Quien diseña una maniobra o estrategia sabiendo que puede fracasar, y la presenta como respuesta a un problema que afecta a millones de personas, asume también las consecuencias de su fracaso.
Eso no exime, claro, a quienes voten en contra. PP y Vox han anunciado su rechazo, en defensa abierta de los intereses del gran capital. En el caso del segundo, además, trasladando el problema de la vivienda a la inmigración con lógicas tan reaccionarias como peregrinas.
Junts, por su parte, ha anunciado que votará en contra de ambos decretos, y el PNV, que respaldará el primero y rechazará el que afecta a las prórrogas. Uno y otro vuelven a recurrir al espantajo del «pequeño propietario», como si la estabilidad de los contratos de vivienda habitual amenazara el sustento de familias «modestas» y no la capacidad de los arrendadores para decidir libremente cuándo recuperar la vivienda, subir la renta o cambiar de inquilino. Bajo el chantaje del «pequeño propietario» se protege, en realidad, el derecho a seguir obteniendo rentas de una necesidad ajena; se defienden los intereses del conjunto de la propiedad y, especialmente, de la de mayor tamaño.
Los ocurrido estos días enseña que los límites de lo que se presenta como posible no son inmutables. Cuando aumenta el conflicto social, determinadas medidas que antes encontraban toda clase de objeciones económicas, jurídicas o políticas pueden aprobarse con una rapidez sorprendente. No significa que cualquier movilización consiga automáticamente lo que se propone, ni que los decretos aprobados transformen las relaciones que están en la raíz del problema. Pero sí demuestra que la correlación de fuerzas cuenta y que la actuación de los gobiernos no depende solamente de sus programas o de las negociaciones entre los grupos parlamentarios.
En este contexto reaparece el debate sobre la huelga general. No creemos que sea útil convertirla en una consigna ritual ni suponer que la existencia de un número creciente de huelgas sectoriales y movilizaciones sociales significa que las condiciones para ella estén ya dadas. Una huelga general no es una manifestación más grande ni una convocatoria política a la que se añaden algunos paros. Su fuerza está en la capacidad de amplios sectores de trabajadores para paralizar de manera organizada la producción y los servicios.
Hoy tenemos conflictos dispersos, algunos muy importantes, y tenemos un malestar que atraviesa sectores muy diferentes de la clase obrera. La cuestión es cómo hacer que esas luchas no terminen encerradas cada una en su propio terreno. Que la vivienda y las condiciones de trabajo puedan discutirse conjuntamente en los centros de trabajo, que una huelga deje más organización detrás de la que había antes de comenzar, que las plantillas sean protagonistas del conflicto y no simples destinatarias de convocatorias decididas fuera de ellas y que existan mecanismos de coordinación capaces de sobrevivir a cada movilización concreta.
Eso no se construye anunciando una fecha. Pero tampoco puede utilizarse la falta actual de esas condiciones para aplazar indefinidamente el problema. El coste de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, el empobrecimiento de amplias capas de la clase obrera y la proliferación de conflictos laborales obligan a plantearse cómo avanzar desde respuestas parciales y separadas hacia una capacidad general de intervención. La huelga general sólo tendría sentido en ese proceso, cuando pudiera expresar una fuerza que ya existe y no intentar sustituirla.
Los decretos, incluso si fueran convalidados, no resolverían la crisis de vivienda. Ponen algunos límites, establecen algunas protecciones y corrigen determinadas prácticas, pero lo hacen sobre un mercado cuyas bases permanecen intactas. Al mismo tiempo mantienen mecanismos destinados a atraer y sostener la inversión privada, mientras respuestas concebidas como excepcionales y temporales se aplican a problemas que no tienen nada de coyuntural.
Lo ocurrido durante estos días vuelve a mostrar que cuando el malestar deja de vivirse exclusivamente de forma individual y se convierte en conflicto colectivo, cambian también los márgenes dentro de los que se mueve la política. La cuestión ahora es cuánto de esa fuerza permanecerá cuando pase la atención mediática y qué capacidad habrá para llevarla a los centros de trabajo, relacionarla con otros conflictos y convertirla en organización estable. El compromiso del PCTE está en llevar esa tarea adelante con todas nuestras fuerzas. Es el momento de levantar una fuerte oposición obrera contra el capital y sus gobiernos.
Buró Político del PCTE
2 de octubre de 2026