Los pasados días 13 y 14 de abril se celebró en Madrid el X pleno del Comité Central del PCTE. Hacemos públicos algunos fragmentos del Informe Político aprobado.
Extractos del Informe Político aprobado por el X Pleno del Comité Central (13 y 14 de abril de 2024)
La situación económica internacional, una vez conocidos los datos definitivos de 2023, se caracteriza por la continuidad en la ralentización general del crecimiento, con un PIB que se mantiene en tasas de incremento interanual en torno al 3%, pero que sigue sin ser capaz de recuperar los niveles de crecimiento inmediatamente posteriores al confinamiento y mantiene la tendencia ya analizada sobre los años anteriores a 2020.
Las previsiones para 2024 y 2025 siguen por debajo del promedio histórico de subidas interanuales del PIB (3,8%, entre 2000 y 2019). Esta situación afecta de forma desigual a unas regiones y a otras del planeta, siendo más visible la ralentización en las denominadas “economías avanzadas”, para las que el crecimiento ronda el 1%, que en las “economías emergentes”, que rondan tasas del 4%. Todas ellas están muy lejos todavía de las cifras de comienzos de la anterior década.
Los organismos internacionales capitalistas basan sus previsiones de crecimiento económico para 2024 y 2025 en hipótesis como la bajada de precio de las materias primas y los combustibles, derivadas de la restauración más o menos completa de las cadenas de suministro y de la bajada de la inflación a nivel mundial que achacan a la política de elevación de tipos de interés desarrollada en los últimos dos años.
No obstante, la situación mundial y las tendencias que se están desarrollando hacen que estas hipótesis resulten sumamente endebles. A pesar de que ya no sea noticia a diario, la situación en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén sigue siendo parecida a la que comentábamos en el anterior pleno. Se han incrementado notablemente los precios de los fletes (entre un 150 y un 200% a primeros de año), también se han incrementado los costes y los plazos de entrega al desviarse buena parte del tráfico marítimo por el cabo de Buena Esperanza.
Además, no es posible asegurar una bajada de precios en las materias primas únicamente sobre la base de la reducción de las tasas de inflación, puesto que existen otros importantes factores que afectan a la fijación de precios, como la especulación en los llamados mercados de commodities o, con mayor importancia, las consecuencias de las rivalidades interimperialistas. Por ejemplo, el precio del barril de Brent -OPEP- se ha encarecido en marzo más de un 7% en cómputo interanual, en buena medida derivado de las tensiones en la zona tras desencadenarse la guerra de Israel contra Palestina.
Debe tenerse en cuenta, en esta línea, que aparte de las materias primas tradicionales, están los materiales llamados “tierras raras”, de suma importancia para el mantenimiento de la producción en sectores estratégicos como la industria automovilística o farmacéutica. Resulta sumamente relevante el hecho de que, por ejemplo, de las 51 “materias primas estratégicas” establecidas por la UE para el mantenimiento de industrias y sectores clave, así como para garantizar la llamada “autonomía estratégica”, China es el principal proveedor mundial de 34 de ellas, el resto de BRICS lo son de otras 7, Turquía de 2 y la RD del Congo de otras 2. En términos de suministro a la UE, China es el principal proveedor de 24, el resto de los BRICS de 3, Turquía de 3 y entran en juego países como Marruecos (fosfatos, aunque una parte importante corresponde al Sahara Occidental), Kazajistán (fósforo y titanio) o Catar (helio). Es importante tener el dato de que China suministra el 100% de las llamadas “tierras raras pesadas” (HREE, usadas fundamentalmente para electrónica y equipos médicos) y el 85% de las “ligeras” (LREE, usadas principalmente para automoción y telecomunicaciones), tanto a nivel mundial como europeo, mientras Sudáfrica suministra el 75% de los PGM (metales del grupo platino – para automoción y farmacéutica-) mundiales y Rusia el 40% del paladio (pilas de combustible). Todo esto ayuda a entender no sólo la fuerte dependencia de otras potencias que tiene la UE particularmente, sino también por dónde van a discurrir las líneas estratégicas de la política internacional del bloque.
Los riesgos principales para el crecimiento económico capitalista mundial, por tanto, están en las propias contradicciones capitalistas. Lo que los analistas burgueses denominan “riesgos geopolíticos” no son otra cosa que las rivalidades imperialistas, donde cada potencia o bloque atiende a sus propios intereses estratégicos, que en estos momentos no pasan por una apertura general del comercio y la inversión, sino que marchan en sentido contrario. Los datos de crecimiento económico mundial tienen interés desde el punto de vista descriptivo como una de las expresiones de la marcha general del capitalismo mundial, pero la preocupación de los imperialistas es sobre su propia situación y la de sus aliados, no la general, aunque el capitalismo mundial continúe siendo ampliamente interdependiente.
En este contexto, las previsiones inmediatas relativas al comercio internacional también están por debajo del histórico (4,9%) y cobra especial interés el notable auge del proteccionismo, que se ilustra perfectamente con el dato de que, entre 2022 y 2023, se impusieron unas 6.000 restricciones comerciales entre países, mientras que en 2019 fueron algo más de 1.000. Esta tendencia viene desarrollándose con fuerza desde 2018 y se ampara en dos argumentos: el del acortamiento de las cadenas de suministro, altamente volátiles y el de la promoción de la digitalización y las industrias “verdes” que, en el caso de Europa, tiene un fuerte componente de protección de los monopolios domésticos.
Además, el gasto en armamento sigue su crecimiento continuo. En España ha pasado de representar, entre 2018 y 2023, el 0,93 al 1,23% del PIB, y se prevé alcanzar el 1,3% en 2024 y el 2% en 2029, tal como está pactado en el seno de la OTAN. A nivel más general, varios países de la OTAN alcanzarán este año ese 2% y se estima que, en 2024, el gasto conjunto en defensa de los países europeos alcanzará el 2%, siendo precisamente los países más cercanos a Rusia quienes encabezan el gasto en proporción a su PIB, con Polonia en primer lugar. El gasto militar mundial fue en 2023 un 9% superior al del año anterior. En el año 2022, los países europeos miembros de la OTAN alcanzaron un gasto militar un 30% superior a 2013. Europa casi duplicó el 94%, sus adquisiciones en armas en el período 2019-2023 respecto a 2014-2018.
La reciente noticia relativa a que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), creado en 2011 con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera de la eurozona, ha puesto a disposición de los países de la UE más de 400.000 millones de euros para financiar la industria de defensa y la “transición verde” es sumamente significativo y entronca no sólo con iniciativas como la creación del Mecanismo de Capital en materia de Defensa (por la Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones), sino también con las declaraciones de los últimos meses de diferentes responsables políticos del continente sobre la necesidad del rearme y de la adopción de una posición abiertamente belicista contra Rusia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, llegó a declarar a finales de marzo que “estamos entrando en la era de la preguerra”, y el comisario europeo Thierry Breton comentaba a principios de ese mes que “necesitamos cambiar el paradigma y pasar al modo de economía de guerra”. También en marzo, el presidente francés Macron sugería el envío de tropas Ucrania, alegando que una victoria rusa en ese país sería “un conflicto existencial para Europa y para Francia”.
La escalada verbal de una parte significativa de los mandatarios europeos, en la que la parte rusa no se ha quedado atrás, amenazando con ataques nucleares en caso de intervención europea o de la OTAN en Ucrania, ha ido acompañada de acciones concretas como los anuncios de planes para la recuperación o ampliación del servicio militar en países como Dinamarca, Suecia, Países Bajos o Alemania, o para convocar a reservistas en Bélgica. Nunca en la historia reciente habíamos conocido una situación de estas características.
A ello se suman los puntos calientes que ya venían siendo analizados en otros informes, desde la situación en Taiwán, que puede desencadenar un conflicto abierto entre EEUU y China, a la situación de Palestina, donde el genocidio no se ha detenido y donde la catástrofe humanitaria es de unas proporciones que tampoco habían sido vistas en décadas. Además de los ataques indiscriminados contra la población palestina y las dificultades para hacer llegar la “ayuda” que envían las mismas potencias que arman al Estado de Israel, resultan llamativas las tentativas de Israel de provocar la entrada en la guerra de países como Irán.
El ataque contra el consulado iraní de Damasco, en el que fallecieron varios altos dirigentes militares iraníes, ha sido respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel en la noche del 13 al 14 de abril. Aunque todo apunta a que ese lanzamiento, con escasas opciones de generar daños en suelo israelí, es una escenificación para dar satisfacción diplomática a Irán tras el bombardeo de una sede consular en un tercer país, se trata de la primera vez en que Irán realiza directamente un ataque contra Israel. La escalada es evidente y no se pueden descartar nuevas provocaciones israelíes o la imposición de nuevas sanciones contra Teherán por parte de las potencias aliadas de Israel, como tampoco se puede descartar la continuación de los intercambios de ataques y gestos entre ambos países, que pueden generar situaciones todavía más peligrosas que las conocidas hasta ahora.
Se ha de tener en cuenta, en este sentido, que la confrontación entre Israel e Irán va mucho más allá del caso palestino. Si bien es cierto que Teherán es el aliado principal de Hamas o Hezbolá, también es una de las escasas potencias regionales que, hasta el momento, no ha iniciado ningún proceso de acercamiento a Israel, a diferencia de lo que han hecho países como Arabia Saudí, Marruecos, Catar, Bahréin o Emiratos Árabes Unidos, en buena parte bajo los auspicios de la diplomacia estadounidense. Para las potencias imperialistas occidentales, Irán es la potencia enemiga en la zona, aliada además de otras potencias como Rusia y China. Las provocaciones israelíes, por tanto, parecen obedecer a la voluntad de intensificar las confrontaciones en una zona (Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo) de gran importancia geoestratégica para todas las potencias.
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La situación que pintan estos datos es la de una ralentización económica acompañada de un creciente proteccionismo, una mayor inestabilidad y una retórica belicista cada vez más agresiva. Sin duda, es un cóctel explosivo en el que sucesos como el terrible atentado de Moscú pueden ser utilizados como argumento para el incremento de la confrontación y para la legitimación de nuevas agresiones por parte de cualquiera de los actores implicados. Es sumamente difícil, en estos momentos, ver y saber con claridad quién es la parte beneficiada en cada uno de estos atentados y acciones, puesto que todas las potencias los utilizan para tratar de afianzar su discurso, algo que es propio de los momentos bélicos. Precisamente esto es lo más peligroso para la población de todos los países en estos momentos.
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Hay que tener en cuenta que los llamamientos al rearme, el crecimiento del gasto militar y de defensa y, en definitiva, la preparación de la guerra, tienen unas consecuencias en las condiciones de vida y trabajo de la clase. Si bien el “modo de economía de guerra” no es en sí una economía de guerra, se ha de tener en cuenta que la maquinaria estatal va a ir destinando cada vez más recursos hacia los sectores vinculados a la industria bélica. Los fondos europeos derivados de la pandemia, en sus distintas versiones, pueden ser fácilmente reorientados hacia proyectos relacionados con el rearme. Basta con vincular la digitalización, la importancia de determinados sectores estratégicos y la omnipresente autonomía estratégica con la industria militar. De hecho, se está haciendo ya en varios proyectos, por ejemplo, vinculados a la empresa Indra, y se están promocionando a través del argumento de la creación de empleo.
Específicamente sobre esta cuestión hemos de ser muy conscientes de que la preparación de la guerra engloba todo tipo de maniobras y argumentos con los que se buscará el disciplinamiento de la clase obrera, y del conjunto de la población, y su aceptación, más o menos directa, de la política belicista. Uno de los argumentos más potentes en este sentido es la cuestión del empleo y/o de la mejora coyuntural de ciertos aspectos de las condiciones de trabajo en determinados sectores. De hecho, se está utilizando ya desde algunas instancias sindicales como argumento para no denunciar la implicación de España en la OTAN o para promover posiciones pacifistas abstractas, propias del pacifismo burgués.
Esto implica la necesidad de preparar muy bien la lucha ideológica en un terreno en el que se van a ver confrontados, en la práctica, los intereses inmediatos de determinados sectores de la clase con los intereses a medio y largo plazo del conjunto de la clase, legitimándose de paso la participación en alianzas imperialistas. Nuestro papel en esta situación, y en esta fase, no es el de aplicar el trazo grueso, ni mucho menos exigir cierres en sectores industriales que se vinculen a la economía bélica, sino lo siguiente:
-Denunciar la política general de orientación belicista que está adoptando el aparato estatal español como elemento que atenta contra los intereses generales de la clase.
-Exigir la paralización de todos los proyectos de carácter militar y su reorientación hacia proyectos de carácter civil vinculados a la mejora de las condiciones de vida de la clase.
Se trata de dos aspectos que deben ir siempre juntos y que no se pueden separar en la intervención del Partido, y que necesariamente deben ir acompañados de una adecuada planificación e información, con una estrategia comunicativa elaborada en el sentido propositivo. Es decir, el objetivo es plantear que es posible el desarrollo de proyectos vinculados a la mejora de las condiciones de vida de la población y no a la preparación de la guerra, pero que para ello es necesario romper con la política belicista y con la participación en alianzas como la OTAN.
La situación económica y política en España
Es de especial interés que analicemos los datos de la economía española, dado que sus tasas de crecimiento en el último año han sido sensiblemente superiores a las de otras potencias europeas (2,5% frente al 0,8 de Francia, el 0,7 de Italia o el -0,3 de Alemania).
Según distintos analistas burgueses, este crecimiento atiende a varios factores, entre los que se citan: el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios, vinculado a la mayor competitividad de las empresas españolas, junto con altos niveles de turismo extranjero y un elevado gasto público, a lo que se podría sumar el crecimiento en el consumo de los hogares, aunque parezca un dato contraintuitivo debido a los niveles de inflación y que deriva fundamentalmente de una menor tasa de ahorro.
¿Qué significa esto, en realidad? Las empresas españolas son más competitivas para el comercio exterior debido, en buena medida, a los procesos de devaluación interna desplegados desde la crisis de 2008 y, más recientemente, por la adaptación del modelo de contratación laboral en clave de adecuación a las necesidades de la producción, en aplicación del esquema de la flexiseguridad. No obstante, esto no las hace inmunes a los riesgos derivados de los problemas en las cadenas de suministro y las tendencias proteccionistas.
Por otra parte, España fue segundo país del mundo en recepción de turistas extranjeros en 2023, con un crecimiento del 18,85% respecto al año anterior. Más de 85 millones de turistas internacionales, que son la cifra más alta registrada hasta el momento. Considerando que entre Reino Unido, Francia y Alemania superan el 45% de esos turistas, se visualiza con suma claridad el efecto del proceso de división internacional del trabajo que se produce en el seno de la UE y que venimos denunciando repetidamente. Casi un 13% del PIB español corresponde a todo lo relacionado con el turismo. Se han de tener en cuenta, además, los efectos que esta apuesta tiene en otros aspectos de la vida económica y laboral del país. Por ejemplo, es posible atribuir a la turistificación una parte del incremento en los precios de la vivienda, derivados de la mercantilización creciente del parque inmobiliario mediante la entrada de importantes cantidades de capital destinadas al aprovechamiento de la demanda de alojamientos. Aparte, esto tiene un efecto en cuanto a las necesidades de fuerza de trabajo. Sumadas hostelería y comercio ocuparían el segundo puesto en la creación de empleo durante 2023, debiendo tenerse en consideración que se trata de sectores donde históricamente las condiciones laborales han sido peores y donde son norma general la precariedad, el subempleo y la temporalidad.
El gasto público ha tenido un impacto también notable y puede explicar aspectos relacionados con la competitividad de las empresas y el consumo interno, teniendo en cuenta que hasta el momento se han realizado cuantiosas aportaciones directas e indirectas a empresas y hogares, tanto por la vía de reducción de impuestos como por las ayudas al consumo que se han mantenido en 2023 pero que podrían reducirse notablemente en 2024 con la vuelta a la aplicación del Pacto de Estabilidad.
Los factores que explican la “buena marcha” de la economía española, por tanto, no están desvinculados de los riesgos generales que hemos visto anteriormente. La mejora relativa con respecto a otras economías de la UE o de la eurozona obedece a factores coyunturales que también tienen que ver con el impacto de la guerra en Ucrania en los países del centro europeo. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, más de dos tercios de las exportaciones españolas son hacia otros países de la UE, los problemas en esos países también terminarán teniendo un efecto en la economía española. El desvío del gasto público hacia el sector de la defensa y la marcha de la inflación tendrán un efecto no solamente en los datos macroeconómicos, sino sobre todo en las condiciones de vida de la mayoría trabajadora.
Los datos relativos al empleo, que se afirma que tienen que ver también con el repunte del consumo interno, son interesantes por varias razones. En primer lugar, porque la contratación temporal sigue a la cabeza, con más de la mitad de los contratos realizados entre enero y febrero de este año. En segundo lugar, porque los contratos indefinidos “puros” se ven ligeramente superados por los fijos-discontinuos y los indefinidos a tiempo parcial. Y, en tercer lugar, teniendo en cuenta datos de la EPA, porque el 70% de los “empleos creados” desde 2021 han correspondido a trabajadores de origen extranjero, principalmente en puestos de baja cualificación y en sectores con peores condiciones laborales en general (hostelería, comercio). El origen de estos trabajadores es, principalmente, Marruecos, Colombia y Venezuela. Estos datos llevan a algunas reflexiones: en primer lugar, que el debate sobre el empleo está vinculado principalmente a la utilidad de las fórmulas de contratación para los capitalistas, su facilidad para vincularse a los ciclos de la producción, no a aspectos como la cuantía del salario mínimo; en segundo lugar, que la fuerza de trabajo de origen extranjero no “roba” puestos de trabajo, sino que es utilizada por los capitalistas en función de sus necesidades en cada momento; en tercer lugar, que las campañas destinadas a la criminalización de la población extranjera van encaminadas a fomentar una mayor división en el seno de la clase, alejando la posibilidad de establecer vinculaciones entre la clase obrera autóctona y la migrante. Algo similar ocurre con el trabajo femenino, con determinados sectores impulsando campañas dirigidas a reducir el papel de las mujeres en el mundo del trabajo. Nuestra apuesta por trabajar hacia estos sectores de la clase cobra más sentido en estas condiciones.
Conviene mencionar también aquí la coincidencia temporal de la aprobación en el Parlamento Europeo del llamado “nuevo pacto sobre migración y asilo”, con el apoyo de PSOE y PP, con la aceptación casi unánime de la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular que solicita la regularización extraordinaria de inmigrantes en España, apoyada por todos los partidos excepto VOX. El “nuevo pacto” europeo endurece la política migratoria europea y ha recibido fuertes críticas por ello, por lo que, a primera vista, la admisión a trámite de la ILP puede leerse como una manera de acallar parte de esas críticas a nivel español. La realidad, no obstante, es algo más compleja.
En primer lugar, porque los dos acontecimientos abordan aspectos distintos de la cuestión migratoria: uno, la política fronteriza (la inmigración a futuro); el otro, una realidad ya existente en España. Periódicamente, en España se han producido regularizaciones extraordinarias, generalmente coincidentes con períodos de expansión económica en los que es de interés de las autoridades estatales hacer aflorar sectores de economía informal. Desde una perspectiva estratégica, a la patronal le interesa contar con más mano de obra extranjera “legal”, no sólo por la presión a la baja que pudiera resultar en los salarios, o por la ocupación de determinados puestos menos solicitados, sino también porque es una fuerza de trabajo altamente adaptable sus necesidades, en el sentido de que es, por definición, móvil y retornable.
Así, la política fronteriza más estricta y la política de regularizaciones extraordinarias son, desde el punto de vista de los capitalistas y sus gestores, dos elementos compatibles entre sí, dado que uno aspira a un mayor control de los flujos migratorios (no a su paralización) y otro a aprovecharlos una vez se han producido. Quedan en un lugar secundario aquí las consideraciones de tipo moral o humanitario, que generalmente sirven para dar legitimación a las decisiones que se toman. Pero, para nosotros, tienen una importancia capital las consideraciones de clase, que parten de un hecho objetivo, como es la relación de cada trabajador con los medios de producción, independiente de su origen, lo que nos obliga a trabajar decididamente hacia estos sectores de la clase, como hemos dicho antes.
En este cuadro, el Gobierno español trata de sacar pecho por los datos económicos, pero la situación política está centrada en otros elementos. Por una parte, está todo lo relacionado con la corrupción, a raíz principalmente del caso Koldo, el caso Ayuso y otras derivadas como lo que afecta a la relación de la esposa de Pedro Sánchez con diversas empresas que se beneficiaron de ayudas del Gobierno. Por otra, está la cuestión de la amnistía y las consecuencias de la formación de la segunda edición del gobierno de coalición socialdemócrata con el apoyo de todas las fuerzas independentistas. Más recientemente, ha adquirido cierta relevancia mediática la cuestión memorialista ante el anuncio del Gobierno de que llevará al Tribunal Constitucional algunas de las “leyes de concordia” aprobadas por gobiernos autonómicos del PP y VOX. En este marco, tienen lugar tres convocatorias electorales, las autonómicas de Euskadi y Cataluña en abril y mayo, respectivamente, y las europeas en junio.
En cuanto a los casos de corrupción, nuestro enfoque debe huir de todo deje moralista. Nuestro planteamiento no puede entenderse bajo ningún concepto como legitimador de la idea, que propugnan algunos sectores de la nueva socialdemocracia, de que existen formas “limpias” de gestión capitalista. En cambio, debemos ser muy claros a la hora de vincular los casos de corrupción que se van conociendo con una serie de aspectos consustanciales al propio desarrollo capitalista. Entre tales aspectos podemos destacar algunos ahora mismo, aunque debemos seguir profundizando en la cuestión:
- la capacidad del Estado para establecer mecanismos que facilitan la rentabilidad de las empresas
- la tendencia creciente a la concepción de los servicios públicos como servicios “esenciales para el interés general” pero cuya prestación se puede ceder a empresas privadas, financiadas por ello por el Estado.
- las enormes cantidades de dinero previstas en los presupuestos públicos para adquisiciones, proyectos y programas varios ejecutados o contratados a empresas privadas.
- el crecimiento de los grupos de presión, existentes no solamente para favorecer la aprobación de determinados tipos de normas, sino también para obtener ventajas en la contratación pública.
El aparato estatal sigue siendo el comité de administración de la burguesía, aunque se vista de aparente neutralidad. Cada gobierno, en los diferentes niveles del aparato estatal desde el municipio, está inmerso en las mismas dinámicas, en las que, como mucho, pueden cambiar los actores, pero no las formas de funcionamiento. En este sentido, cuando los principales partidos parlamentarios se echan en cara mutuamente sus casos de corrupción, cuando enarbolan el “y tú más” que estamos constatando en estos meses, no están haciendo otra cosa distinta que reconocer su profunda vinculación con sectores empresariales y la facilidad con la que es posible utilizar el dinero público para favorecerlos. Se trata, por tanto, de una cuestión inherente a las propias dinámicas y necesidades de acumulación capitalista, donde la responsabilidad individual o colectiva de individuos o partidos no es más que el eslabón débil de la cadena, prescindible en el momento en que abiertamente se conocen este tipo de actuaciones. Los distintos casos de corrupción que se van conociendo, aun siendo pocos, dejan al descubierto que esa pretendida neutralidad estatal no es tal, y también permiten ver que la clase burguesa mantiene su particular pugna por el beneficio propio, utilizando todos los resortes que tiene a su alcance.
Las convocatorias electorales autonómicas suponen un riesgo evidente para el gobierno de coalición. No tanto las vascas, donde la disputa entre PNV y EH Bildu será resuelta por el PSE y donde las distintas fuerzas independentistas ya han garantizado su apoyo al Gobierno independientemente del resultado. En cambio, sí lo son las catalanas, puesto que Junts tiene una capacidad de bloqueo fundamental en el Congreso y todas las posibilidades están abiertas en función del resultado electoral y las alianzas que sea necesario conformar para garantizar la gobernabilidad de la Generalitat. Como primer efecto de la convocatoria electoral catalana, se ha producido la retirada del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024, ante la evidencia de la imposibilidad de lograr acuerdos a tiempo para su tramitación, lo que es una demostración de la extrema debilidad gubernamental, cuyo bloque se ha visto afectado además por el pase de José Luis Ábalos al grupo mixto a consecuencia del caso Koldo. La reciente aprobación en el Congreso de la llamada Ley de Amnistía, que ya hemos analizado como constatación de la derrota del independentismo y como consecuencia exclusiva de la debilidad del gobierno central y su necesidad de atar los apoyos de ERC y Junts, tendrá un desarrollo tormentoso, derivado de todas las maniobras parlamentarias y judiciales que se van a realizar en el futuro próximo.
Por otro lado, las elecciones europeas tienen una menor relevancia desde el punto de vista de sus efectos políticos en España, pero sí serán analizadas como termómetro para evaluar el apoyo a los distintos partidos parlamentarios. No obstante, teniendo en cuenta que los resultados de los dos principales partidos estatales en las elecciones vascas y catalanas no serán reflejo de sus posibilidades electorales en el ámbito nacional, y que la participación en las europeas suele ser sensiblemente menor que en otros procesos electorales, no será del resultado de las europeas de donde se pueda deducir un mayor o menor peligro para la continuidad del actual Gobierno.
El ciclo electoral de primavera, y ahí sí especialmente las europeas, servirá para la medición de las consecuencias de los conflictos en el seno de la nueva socialdemocracia. Los resultados de las distintas fuerzas de ese espacio en las autonómicas serán de interés para valorar las posibles evoluciones de la pugna entre Podemos y Sumar, teniendo en cuenta que, en Cataluña, no participa directamente ninguna de ellas. Pero son las europeas, donde tiene mayor peso el voto de simpatía, cuyo resultado tendrá más relevancia, especialmente en un momento en que se están comprobando las dificultades de Sumar para su articulación organizativa y cuando varios de sus integrantes y aliados concurrirán a las europeas en otras listas. En todo caso, independientemente de que los resultados beneficien a uno u otro sector, estos procesos electorales confirmarán el fin de ciclo de la nueva socialdemocracia, carente ya de cualquier proyecto mínimamente diferenciado del PSOE, del que van camino de convertirse en un mero apéndice y con quien las principales diferencias se producen en temas como la prostitución.
Específicamente sobre la cuestión de la prostitución, la propuesta presentada por el PSOE a mediados de marzo es un brindis al sol destinado únicamente a contentar a ciertos sectores del movimiento feminista que le son afines. Es sabido que no hay condiciones para la aprobación de su propuesta salvo con el apoyo del PP, aparte del hecho de que tampoco existen los medios adecuados para aplicar las medidas anunciadas y de que no se abordan de ninguna manera las condiciones económicas y sociales que están en la raíz del fenómeno de la prostitución.
Por su parte, Pedro Sánchez está intentando consolidar su figura internacional, seguramente pensando en su propio futuro. Esto tiene dos facetas. Por una parte, la reciente gira por Jordania, Arabia Saudí y Catar, donde se trató no solamente la situación palestina sino también asuntos de negocios. En este sentido, es relevante preguntarse por qué razón el anuncio del reconocimiento del Estado palestino para el verano y no en estos momentos, cuando es una decisión que puede tomar el Gobierno en cualquier momento.
Por otro lado, está la cuestión de la presentación de Sánchez y su Gobierno como la “resistencia socialdemócrata” en un marco de sucesivas victorias electorales de fuerzas liberal-conservadoras en Europa. Sánchez quiere presentarse, aprovechando esta situación, como exponente de una forma específica de gestión que, compartiendo los ejes esenciales del modelo de dominación capitalista, presenta al Estado como disciplinador del capital y a la socialdemocracia como garante de una más justa y más eficaz redistribución, gracias en parte a la “justicia fiscal”, promoviendo nuevos mecanismos de imposición sobre las grandes fortunas. Olvidan Sánchez y quienes pregonan este tipo de argumentos dos cuestiones fundamentales: una, que el Estado no “disciplina” al capital, sino que es el instrumento de los capitalistas para garantizar sus inversiones; y dos, que la “justicia fiscal” es posible en momentos de determinada coyuntura económica, mientras en otros, prima la “disciplina fiscal”, que generalmente paga la mayoría trabajadora.
También, como forma de marcar perfil frente a PP y VOX, sale a la palestra nuevamente el asunto de las leyes de memoria histórica, que Sánchez pretende reivindicar con el objetivo de colocar al PP como rehén de VOX y, de paso, como facilitador de las posiciones revisionistas sobre el franquismo, en una cierta disputa por el centro político que puede desarrollar gracias al que el flanco izquierdo de la socialdemocracia está completamente sometido a sus posiciones e inmerso en una crisis importante. En este sentido, es cierto que las leyes “de concordia” que están aprobando los gobiernos autonómicos como el Castilla y León, Valencia o Aragón son auténticos disparates que equiparan el período republicano con el franquista o que obvian la palabra “dictadura”, al tiempo que igualan a víctimas y verdugos. Pero, al mismo tiempo, debemos incidir en que la Ley de Memoria Democrática del anterior gobierno de coalición, elaborada a partir de la de Memoria Histórica aprobada durante el primer mandato de Zapatero, era totalmente insuficiente, un lavado de cara gubernamental tras años de silencio estatal absoluto sobre las personas desaparecidas, profundamente indigna al presentar la democracia burguesa salida de la Transición como superadora de todos los males anteriores sin tocar un pelo de los responsables de los crímenes franquistas. Por todo ello, nuestro enfoque debe ser el que ya han puesto encima de la mesa algunos comités como el de Castilla y León, denunciando la cortedad de las leyes aprobadas por la socialdemocracia al tiempo que se enmarcan los pasos atrás que suponen estas leyes autonómicas en un proceso de revisionismo histórico flagrante encaminado nuevamente a borrar la memoria de nuestra clase.
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