Cada año se realizan en el mundo más de 25 millones de abortos inseguros, causando más de 30.000 muertes entre mujeres y adolescentes. A estos datos, hay que añadir que millones de mujeres son hospitalizadas anualmente por la práctica de este tipo de aborto, mayoritariamente clandestinos.
Como siempre, son las mujeres más vulnerables las que sufren las consecuencias del deterioro del sistema público de salud. La objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que además, se torna incuestionable, por encima de la salud y los deseos de las mujeres; las miles de trabas burocráticas; el desvío hacia clínicas privadas; el acoso y hostigamiento en las clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo… Todo ello, está convirtiendo la salud sexual y reproductiva de las trabajadoras en un negocio para beneficiar a las clínicas de sanidad privada, siendo inaccesible, en muchísimas ocasiones, para las mujeres de la clase obrera.
Hasta ahora, casi el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se deriva a clínicas privadas, donde en muchos casos, esos mismos sanitarios que son objetores de conciencia en la sanidad pública, realizan abortos sin ningún tipo de incoveniente. De hecho, Madrid, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha no registraron ningún aborto en un centro sanitario público en el año 2020. Por no hablar de provincias como Teruel, Zamora o Cáceres, entre otras, donde las mujeres no pueden ejercer su derecho a la IVE y tienen que recorrer a veces, cientos de kilómetros, para poder abortar.
Son las mujeres trabajadoras las que de manera mayoritaria sufren las limitaciones de su derecho a abortar. Y especialmente, son las más jóvenes las que padecen más dificultades: falta de recursos, falta de información, falta de acceso a métodos anticonceptivos, falta de apoyo de sus progenitores.
A pesar de que con la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, nos quieran hacer ver desde la socialdemocracia que se trata de un gran avance para las mujeres, en realidad no deja de ser migajas para las trabajadoras. Que se permita, aunque vaya a estar regulado, que siga existiendo la objeción de conciencia entre los sanitarios y sanitarias, significa que todo seguirá como hasta ahora: derivación a clínicas privadas y desplazamientos de muchas horas para miles de mujeres para poder ejercer su derecho al aborto. Por lo tanto, no podemos celebrar como un avance una ley que sigue siendo completamente insuficiente para la mayoría de las mujeres.
La sexualidad y los derechos reproductivos son un asunto político muy importante que se relaciona de manera directa, e históricamente, con las relaciones capitalistas de producción y es por este motivo por lo que dentro del capitalismo nuestros derechos no van a estar nunca garantizados, por más parches que les quieran poner.
El 28 de septiembre, y todos los días, salimos a las calles para luchar por la despenalización del aborto y por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos sin trabas. Y la mejor garantía para que esto suceda es la organización de las trabajadoras.
¡Por el derecho a un aborto libre, seguro, público y gratuito!
Oficina de Prensa del PCTE