Este junio concluyó un curso marcado por numerosas polémicas vinculadas con el sector de la enseñanza en Aragón. Algunas de ellas son recientes y otras vienen de largo, pero la situación general sigue siendo de descontento ante una precariedad creciente, los cada vez mayores recortes y la primacía de la interinidad.
Todo esto provoca que la educación pública carezca de los recursos necesarios para garantizar una enseñanza de calidad a los hijos e hijas de la clase trabajadora aragonesa, a pesar de un nuevo acuerdo alcanzado entre gobierno y sindicatos (a excepción de CGT) que, sobre el papel, disminuye las horas lectivas del profesorado y garantiza un moderado aumento del sueldo.
Cabe mencionar, en primer lugar, que nuestra comunidad es la tercera en cuanto al porcentaje de profesorado interino, un 40% del total. Esta situación provoca que numerosos profesores sepan cuál va a ser su destino y de cuánto va a ser la duración de su contrato prácticamente con 24 horas de antelación, lo que dificulta cualquier tipo de planificación y conlleva numerosos problemas para encontrar una vivienda adecuada u organizar el transporte. Además, los cambios constantes de profesorado dificultan tanto la organización y preparación de las clases como el establecimiento de vínculos con los estudiantes, importantísimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por otro lado, y a pesar del acuerdo mencionado, los docentes aragoneses siguen estando entre los peores pagados del país, a lo que se le añade una importante disminución del poder adquisitivo de los miembros del sector debido al alza generalizada de los precios. Si a esto le sumamos la ya comentada interinidad de numerosos trabajadores de la comunidad educativa, vemos cómo los gastos constantes en transporte y alojamiento convierten a la docencia en una realidad mucho más precaria de lo que puede creerse.
De hecho, de entre todo el cuerpo de profesorado quizá los que más han sufrido el menosprecio de la administración son los dedicados a la enseñanza en Formación Profesional. Ha pasado más de un año desde que se inició el proceso de integración de estos profesores dentro del cuerpo de Secundaria, lo cual se traducía en un aumento considerable del sueldo con efecto retroactivo desde el año 2021. Sin embargo, no se ha iniciado ningún pago ni existen perspectivas de que suceda a corto plazo, mientras el nuevo gobierno culpa al anterior de la falta de fondos para ello.
A todo esto debemos sumar que, conforme se han ido conociendo los cupos de profesorado por centros para el nuevo curso, se ha hecho evidente que la acordada reducción de la jornada lectiva para los docentes puede tener vinculada la contratación de menos trabajadores, especialmente en el ámbito de infantil y primaria. Por lo tanto, el número de alumnos por clase aumentaría, hecho que disminuye considerablemente la calidad de la educación y más en etapas tan tempranas, puesto que impide el trato personalizado al alumnado.
Sin embargo, y a pesar de las evidencias aquí mencionadas, vemos cómo el Ejecutivo de Azcón se jacta del incremento de la inversión en educación en 155 millones de euros (un 11%) respecto al curso anterior. Mientras tanto, los cuerpos directivos y las familias de alumnos pertenecientes a numerosos centros públicos denuncian los recortes en recursos humanos y materiales. Además del problema de los ratios de alumnado por clase, han quedado plazas de auxiliares de educación especial sin cubrir, se ha ahorrado en la organización de los tribunales de oposiciones a costa del bienestar de sus componentes e incluso sobrevoló la idea de retrasar la fecha de contratación del profesorado interino al principio del curso lectivo, y no el 1 de septiembre como se hacía hasta ahora.
Y es que un porcentaje importante de este presupuesto ha estado destinado a centros concertados, especialmente aquellos que imparten FP y han incrementado sus plazas en los últimos años, con el perjuicio que supone para la educación pública. Aun así, no es necesario ahondar demasiado para encontrar entre docentes de centros privados y concertados condiciones laborales peores a las de sus compañeros en la escuela pública, ya que tienen un mayor número de horas lectivas y su sueldo es inferior. Es evidente que la inversión de dinero público no ha servido tampoco para mejorar la situación de estos trabajadores, sino, en todo caso, para la de los gestores de los centros.
Los y las comunistas somos conscientes de que la educación en el capitalismo, lejos de ser ese ascensor social que algunos defienden, es un instrumento que sirve primordialmente para la formación cada vez más hiperespecializada de la mano de obra, para adaptar su formación cada vez más a las necesidades del mercado en cada momento. Las constantes reformas en las distintas ramas educativas, la cada vez mayor intromisión de los intereses privados y el papel cada vez más protagonista de estudiantes en prácticas lo demuestran. Mientras tanto, personal docente y no docente ve cómo el aumento de presupuesto se va a las empresas de la concertada, cómo faltan recursos materiales y humanos, cómo la organización vital es una quimera si eres interino/a…
Una vez expuesto todo esto, queda patente que la solución a este proceso de precarización generalizado del sector educativo no es una prioridad del gobierno autonómico, más bien todo lo contrario. Lo acontecido durante el curso y lo acordado para el siguiente no es sino el enésimo ejemplo de su desinterés hacia la consecución de unos servicios públicos de calidad y accesibles para todos los miembros de la clase trabajadora. Desde el PCTE exigimos que se garanticen unas condiciones laborales dignas para el profesorado y que se dediquen a la educación pública todos los recursos necesarios para asegurar el presente y el futuro de los estudiantes. Animamos también al conjunto de la comunidad educativa a hacer valer sus intereses como única garantía para construir una nueva educación, una que sirva para formar personas en el más amplio sentido, y no para que seamos piezas de su engranaje de explotación.