Comienza un nuevo curso y el profesorado de Cantabria vuelve a los centros de trabajo con un conflicto abierto. La Junta de Personal Docente ha lanzado una campaña, Por la pública, ante el bloqueo de las principales negociaciones por parte de la Consejería de Educación. La situación que ha llevado a esta convocatoria no es nueva: seguimos acumulando problemas de ratios, plantillas, burocracia y condiciones de trabajo, mientras la Administración incumple los compromisos adquiridos y demora una y otra vez la apertura de negociaciones. Y este verano ha acometido una eliminación de aulas en centros públicos, con el consiguiente recorte de plantilla. Después de todo lo ocurrido durante los últimos años, sin embargo, no afrontamos este nuevo curso en las mismas condiciones que los anteriores. Hemos aprendido que cuando nos organizamos y luchamos, tenemos fuerza para obligar a la Administración a moverse, pero también hemos comprobado que una movilización, por grande que sea, no garantiza por sí misma que esa fuerza se convierta en organización permanente.
Esta es probablemente la principal enseñanza que debemos extraer del conflicto salarial. Durante muchos años el profesorado cántabro habíamos vivido una situación de profunda desmovilización. La reivindicación de la adecuación salarial llevaba más de una década pendiente, mientras la relación entre las direcciones sindicales y la plantilla docente se había reducido considerablemente. La falta de participación no era una característica natural del profesorado ni una falta de combatividad. Era el resultado de años de desmovilización. Por eso fue tan importante lo que ocurrió en los últimos cursos. El encierro de noviembre de 2024, las concentraciones, las manifestaciones y, especialmente, las huelgas de 2025 demostraron que detrás de aquellos centros aparentemente desmovilizados existía una enorme capacidad de lucha. El 3 de abril de 2025, el 67% del profesorado secundó la huelga. La movilización había demostrado que el problema no era nuestra falta de fuerza, sino nuestra falta de organización. No faltaban trabajadores dispuestos a movilizarse: faltó una decisión sindical que permitiera aprovechar con decisión toda aquella fuerza.
Durante 2025, cuando convenía aumentar la intensidad de las huelgas y ampliar el nivel organizativo del profesorado, se optó por reducir la intensidad de las medidas y adaptar progresivamente la movilización a aquello que se consideraba “asumible” en la negociación. La posición del sindicalismo de clase debe ser siempre que la negociación esté subordinada a la fuerza de la movilización y no la movilización a los límites que la Administración estuviera dispuesta a aceptar.
El acuerdo salarial de marzo de 2026 debe entenderse precisamente desde esta perspectiva. La mejora conseguida es fruto de la lucha y supone un avance respecto a la situación anterior, pero está muy lejos de los 325,66 euros mensuales que constituían nuestra reivindicación inicial y no recupera íntegramente la pérdida acumulada. La Administración fue mejorando sus ofertas a medida que aumentaba la presión, no porque de repente hubiera comprendido la justicia de nuestros argumentos; la negociación avanzó porque fuera de la mesa había trabajadores movilizados.
Esta experiencia debería servirnos para afrontar las próximas reivindicaciones: no debemos confiar en que una buena argumentación sea suficiente para convencer a la Administración, sino construir la fuerza organizada que la obligue a ceder. Y tampoco debemos esperar a que aparezca una reivindicación especialmente grave para comenzar a organizarnos. Si queremos evitar que dentro de unos años volvamos a descubrir que hemos perdido poder adquisitivo, derechos o condiciones de trabajo durante demasiado tiempo, necesitamos mantener una organización capaz de defender permanentemente nuestros intereses.
Ahí está precisamente el reto que los docentes de Cantabria tenemos por delante. Una huelga no puede terminar cuando termina la huelga. Si después de una movilización miles de compañeros regresamos a nuestros centros y la actividad sindical vuelve a quedar concentrada en unos pocos representantes, habremos utilizado solo una parte de la fuerza que hemos demostrado tener. Cada conflicto debería dejarnos más organizados que el anterior: más compañeros participando en nuestros sindicatos, más capacidad para intervenir colectivamente en los centros, más relaciones entre trabajadores de distintos colegios e institutos y más experiencia para preparar nuevas luchas. Las asambleas tienen aquí un papel fundamental, pero no podemos olvidar de dónde partimos. Durante años se había perdido una cultura de participación directa y no podíamos reconstruirla de un día para otro. Las asambleas no deben ser reuniones en las que los representantes sindicales informen a los trabajadores de lo que se ha decidido de antemano, sino espacios en los que los trabajadores mismos discutamos y decidamos qué queremos y cómo estamos dispuestos a luchar por ello.
El nuevo curso debe servir para avanzar en esta organización de las y los trabajadores en cada centro educativo. No corresponde únicamente a la Junta de Personal organizar cada paso en las movilizaciones mientras las y los docentes esperan instrucciones pasivamente. Tenemos que hablar con nuestros compañeros, explicar las reivindicaciones, discutirlas en los claustros, participar en nuestras organizaciones sindicales, contactar con las familias y preparar colectivamente el conflicto. El objetivo no debe ser únicamente conseguir que las movilizaciones tengan un seguimiento masivo, sino conseguir que al día siguiente haya más compañeros organizados y más capacidad de lucha en nuestros centros.
Esto exige también superar el corporativismo. Somos docentes, pero somos ante todo trabajadores, y nuestros intereses no pueden separarse artificialmente de los del resto de nuestra clase. Lo mismo ocurre con los trabajadores de la enseñanza concertada: que trabajen para un centro privado no elimina su condición de trabajadores ni los intereses que compartimos con ellos. Sus salarios dependen en gran medida de la financiación y de las decisiones de la Administración y sus condiciones laborales están estrechamente vinculadas a las nuestras. Podemos defender una red pública única de enseñanza y, al mismo tiempo, defender los derechos y las condiciones laborales de quienes hoy trabajan en la concertada. No queremos que la desaparición de la red concertada se haga a costa de esos trabajadores; queremos que formen parte de la clase trabajadora organizada que luche por una educación pública de calidad y por unas mejores condiciones laborales. Dividir a los trabajadores de la enseñanza entre públicos y concertados solo sirve para debilitar nuestra fuerza colectiva.
La defensa de nuestros intereses tampoco puede depender de quién ocupe en cada momento el Gobierno de Cantabria. La experiencia de estos años demuestra que los avances no han llegado porque una Administración haya decidido voluntariamente concedernos nuestras reivindicaciones, sino porque nuestra movilización ha elevado el coste de mantener su negativa. Gobierne quien gobierne, nuestra fuerza está en nuestra organización. Por eso no podemos esperar a las próximas elecciones para resolver los problemas de nuestros centros ni delegar en las instituciones aquello que solo nosotros podemos conquistar mediante nuestra lucha. La defensa de la educación pública forma parte además de la defensa de los intereses de toda la clase trabajadora: cada reducción de ratios, cada plantilla que se refuerza, cada derecho laboral que conquistamos y cada mejora de la educación pública beneficia al conjunto de las familias trabajadoras. Y en esa defensa será clave articular la lucha junto con el estudiantado y las familias trabajadoras, que de hecho ya han denunciado los obstáculos en las matriculaciones de sus hijos e hijas en centros públicos y el recorte de unidades y han comenzado a organizarse.
Comenzamos, por tanto, este curso con una tarea concreta. No volver a empezar cada conflicto desde cero. Tenemos una experiencia de lucha que debemos conservar y convertir en organización. Tenemos compañeros que han participado por primera vez en una huelga y que pueden dar ahora un paso adelante. Tenemos relaciones construidas entre centros que pueden mantenerse. Tenemos una experiencia que demuestra que aquello que durante años parecía imposible puede conquistarse cuando confiamos en nuestras propias fuerzas. Pero todavía tenemos mucho camino por recorrer: hemos demostrado que el profesorado de Cantabria puede movilizarse a miles, pero todavía no hemos conseguido que miles de trabajadores quedemos organizados después de la movilización. Esa es la tarea que tenemos ante nosotros.
Por eso llamamos al profesorado cántabro a comenzar el curso organizando nuestros centros, participando en nuestros sindicatos, recuperando las asambleas como espacios de decisión y preparando colectivamente todas las herramientas de lucha. No se trata solamente de conseguir una reivindicación concreta. Se trata de que cada lucha nos permita avanzar un paso más en nuestra capacidad para defendernos, de que cada conflicto nos deje mejor organizados que el anterior y de que aprendamos a confiar en la fuerza que tenemos cuando actuamos colectivamente. Porque ya sabemos que podemos luchar. Lo hemos demostrado.
Es necesario, sin embargo, aumentar el nivel de organización para plantearnos metas mayores. No podemos pasar toda la vida en una perpetua lucha de resistencia contra un Gobierno u otro. Necesitamos que la clase obrera estemos organizados y movilizados en todos los sectores para aspirar a construir un modelo de sociedad radicalmente diferente, en el que la riqueza que producimos no quede en manos privadas y en el que los servicios públicos no estén sistemáticamente en peligro.
Avancemos hacia la organización del profesorado en los centros de trabajo, hacia una educación pública dirigida por y para los trabajadores, hacia la unidad de la clase obrera.
Comité de Cantabria
Partido Comunista de los Trabajadores de España
28 de agosto de 2026