La Rioja

La situación de la enseñanza riojana en el primer tramo del curso

By 8 enero 2021 No Comments

Durante los meses de verano los y las profesionales de la educación convivimos con la incertidumbre sobre el inicio del curso 2020-2021. Las expectativas eran bajas: las grandes dificultades para finalizar el curso anterior y la alta improvisación de las administraciones durante los primeros meses de pandemia dejaron a trabajadores y estudiantes a su suerte.

La reapertura del curso escolar no fue diferente: falta de coordinación y comunicación de las instituciones educativas, ausencia de directrices claras durante los primeros meses, falta de protocolos sanitarios y ausencia de personal formado para su vigilancia y control, así como la conocida falta de personal laboral y docente, han puesto de manifiesto la falta de previsión de las Administraciones.

Si bien es cierto que se han pulido protocolos ante la insistencia de la comunidad educativa, la falta de medios efectivos para hacerlos cumplir hace que los y las docentes, así como los estudiantes, se encuentren sin la protección y seguridad necesarias. Más allá de las particularidades de cada centro, en estos primeros meses nos encontramos con problemáticas comunes: no se proporciona al profesorado las mascarillas suficientes para desarrollar con seguridad toda su jornada laboral (y se ven obligados a adquirirlas con dinero de sus bolsillos), las ratios en muchas aulas no permiten al alumnado guardar la distancia de seguridad, la falta de espacios adecuados o la ausencia de medidas como dispositivos de ventilación nos llevan a una disyuntiva entre abrir las ventanas para ventilar, con el consiguiente frío en los meses de invierno, o no ventilar y exponerse al contagio. Además, la inclusión de personal sanitario en los centros educativos, reivindicación que existe desde hace mucho tiempo y que ahora se vuelve más necesaria que nunca, no se contempla y se atribuyen estas funciones a docentes a los que se les otorga una responsabilidad y unas tareas para las que no están formados.

Los efectos de décadas de privatización de la educación en nuestro país, intensificada especialmente a partir de la crisis de 2008, indudablemente se han hecho notar. Existe un alto déficit de funcionariado público administrativo indispensable para la gestión y coordinación interna de los centros, y este año, más aún que de costumbre, la saturación es evidente, con las consecuencias negativas que ello acarrea.

A nivel docente, la tasa de interinidad de la comunidad se sitúa como una de las más altas del país, superando el 40%. La última convocatoria pública de oposiciones en La Rioja está lejos de cubrir las necesidades de personal docente en los colegios e institutos. Todo ello viene a consolidar una bajada general de las condiciones laborales del personal educativo y de la calidad educativa: cada vez tendremos más alumnos por aula, incluso en una situación de pandemia en la que se agudiza la necesidad de reducir las ratios. Además, la alta temporalidad del profesorado hace muy complicado que los centros establezcan y consoliden proyectos educativos adecuados a sus realidades concretas.

¿Y la nueva ley? La ley Celaá no modifica ninguno de estos aspectos que los docentes y la comunidad educativa tienen entre sus principales reivindicaciones, como la bajada de ratios, la bajada del porcentaje de interinidad o la mejor regulación del acceso a la profesión. La ley, y los debates suscitados a partir de ella, sitúan el foco en cuestiones menos relevantes, y tras ellas se ocultan aquellas que más afectan a la calidad de la enseñanza; son debates entre fuerzas políticas que en realidad apuestan por un mismo tipo de educación en lo fundamental, una educación que responde a los intereses de los capitalistas. Una vez más nos hablan de modernización e innovación pedagógica para tapar lo que está siendo un proceso cada vez mayor de intromisión de las empresas en la educación pública, en este caso con las herramientas de docencia telemática. Con este pretexto y con esos acalorados pero poco profundos debates, se oculta que en realidad la LOMLOE sigue la estela de la LOMCE en cuanto a la privatización de la educación y la asunción de las directrices de la Unión Europea en esa línea.

Las organizaciones sindicales deben dar un paso adelante y canalizar las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza por una vía que no sea solo la institucional, y no esperar, en las claves del pacto social, a ver qué pequeñas mejoras pueda ir concediendo el Gobierno socialdemócrata de la comunidad. Es imprescindible reiniciar los procesos de movilización en defensa de  la educación pública y de calidad al servicio de la clase obrera como única vía para sostener en el tiempo nuestras reivindicaciones y hacerlas cumplir, y para que la educación responda efectivamente a los intereses de la mayoría.

La pandemia no es un cheque en blanco para no reforzar los servicios públicos mientras se refuerzan las ayudas a las grandes empresas sin condición alguna. Por todo ello, como medidas inmediatas exigimos:

  • 20 estudiantes por aula ¡Unas ratios bajas valen más que mil innovaciones!
  • Reducción drástica del porcentaje de interinidad mediante la consolidación laboral de los interinos. La función interina debe ser concebida con un carácter breve, para suplir bajas temporales y no como una regla.
  • Refuerzo de las plantillas de la Administración educativa.
  • Refuerzo del personal laboral de los centros (limpieza, técnicos, comedores, transporte, etc.) ¡No a su privatización!
  • Integración de personal sanitario especializado en los centros cuya necesidad se ha hecho notar todavía más con la pandemia.

Estas medidas son necesarias para abordar los problemas crónicos de la educación pero no son suficientes para solucionarlos definitivamente. La situación de la educación pública empeora a un ritmo sin igual. Desde uno y otro Gobierno han demostrado su falta de voluntad e incapacidad para gestionar el momento actual. Es necesario que quienes estamos al pie del cañón tras años de recortes y durante la pandemia demos un paso al frente y organicemos la lucha desde cada centro educativo, plantando batalla desde los claustros y los consejos escolares, con nuestros compañeros de trabajo, mientras nos coordinamos con el conjunto de la comunidad educativa y las organizaciones populares y sindicales para fortalecer la lucha por una educación pública de calidad al servicio de la clase obrera.

¡No pagaremos esta crisis ni con nuestra salud ni con nuestros derechos!