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La Comunidad de Madrid está reorganizando el sistema sanitario regional para dar respuesta a la crisis del COVID-19. Varios hospitales en Madrid han colapsado, pero la CAM mantiene plantas y torres cerradas en algunos hospitales públicos de gestión privada o incluso la UCI del Hospital Infanta Sofía.

La sanidad privada sigue sin ser intervenida y atiende a 2.200 pacientes de COVID-19, a pesar de disponer de una capacidad de 6.700 camas. La mera coordinación no basta, el mantenimiento del negocio privado en medio de esta situación es un crimen contra la salud pública. En su lugar se apuesta por medicalizar hoteles y levantar hospitales de campaña como el IFEMA, con más de 5.000 camas, que ahora enfrentan un grave problema de falta de personal para atender las necesidades fundamentales en estas instalaciones.

Para cubrir esta falta de personal las medidas adoptadas han sido:

  • Cierre y fusión de numerosos Centros de Salud de los distintos barrios de los municipios de la Comunidad de Madrid.
  • Los SUAPs (Servicio Urgente de Atención Primaria) sólo abrirá los fines de semana de 8:00 a 21:00.
  • La actividad asistencial se realizará partir de ahora por 1 o 2 centros de salud donde antes había 7 u 8.

¿Qué consecuencias tiene el desmantelamiento de la Atención Primaria?

Mientras desde la misma Consejería de Sanidad se nos indica al pueblo trabajador que no acudamos a los centros hospitalarios para evitar contagios y saturación de urgencias, se nos conmina a no salir de casa y a evitar desplazamientos no imprescindibles, se nos niega la posibilidad de acudir a nuestro centro de salud de referencia. Esto provocará numerosos desplazamientos de mayor recorrido para acceder a la Atención Primaria, con las dificultades ocasionadas por las limitaciones de movimiento establecidas en el Estado de Alarma, además de dificultar el acceso de las personas con mayores problemas de movilidad (mayores y dependientes). Ante esta esta situación la población acudirá a las urgencias hospitalarias, contribuyendo así al colapso sanitario y aumentando exponencialmente la propagación del virus.

Están en riesgo el seguimiento telefónico a personas con sospecha de contagio por COVID19, la realización de pruebas y cribados, así como la atención fundamental a mayores y personas de riesgo. Precisamente esta población es la que hoy en día está confinada en casa, la mayoría con varias patologías y polimedicadas, necesitan  del seguimiento a sus enfermedades. Además son el grupo poblacional de mayor riesgo ante la pandemia del coronavirus. Se elimina una atención necesaria a afectados por otras enfermedades o tratamientos y desaparece un filtro para reducir la presión sobre los hospitales.

El 061, el 112 y la línea 900 habilitada para consultas sobre el Covid-19 están saturados y no pueden absorber tampoco la necesidad que tiene nuestro pueblo de acceso al sistema sanitario, con lo que ante horas y días de espera, acudirá presencialmente al servicio de salud para ser atendido, con el riesgo de propagación del virus que esto supone.

El Summa 112 cuenta para todo Madrid con 28 UVI móviles, 38 Unidades de Atención Domiciliaria y menos de 100 ambulancias, un servicio que ya era deficitario antes del estallido de la emergencia sanitaria y para el que además no hay EPIs que garanticen la seguridad de los trabajadores.

Consideramos imprescindible mantener la Atención Primaria y reforzar todo el sistema con los recursos materiales y los trabajadores de la sanidad privada. No se puede postergar más la intervención de las empresas del ámbito sanitario para garantizar la salud de la población.

TODOS LOS RECURSOS SANITARIOS BAJO CONTROL PÚBLICO

Comité Regional de Madrid

Partido Comunista de los Trabajadores de España