La Comunidad de Madrid ha sido desde el inicio de esta crisis sanitaria el epicentro de la pandemia. Se ha destacado sobre el resto de comunidades autónomas y la media nacional en casi todas las estadísticas acerca de la incidencia del COVID-19. Los datos apuntan en la dirección de una estabilización de la situación y el comienzo del descenso en el número de contagios, hospitalizaciones y muertes, descenso que podría ser mucho más acusado si se paralizara efectivamente la producción no esencial, aunque no contentos con la situación actual, los cientos de muertos diarios no parecen importar a la patronal, ni al Gobierno que les sirve, pues va a comenzarse la próxima semana a levantar las restricciones a la actividad económica.
Uno de los escenarios más trágicos de esta emergencia sanitaria se ha producido en las residencias de mayores de la Comunidad. Tras el obscurantismo en los datos por parte del gobierno regional, el TSJ ha obligado a la Comunidad a publicar los datos reales. El número de fallecidos por coronavirus en residencias asciende a 4.260, de los que solo 781 ha sido registrado oficialmente como tal, llegando en la tercera semana del confinamiento a una escalofriante cifra de 285 muertes al día. El 76% de los fallecidos por COVID-19 en nuestra región estaba ingresado en una residencia de mayores. Estas cifras exigen un análisis detallado de la gestión política de la situación, pues hay causas y responsables de la situación.
En primer lugar, debemos destacar el grado de privatización del sector, es decir, que la obtención del máximo beneficio se imponía sobre la necesidad de garantizar la atención y los cuidados a los mayores en Madrid. Muchas familias obreras ni siquiera podían acceder a estos servicios, debiendo atender estos cuidados en el marco familiar, recayendo estos cuidados especialmente en la mujer trabajadora.
En Madrid hay 474 residencias de mayores, de las cuáles tan solo 25 son públicas de gestión directa, 18 de titularidad pública y explotación privada, 161 concertadas y 270 exclusivamente privadas. Tan solo el 5% de plazas en residencias son públicas, para atender a una población mayor de 1.181.039 o lo que es lo mismo un gran nicho de negocio para el capital privado en el ámbito de los cuidados. Este negocio se ha llevado miles de vidas por delante, ya que el 93% de los fallecidos en residencias lo han sido en residencias privadas.
Los escándalos por la falta de personal y medios materiales habían estallado ya en varias residencias en los últimos años, con más de un centenar de residencias sancionadas por incumplimientos e incluso en las de titularidad pública la Comunidad reconocía la falta de personal, con hasta 215 vacantes en base a la Relación de Puestos de Trabajo en residencias. Los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales denuncian turnos extenuantes por la falta de personal, que conllevan múltiples bajas por enfermedad y accidentes laborales que no se cubren y que, por lo tanto, redundan en la desatención de los residentes. Con estos antecedentes no es de extrañar que algunas residencias se hayan convertido en focos de muerte.
La Comunidad de Madrid no adoptó ninguna medida específica hasta una semana después de decretado el Estado de Alarma, en el que desde la competencia de Políticas Sociales en manos de Ciudadanos se solicitó a la UME la desinfección de residencias, decisión que provocó la asunción de la competencia por Sanidad, en manos del PP, evidenciando la primacía de la imagen política sobre la solución del problema.
El 31 de marzo se adoptó la decisión de intervenir la gestión de 8 residencias de mayores, intervención que alcanza un número ridículo de residencias y que consiste únicamente en la asistencia al centro y evaluación de la situación por un funcionario público, asumiendo la gestión de la comunicación entre los residentes y las familias. La otra medida anunciada, que aun no se ha concretado en nada es la agrupación de los mayores afectados por COVID-19 en residencias específicas. Rechazamos estas medidas por insuficientes, por consistir en un ejercicio más de marketing político que en una solución real.
Ante esta situación de emergencia exigimos la intervención efectiva de todas las residencias de mayores para garantizar una serie de medidas urgentes:
- Desinfección inmediata de todas las instalaciones.
- Realización de tests a toda la población alojada en residencias de la CAM y a todos los trabajadores del sector, tanto contratados directamente como personal subrogado o asociado.
- Dotación de EPIs a todas las plantillas, tanto contratados directamente como personal subrogado o asociado.
- Medicalización de todas las residencias donde surjan focos de COVID-19.
- Garantía de comunicación diaria entre familiares y residentes.
- Apoyo psicológico gratuito para las familias que hayan perdido a sus seres queridos tanto en residencias como en instalaciones hospitalarias.
- Adecuación del ratio entre residentes y el distinto personal a la situación de dependencia real, bajo estricto criterio profesional.
- Contratación de todo el personal necesario para cubrir una atención digna y de calidad para toda la población alojada en residencias en la CAM.
- Nacionalización de todos centros tanto privados como concertados en una única red pública de residencias, asumiendo los trabajadores la dirección, organización y gestión de todos los centros.
Comité Regional de Madrid
Partido Comunista de los Trabajadores de España