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Nuevos Presupuestos Generales de la CAM, nuevos ataques contra la clase obrera

By 23 diciembre 2021 No Comments

Los nuevos Presupuestos Generales que están en tramitación en la Asamblea de Madrid vienen a confirmar el rumbo marcado en nuestra Comunidad como punta de lanza de las políticas que demandan los sectores dominantes de la patronal en nuestra región.

La nueva crisis económica que estallara a principios de 2020, en la que la pandemia del coronavirus actuó como un importante catalizador, ha colocado a los capitalistas ante la necesidad de recuperar su tasa de ganancia. Estos presupuestos forman parte del ataque desatado por la patronal y los gobiernos a su servicio contra la clase obrera y los sectores populares, son una herramienta más para garantizar la salida de los capitalistas de la crisis.

Su salida de la crisis pasa por diferentes vías, siendo la principal el aumento del grado de explotación de la clase obrera, elemento central sobre el que pivotan las negociaciones de la nueva reforma laboral. Otras importantes vías tienen que ver con la ampliación de los mercados existentes o la apertura de nuevos. En este punto toma especial relevancia el papel del gobierno de la Comunidad de Madrid que, por sus amplias competencias, está en posición de garantizar estos mercados a los capitalistas a través de la privatización de los servicios públicos bajo su control.

La estrategia liberal seguida hasta la fecha en Madrid, que se refuerza en estos presupuestos, pasa por el deterioro de los servicios públicos favoreciendo por distintas vías la alternativa privada; transfiriendo rentas del trabajo al capital a costa de acumular deuda pública que, a su vez, sirve nuevamente para justificar los recortes de estos servicios públicos, la reducción del gasto, su desmantelamiento, etc.

Todo ello se acompaña de una potente campaña ideológica fundamentada en la idea de que la penetración del capital privado en los servicios públicos, a través de figuras como la colaboración público-privada, amplía su oferta favoreciendo así la libertad de elección de los usuarios. La realidad es que estos capitalistas actúan como verdaderos parásitos, tratando de “conseguir” las mayores adjudicaciones públicas posibles para después recortar al máximo el coste de poner en marcha dichos servicios. Las consecuencias son un desmantelamiento a marchas forzadas de los servicios públicos a costa de transferencias millonarias a los capitalistas..

La deuda pública de la Comunidad asciende a 35.194 millones de euros en el 2º trimestre de 2021, situándose en el 15,7% del PIB, un 5% más que en 2019. De los 23.033 millones de presupuesto, un 13,33% del total se destina a sufragar servicios privatizados en formato de conciertos, concesiones y contratos de servicios: 1.165 millones de euros para conciertos educativos, 919 millones para conciertos sanitarios (reconociéndose actualmente una deuda del SERMAS por estos conciertos de 769 millones), 272 millones en residencias de mayores y centros de día y 720,6 millones en contratos de mantenimiento, seguridad, limpieza y otros servicios. Hablamos de más de 3.000 millones de euros que se transfieren directamente al bolsillo de los capitalistas a cambio de una gestión deficitaria e incapaz de cubrir las necesidades sociales de la mayoría de la población.

Para complementar esta estrategia se promueven ayudas directas al consumo que aseguren cierta demanda interna mediante la transferencia de rentas del trabajo al capital, especialmente hacia aquellos sectores con una amplía presencia de capital privado o cuyos servicios están en un proceso acelerado de privatización.

Así, podemos destacar las ayudas al estudio para Bachillerato y FP, dos ámbitos educativos donde a la par que se recorta la oferta pública aumentan las iniciativas privadas al calor de la financiación pública, con especial incidencia de instituciones vinculadas a la Iglesia Católica. En el mismo sentido aparecen las becas de Educación infantil, que aumentan su cuantía y extensión en un sector donde el 65% de las Escuelas Infantiles son privadas. Todas estas medidas son presentadas por el gobierno regional y sus socios de la extrema derecha como medidas que aseguran la gratuidad y la calidad de la educación, cuando lo único que garantizan son las ganancias de los monopolios del sector.

La misma lógica aplica en las ayudas a la compra y sustitución de vehículos, a la rehabilitación de edificios, los programas de apoyo a la investigación, el deporte, la cultura o la nueva ayuda a la maternidad dentro del Plan de Natalidad.

Al mismo tiempo se anuncia una nueva rebaja del 0,5% del tramo autonómico del IRPF hasta situarlo en el 9%, lo que supone una reducción de 334 millones de ingresos y que se suma a otras exenciones y deducciones fiscales propias de la Comunidad como las del Impuesto sobre el Patrimonio, bonificado al 100%, y el de Sucesiones y Donaciones, al 99%. Estas medidas favorecen notablemente a las grandes rentas mientras que tienen un impacto mínimo en la capacidad de ahorro de la clase obrera y el pueblo trabajador.

Por primera vez en los presupuestos regionales se incluyen los fondos europeos Next Generation, por una cuantía de 746,4 millones de euros. En base a las directrices que marca la Unión Europea este dinero servirá para invertir en la modernización y actualización de las grandes empresas, financiando una vez más con dinero público las necesidades del capital, con el agravante añadido de que el dinero llegará a cambio de nuevas exigencias de recorte de derechos, más explotación y más privatizaciones.

Para la aprobación de estos presupuestos el Gobierno del PP ha contado con el apoyo de VOX, aumentando el peso específico de la extrema derecha en la definición de las políticas de la Comunidad de Madrid. Los presupuestos concretan importantes ataques reaccionarios vía recortes presupuestarios sobre áreas como RTVM (Telemadrid y Onda Madrid), programas contra la violencia de género y la discriminación, centros de primera acogida para menores, etc. En el plano legislativo aun está pendiente como se concretará la derogación de las llamadas leyes LGTBI, la Ley de Identidad y Expresión de Género y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia. De esta manera la extrema derecha consigue reforzar su posición tanto en el ámbito institucional como en el político, avivando los discursos reaccionarios e incrementando su influencia sobre amplias capas de la población.

El PCTE llamamos la atención sobre el grave peligro que esto supone en un contexto de ataque generalizado sobre las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y del pueblo. La oposición al avance de las fuerzas reaccionarias no podrá venir desde la socialdemocracia, corresponsable de esta situación. No es posible luchar contra la reacción a la vez que se emprenden medidas destinadas a empobrecer a los trabajadores en beneficio de los capitalistas. Ese camino hipócrita sólo conduce a empujar a cada vez más sectores del pueblo al campo de la extrema derecha.

Frente a los llamados socialdemócratas a la inacción el PCTE animamos a la clase obrera a confiar en su propia fuerza. No es en el parlamento donde los trabajadores tienen la capacidad de alterar la hoja de ruta marcada por los capitalistas, sino en el campo de la lucha obrera y popular. La solución a los graves problemas que sufren hoy la clase obrera y el pueblo trabajador pasa por reforzar su poder organizado.

El PCTE llama a todos los trabajadores y trabajadoras a reforzar los sindicatos de clase, a  incrementar la organización popular en los barrios y municipios de toda la región para confrontar cada medida, cada recorte y cada maniobra de la patronal. Ante el horizonte de ataques que abre la aprobación de estos Presupuestos Generales en la Comunidad de Madrid, es necesario abrir un nuevo ciclo de movilización capaz de poner freno a los capitalistas y a sus gobiernos. Es el momento de pasar al contraataque.