En el año 2020 se ha alcanzado la tasa de temporalidad más alta en el empleo público en Aragón. Un 48,4% de trabajadoras y trabajadores llevan años desarrollando su labor a través de relaciones laborales de carácter temporal.
A 31 de diciembre de 2020, se registraban ya 30.716 empleados fijos y 28.844 temporales
Atender las necesidades temporales de la pandemia “no justifica” esta tasa de temporalidad en ningún caso. Estos datos lo que demuestran es, por una parte, la práctica irregular y abusiva de cubrir mediante trabajadores temporales plazas estructurales que deberían ser fijas. Y por otra parte, nos muestran que el mantenimiento de los servicios públicos se sustenta en la temporalidad abusiva y el incumplimiento sistemático de la norma que establece que las administraciones públicas no superen el 8% de empleados temporales.
En los datos más recientes por sectores, en Sanidad el número de empleados temporales supera incluso a los fijos: sobre un total de 27.909 son temporales 14.912 (53,43%). En el sector de la docencia, el dato es del 43,30%; entre las entidades de derecho público, se llega al 40,30%; y en la Administración General, se eleva al 47,43% del total.
Esta situación se produce a pesar de que la resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, establece que cada una de las administraciones deberá cumplir con una temporalidad en el empleo público que no supere el 8 % en cada uno de sus ámbitos.
El gobierno de Aragón (integrado por PSOE, UP, CHA y PAR) incumple sistemáticamente sus propios acuerdos de gobierno, lo que supone una evidencia más de la ineficacia de la socialdemocracia de resolver los problemas reales de la clase trabajadora.
Los servicios públicos no pueden basarse en un régimen de contratación abusiva y temporal, que se traduce en una pésima calidad de los mismos.
La socialdemocracia hace años que renunció a la defensa del (mal llamado) “estado del bienestar”. Actualmente partidos como PSOE o UP se limitan a maquillar el proceso de desmantelamiento de los servicios públicos, como herramientas que son al servicio de los grandes monopolios.
La defensa de unos servicios públicos de calidad al servicio de la mayoría trabajadora deben basarse en unas condiciones de contratación justas, y lo que resulta fundamental, en el control efectivo de los mismos por parte de los propios trabajadores y trabajadoras.
Sin este control por parte de trabajadores y trabajadoras, estos servicios, aun siendo fundamentales, quedarán a merced de las fuerzas políticas burguesas y en última instancia de los grandes monopolios que están detrás de ellas, como ya se ha sucedido con los sectores de energía, comunicaciones o transporte.
Solamente a través del socialismo-comunismo se podrá garantizar unos servicios de públicos de calidad al servicio de la mayoría, alejados de las lógicas capitalistas de la reducción de gastos y la generación de beneficios para una minoría explotadora.
Es por esto por lo que resulta fundamental reforzar las filas del Partido Comunista de los Trabajadores de España y organizarse en los centros de trabajo afiliándose a un sindicato de clase.
Desde el PCTE Aragon y los @CJC_Aragon animamos a los y las trabajadoras a dar el paso de la afiliación sindical de clase, a la participación en dichos sindicatos y a comenzar una lucha para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de toda la clase obrera.