El pasado 22 de diciembre se tramitó la ley de presupuestos de la Comunidad de Aragón para el ejercicio 2024 con el apoyo del PAR y Teruel Existe junto a los votos de la coalición de gobierno PP-VOX. Como no podía ser de otra manera, se trata de unos presupuestos que apuntalan la liberalización de la economía del anterior gobierno socialdemócrata, a pesar de que ahora los critiquen por ser unos presupuestos con una fuerte carga ideológica. En estas líneas analizaremos los presupuestos sobre ambos pilares: la carga ideológica y la cada vez mayor liberalización de la economía.
De hecho, por mucho que ahora lluevan las críticas por parte de los partidos de la oposición capitalista, la realidad es que la base fundamental de los presupuestos sigue la misma línea que los anteriores; ir arrinconando los servicios públicos, desde los más básicos como educación y sanidad hasta todos aquellos en los que aumenta la demanda como es el caso de las residencias, la salud mental o la prevención de adicciones, entre otros.
En su cuantía, se trata de los mayores presupuestos de la historia de la comunidad autónoma, con 8.546 millones de euros, lo que supone un 3,59% más que el ejercicio anterior.
De hecho las mayores partidas presupuestarias son para sanidad y educación, que entre ambas consumen la mitad del presupuesto. Pero, ¿significa esto que se dotará de más medios y personal a estos servicios públicos fundamentales? Nada más lejos de la realidad: este aumento presupuestario solo significa un aumento de la privatización de dichos servicios, incrementándose el dinero público que será traspasado al sector privado. Aunque esto tampoco es nuevo: llevamos años viendo cómo cierran centros de salud, se eliminan especialidades o acotan horarios, falta de calefacción en invierno y aire acondicionado en verano en colegios, institutos y universidad, alumnos/as recibiendo clases en barracones y una falta de personal cada vez más sangrante (tanto en sanidad como en educación públicas), por decir algunos de los problemas.
Para el actual gobierno de Aragón (pero también para los anteriores), la solución a esto pasa por aumentar los convenios con la sanidad privada para reducir listas de espera, por la construcción de nuevos hospitales privados o por el mantenimiento y aumento de los conciertos educativos.
En otras partidas, como en el caso de Vivienda, se recorta un 5,6% pese a las dificultades de amplios sectores de la clase trabajadora (especialmente jóvenes y personas migrantes) para acceder a una vivienda digna. Si con el anterior gobierno socialdemócrata el problema de la vivienda ya se vio agravado y los desahucios estuvieron a la orden del día hasta el final mismo de la legislatura (recordemos el caso de Mariano y sus dos hijas menores, desahuciados el 23 de mayo de 2023) con los nuevos presupuestos se viene a continuar en la misma línea: la vivienda seguirá siendo ante todo una mercancía y un bien especulativo antes que un derecho garantizada para la clase trabajadora.
Por otra parte, la partida destinada a Bienestar social y familia se aumenta un 7,69 %. De nuevo debemos preguntarnos, ¿repercutirá positivamente en nuestros servicios públicos? Y de nuevo la respuesta es que este aumento presupuestario significa una mayor privatización: en concreto un aumento de unas 200 plazas concertadas en residencias de mayores. El trasvase de fondos públicos a manos privadas se continúa fomentando especialmente en aquellos servicios, como es la atención y el cuidado de los mayores, que por su naturaleza deberían ser públicos y tener el foco en garantizar la calidad, evitando situaciones como las destapadas a raíz de la pandemia del COVID.
También cabe destacar la solicitud de fondos al Gobierno Central para subvencionar empresas privadas. Se mantiene la apuesta por el negocio de la nieve, lo que también supone retomar la apuesta del anterior gobierno por un modelo económico basado en pelotazos urbanísticos y proyectos faraónicos como la conexión de estaciones o el nuevo estadio de la Romareda. También se solicitan fondos para Stellantis, a pesar de haberse aprobado un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) por el que recibió 52,21 millones de euros públicos.
Estos presupuestos, con un clarísimo componente de clase, incluyen también una exención del impuesto de sucesiones y donaciones para menores de 21 años que se eleva desde los 500.000 a los 700.000 euros. Es decir, si hasta ahora los menores de 21 años estaban exentos del impuesto por importes menores a los 500.000 euros, ahora lo estarán por importes menores a los 700.000. También se eleva el mínimo exento del impuesto de patrimonio de los 400.000 a los 700.000 euros. Si bien estas rebajas no suponen un impacto importante en la recaudación, son una muestra clara de la ideología del Gobierno autonómico y la clase social para la que gobiernan.
Las rebajas fiscales de las que alardean tanto PP como VOX y otros partidos liberales, no suponen ninguna mejora para la clase trabajadora. Ningún gobierno, ni el actual ni el anterior, platean cuestiones como hacer frente a la escalada inflacionista mediante tope de precios, como tampoco plantean el cese de trasvase de dinero público a manos privadas suprimiendo conciertos y subvenciones. Vemos de esta forma que el aumento de presupuesto en servicios públicos no repercutirá en un aumento de la calidad de los mismos ni en mejores prestaciones para los usuarios. Simplemente se trata de más dinero que acabará en manos privadas de aquellos que los gestionan.
Respecto a la carga más ideológica, los presupuestos autonómicos también presentan una serie de recortes, que ponen de manifiesto el carácter reaccionario del gobierno como en el caso de la memoria democrática, la política lingüística o la lucha contra la violencia de género. Muestra de ello es derogación de la ley de memoria democrática, una de las primeras acciones legislativas del gobierno PP-VOX que fue presentada, nada casualmente, el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco.
También se ha eliminado una parte que se destinaban a la cooperación internacional, tanto a proyectos humanitarios como a la coordinación del envío de ayudas a países y regiones que actualmente sufren emergencias humanitarias.
Entre estas regiones, los territorios administrados por la Autoridad Palestina y los campos de refugiados saharauis, han figurado históricamente como prioridad de la cooperación internacional aragonesa. La agencia de la ONU para los refugiado palestinos (UNRWA) era uno de los beneficiarios y también se venían realizando otros proyectos, algunos destinados a la ayuda psicosocial de emergencia para la población infantil refugiada de Palestina.
Pues bien, este año 2024, a pesar de la violencia con la que el estado israelí está masacrando a la población civil de los territorios palestinos ocupados y las terribles consecuencias que esta atrocidad está teniendo entre la población, y muy especialmente entre la población infantojuvenil, el gobierno de Aragón ha decidido eliminar por completo toda partida a proyectos humanitarios en los territorios palestinos ocupados por Israel. De esta forma se da un fuerte respaldo al genocidio que el estado Israelí está perpetrando contra el Pueblo Palestino.
Desde luego que esto no significa que la partida de cooperación internacional que existía hasta ahora fuese un ejemplo, como tampoco lo era la ley de memoria histórica, sin embargo la supresión de todo aquello que, aunque simbólicamente, tuviese una carga ideológica contraria al nuevo ejecutivo PP-VOX da buena muestra de los principios que van a guiar su acción política.
No podemos concluir que los presupuestos presentados por el actual ejecutivo aragonés y que han contado con el apoyo de PP, VOX, PAR y Teruel Existe sean idénticos a los presupuestos de los anteriores gobiernos. Pero sí que podemos decir que salvo una carga ideológica muy marcada y de carácter reaccionario, en lo esencial no modifican en nada las condiciones de vida de la clase obrera de Aragón ya que sólo se produce un cambio en los gestores del sistema, continuando con el transvase de dinero público al sector privado y ahondando en la privatización.