1)La situación económica y política internacional
El Informe Político aprobado en el X Pleno del anterior mandato del Comité Central (julio de 2020) incluía, en la parte dedicada al análisis de la crisis catalizada por la pandemia, una referencia a las dos fases de su gestión por parte de los gobiernos burgueses.
Una primera fase, caracterizada por el empobrecimiento masivo, en la que “el papel del Estado se enfoca en amortiguar, en la medida de lo posible, esas consecuencias más inmediatas, principalmente realizando un esfuerzo en la movilización de recursos públicos destinados a intervenir sobre la demanda, sobre el consumo, de modo que la plusvalía se pueda realizar y el capital en forma de mercancía se transforme en dinero, reiniciándose así el ciclo de rotación del capital”
Y una segunda fase en la que “los recursos del Estado se destinan a estimular la esfera de la oferta, facilitando la reactivación de las empresas que han sobrevivido, garantizándoles mejores condiciones para la extracción de plusvalía (a través de reformas laborales, por ejemplo) y para satisfacer los intereses de los acreedores privados que detentan los títulos de deuda pública”.
Entre entonces y ahora han pasado más de tres años y se han producido acontecimientos de gran relevancia que han obligado a las autoridades capitalistas a modular los mecanismos de respuesta, principalmente tras el estallido de la guerra imperialista en Ucrania y su efecto en los mercados energéticos y de alimentos, amén de otros factores que han alterado las cadenas de producción y distribución de mercancías en todo el planeta.
Así, las inyecciones de recursos públicos para estimular la demanda se han alargado más de lo que las autoridades capitalistas pensaban que era inicialmente necesario, combinándose, por ejemplo en España, las medidas estrictamente vinculadas a la pandemia – adoptadas a lo largo de 2020 – con las aprobadas bajo el argumento de responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania (aprobadas en 2022 y renovadas parcialmente en 2023), que se han ido solapando en el tiempo con la adopción de medidas como la reforma laboral, que consolida el modelo de la flexiseguridad. Ello al tiempo que las varias subidas de tipos de interés aprobadas por el Banco Central Europeo (y la Reserva Federal de EEUU) en nombre de la lucha contra la inflación han permitido una retribución más generosa a los acreedores de deuda pública.
El solapamiento (y su prolongación en el tiempo) entre las dos fases que previmos para la gestión de las consecuencias de la crisis no altera en lo esencial el planteamiento de las autoridades capitalistas: primero operan sobre la demanda y luego sobre la oferta. Dicho de otra forma: primero garantizan la realización de plusvalía y luego garantizan la continuidad de la extracción de plusvalía en mejores condiciones para los capitalistas.
Conviene situar algunos elementos más para ilustrar la situación en la que estamos. El PIB se recuperó rápido tras el período de confinamiento. En el caso de España, fue en diciembre de 2021 cuando se recuperó el nivel de PIB anterior a la pandemia. Pero esa rápida recuperación en términos absolutos, que lo fue a nivel mundial, ofrece datos menos halagüeños si se pone en relación con su tasa de crecimiento. Nuevamente, el PIB está creciendo menos de cada año, recuperándose la tendencia del período 2011-2019. Se vuelve a una fase de ralentización económica, cuya explicación es multifactorial y que, en su momento, abordamos en el Informe Político del IX Pleno del CC del mandato anterior (enero de 2020).
No obstante, la situación que analizábamos en enero de 2020 y la actual no son exactamente iguales. Existe una diferencia principal y evidente: el estallido de la crisis catalizada por la pandemia, que ha sido de gran profundidad y con una recuperación sumamente rápida si la comparamos con crisis anteriores. Ahora bien, la tendencia general tras el primer momento en que las tasas de crecimiento estuvieron por encima de la media de años anteriores (aportación de cientos de miles de millones de fondos estatales mediante) es decreciente y ha llevado, incluso, a que potencias como Alemania hayan entrado en recesión.
¿Esta ralentización es efecto de la política de subida de tipos que están aplicando los bancos centrales? Nos hacemos esta pregunta porque las autoridades bancarias han declarado abiertamente que las subidas se realizaban con en el ánimo de contener la inflación y que el “enfriamiento” de la economía sería una de las consecuencias, y esta información puede calar en la mentalidad de la población. La respuesta es que no. O, al menos, no solamente. La subida de tipos es uno de los factores presentes en esta ralentización, pero el fenómeno es más complejo, ya que la ralentización económica también se ha producido en momentos en que los tipos eran extremadamente bajos, como el que se produjo entre 2009 y 2022. Otro factor de importancia es el encarecimiento de los combustibles y los alimentos a raíz de la guerra en Ucrania, que además ha golpeado particularmente a los países del centro y Este de la UE. La economía mundial, en general, sigue en un período de dificultades que no parece en capacidad de superar adecuadamente a pesar de todas las medidas que se están adoptando.
En el caso español, el Gobierno está sacando pecho por los datos macroeconómicos, sobre todo poniéndolos en relación con los que está pasando en otros países de la UE, principalmente las previsiones de crecimiento del PIB español por encima de la media europea en 2023 y las altas tasas de empleo y afiliación a la Seguridad Social.
Ante esto, hemos de tener en cuenta lo siguiente:
1)Que el crecimiento del PIB español está estrechamente vinculado con el del PIB de la UE, de manera casi sincronizada pero no totalmente, sino con un ligero retraso temporal.
2)Que el crecimiento económico español puede ser atribuido al “entorno europeo” en más de un 85%.
3)Que el impacto de los fondos europeos sobre el PIB estaba previsto, por el propio Gobierno, en un 1,15% anual en cinco años, pudiendo llegar en algunos casos al 1,75%
Los dos primeros datos indican que la “buena” situación macroeconómica española, dada la situación que tiene ahora mismo la UE en su conjunto y sus principales potencias, no puede durar. El tercer dato implica que el nivel de crecimiento español está “dopado” gracias a los fondos europeos que, a través de diversas vías, están permitiendo a los capitalistas españoles mantener altos los niveles de inversión, renovar capital constante y ganar cuota de mercado en el extranjero, lo que también tiene efecto en el empleo. Ello junto al mantenimiento del consumo privado, facilitado también por las ayudas estatales, vinculadas o no a los fondos europeos.
En parte, el rápido crecimiento del PIB inmediatamente tras el confinamiento se explica por el boom del consumo, favorecido además por las ayudas públicas al pago de bienes de primera necesidad, la reducción relativa de los salarios y la adopción de medidas para facilitar la renovación de capital constante (transición digital), el crecimiento de las exportaciones y la apertura de nuevos mercados (economía verde). Pero su ralentización deriva de las propias contradicciones internas del desarrollo capitalista, que han alterado las cadenas de suministro.
Es especialmente importante el asunto del empleo, porque es un factor que tiene una incidencia en la subjetividad de la clase. ¿Qué características tiene el empleo récord que se está creando en España? En primer lugar, surge la aparente contradicción de que, a mayor número de trabajadores, se constata un menor número medio de horas trabajadas por trabajador, lo que tiene que ver con el incremento de jornadas parciales y de fijos-discontinuos. En segundo lugar, está la cuestión de la devaluación salarial derivada de las actualizaciones salariales por debajo de la inflación y de la reducción de los costes laborales unitarios, que implica una “mejora de la competitividad” y, por tanto, unas mejores condiciones para la competencia en otros mercados de los monopolios españoles.
Aquí entra en juego otro de los mantras de los capitalistas españoles: la cuestión de la productividad laboral, sobre la que se habla constantemente en la prensa burguesa al indicarse que “el trabajo en España es de los menos productivos de la Unión Europea”. La productividad, según la economía burguesa, se define como la relación entre el volumen de la producción (medido en términos monetarios) y el número de horas trabajadas. La “productividad” en España sería de diez puntos menor que en el resto de la zona euro, según sostienen las organizaciones empresariales. Esta menor productividad supone un problema para los capitalistas por la pérdida de competitividad y una reducción de los márgenes de beneficio. La solución que reclaman, por tanto, se basa en dos aspectos: la modernización del aparato productivo de las empresas (el capital constante) a través de dinero público y el abaratamiento de la fuerza de trabajo.
El gobierno de coalición socialdemócrata ha recogido esta propuesta del capital y la ha llevado a cabo a través de los fondos europeos, destinando millones de euros a la modernización del capital constante de las empresas españolas y fomentando una contención salarial por debajo del IPC, para lo cual ha contado con la ayuda inestimable de los denominados “agentes sociales”.
El debate sobre la productividad está distorsionado, en tanto que lo que se busca por parte de la patronal es optimizar la tasa de explotación. La opción de la patronal para mejorar la “productividad” pasa por incrementar la tasa de plusvalía reduciendo el capital variable (el dinero destinado a salarios) invertido en el proceso productivo. Por ello, su insistencia se basa en la contención salarial, consiguiendo así reducir los costes laborales unitarios, reduciendo el valor del capital variable e incrementando así la tasa de explotación.
Comprar este marco de debate por parte de la socialdemocracia y de las centrales sindicales, supone la defensa del capital sobre el trabajo. Como la productividad por hora trabajada es baja, regalemos el dinero de los trabajadores (fondos públicos) al capital para mejorar su aparato productivo. Como hemos de “mejorar” los salarios, liguémoslos a la “productividad” bajo el yugo de las ganancias capitalistas (en lugar de equipararlos al IPC).
La cuestión de la productividad debe así ser denunciada como un problema ajeno a la clase trabajadora con claridad explicativa. La productividad consiste en el capital necesita explotarnos más para mantener sus beneficios. Para explotarnos más (para que seamos más “productivos”) se queda el dinero público de la clase obrera recaudado por el Estado de los capitalistas, que invierte en mejorar sus medios de producción. A su vez, nos dice que como no somos “productivos” (no les hacemos ganar todo lo que quieren), nos bajan el sueldo para obtener más beneficios. El debate de la productividad está distorsionado porque no se debate sobre las necesidades de la clase obrera sino sobre las necesidades del capital. Para producir todo lo que necesitamos (el conjunto de valores de uso) las fuerzas productivas están altamente desarrolladas, por lo que precisamente necesitamos combatir la productividad del capital que trata de valorizarse explotando a la clase obrera.
Hoy, los capitalistas ya no necesitan las ayudas al consumo para liquidar stock. En cambio, exigen apoyo para asegurar la rentabilidad de su capital. En este sentido, el FMI viene insistiendo en la necesidad de finalización de las medidas genéricas de gasto público de apoyo al consumo. En su última actualización de perspectivas insiste en la necesidad de flexibilizar mercado laboral, quitar ayudas a las familias en temas de energía y seleccionar mucho mejor a la población “vulnerable” a la que las medidas estatales deberían ir dirigidas principalmente.
Esta preocupación va encaminada a una estabilidad de las cuentas públicas y a evitar continuar en una senda insostenible de endeudamiento, que coincide con el anuncio de la finalización en 2024 de la suspensión del plan de estabilidad en la zona euro. Es decir, los Estados deben destinar las ayudas públicas “sociales” a sectores muy concretos de la población y estabilizar sus políticas fiscales (recaudación y gasto) para no endeudarse más. La prioridad es “lograr una desinflación sostenida mientras se garantiza la estabilidad fiscal”, en palabras del FMI, lo que tiene implicaciones en la vida diaria de la clase obrera.
En este contexto es en el que cobra sentido el desarrollo pleno de la que denominábamos segunda fase de gestión de la crisis, que para la mayoría obrera y popular se concreta en lo siguiente:
-mayor flexibilización del mercado laboral
-salarios a la baja
-eliminación de ayudas al consumo
Todo lo cual supone, como venimos analizando en diversos documentos, que las condiciones de vida y trabajo de la mayoría trabajadora empeorarán en la próxima legislatura.
Todo lo anterior se está desarrollando en un marco internacional muy inestable en el que las distintas potencias van demostrando que tienen intereses propios más allá de un alineamiento general básico. Cumbres como las del G20, del G77+China o la de los BRICS, celebradas durante el verano, han sido buen ejemplo de ello.
Por ejemplo, India y Brasil no pierden oportunidad de exponer y desarrollar posiciones propias para reivindicar su papel internacional y/o regional, muchas veces en competencia directa con otras potencias que, en una visión simplista, puede parecer que comparten posición. La relación entre India y China es paradigmática en este sentido.
En realidad, esto no es ninguna novedad. Las alianzas y los enfrentamientos entre potencias en el seno de la cadena imperialista vienen ocurriendo desde que el capitalismo entró en su fase imperialista, de modo que, en ocasiones, determinadas potencias pueden mantener una posición relativamente unificada frente a otra potencia o bloque y, en otras ocasiones, pueden aliarse con esa otra potencia o bloque, o con algunos de sus integrantes, para ganar fuerza contra sus antiguos aliados. No hay reglas más allá de la voluntad de defender y promover los intereses de los monopolios respectivos, presentados como intereses nacionales o estatales.
Esta situación, lejos de facilitar la comprensión de los acontecimientos que ocurren en el mundo y su vinculación con la lucha de clases en cada país, la hace más difícil, y coloca a los comunistas consecuentes ante la necesidad de realizar un mayor esfuerzo analítico y explicativo que impida o, cuanto menos, dificulte la popularización de tendencias que, de manera consciente o no, conducen a la mayoría obrera y popular al posicionamiento bajo pabellón ajeno, al apoyo a los intereses de unas u otras potencias o bloques imperialistas.
En estas claves tenemos el caso de Níger, que puede extrapolarse a otros países de África sin muchas dificultades. Como hicimos cuando se produjo el derrocamiento del gobierno de Mohamed Bazoum a finales de julio, nuestra responsabilidad radica en situar con claridad que la confrontación con el imperialismo francés no puede servir de excusa para la promoción de los intereses de otras potencias imperialistas. Dicho en palabras de los camaradas del Partido Comunista Revolucionario de Francia (PCRF) en su comunicado al respecto, la pregunta estratégica es: “¿Las riquezas del subsuelo de Níger seguirán siendo explotadas por empresas monopolistas francesas o por monopolios de otros imperialismos?”.
Como se pudo apreciar entonces, nuestro posicionamiento a favor de los intereses del pueblo de Níger y no de los intereses de tal o cual potencia fue duramente atacado no solamente por sujetos anónimos sino especialmente por determinados partidos que desde hace años están embarcado en una deriva político-ideológica lamentable. En el fondo de estas confrontaciones está el fenómeno del oportunismo, que se expresa en la renuncia al análisis clasista de las relaciones internacionales en la época del imperialismo y que confunde la necesidad, repetida por nosotros siempre que tenemos oportunidad, de aprovechar en beneficio de la revolución las contradicciones que se producen entre las potencias imperialistas con la asunción de los intereses de alguna de esas potencias. En su bancarrota, estas organizaciones que toman partido por una potencia imperialista acusan a los demás de hacerlo por otras, en un ejercicio de miseria política e ideológica que genera un gran daño al desarrollo independiente del movimiento obrero revolucionario.
En las últimas semanas también ha tenido relevancia la situación en Nagorno-Karabaj. En estos momentos, la información de que disponemos indica que la denominada República de Artsaj, enclave armenio en Azerbaiyán, autoproclamada en 1991 y reconocida sólo por Osetia del Sur, Abjasia y Transnistria, declara su disolución a partir del 1 de enero de 2024. Esto ocurre después de tres guerras y varios enfrentamientos armados a lo largo de los últimos 35 años. Sobre esta cuestión conviene señalar dos cosas.
En primer lugar, hay que indicar que esta situación no deriva, como se dice en la mayoría de los medios, de una consecuencia de los errores en la construcción de la Unión Soviética y en las soluciones adoptadas, en el marco de la construcción socialista, para resolver los conflictos interétnicos que han afectado al Cáucaso históricamente. Todo lo contrario, esta situación deriva, precisamente, del triunfo de la contrarrevolución y del auge de las posiciones nacionalistas que trajo consigo.
En segundo lugar, la evolución del conflicto desde los años 90 ha pasado por diferentes fases en función de varios factores, pero básicamente tres: la posición cada vez más consolidada de Azerbaiyán como suministrador de recursos energéticos (la UE ha firmado acuerdos para duplicar sus compras de gas hasta 2027), el papel creciente de Turquía como potencia regional y la cada vez menor implicación de Rusia como fuerza aliada de Armenia, a pesar de formar parte ambos países de la OTSC.
Así, la situación ha ido cambiando desde una posición de fortaleza de los intereses armenios hasta una aparente victoria de los intereses azeríes, que no puede dejar de leerse como un episodio de confrontación de los intereses entre Turquía y Rusia en la zona, a pesar de la buena relación diplomática que mantienen ambas potencias. El esfuerzo militar de Rusia en Ucrania, junto con la consideración del actual gobierno armenio como “poco fiable” por Moscú, puede explicar parcialmente la escasa implicación de Rusia en la defensa de su aliado y la rápida solución a la nueva operación militar lanzada por Bakú en septiembre, que se ha traducido en el anuncio de disolución que antes mencionábamos.
Se habla ya de alrededor de 100.000 personas desplazadas del alto Karabaj a Armenia. Desconocemos si los datos son fiables, pero es una realidad que, a consecuencia de lo anterior, hay un desplazamiento masivo de población hacia Armenia de una zona que históricamente ha estado poblada por armenios. Esta grave situación humanitaria, que es el último episodio de una situación en cuyo origen tuvo un papel preponderante el imperialismo británico a principios del siglo XX, demuestra, una vez más, que los conflictos históricos entre grupos étnicos se agravan cuando entran en juego los intereses de las distintas potencias imperialistas, que resuelven sus contradicciones en base a la fuerza. Por otra parte, esta situación indica, una vez más en los últimos años, una pérdida de influencia rusa en su flanco sur, donde Turquía va ganando terreno e influencia año tras año.
2)La coyuntura política en España
Los aspectos generales sobre la situación económica indicados en el apartado anterior van a determinar las tareas a realizar por el próximo Gobierno. La coyuntura política española viene completamente determinada por los resultados de las Elecciones Generales de julio. En el momento de debatir este informe, cuando se acaba de votar el primer intento de investidura de Feijóo, todo apunta a que se reeditará un gobierno de coalición socialdemócrata con apoyos puntuales de las fuerzas nacionalistas periféricas, pero no se puede descartar la posibilidad de una repetición electoral en enero.
Las Elecciones Generales fueron convocadas de manera adelantada tras el resultado negativo para el PSOE en las municipales y autonómicas parciales del 28 de mayo. Su resultado se traduce, en una primera lectura, en un reforzamiento del principal partido de cada bloque de gestión capitalista (PSOE y PP) frente a sus socios respectivos (SUMAR, que sustituye a Unidas Podemos, y VOX). No obstante, la aritmética parlamentaria obliga no solamente a formar coaliciones, sino además a sumar un número de apoyos externos o, al menos, abstenciones, que el PP no está en condiciones de conseguir.
En cambio, parece que el PSOE sí estaría en condiciones de conseguir los apoyos que ya obtuvo en la pasada legislatura y, además, incluir a Junts per Catalunya, de quien necesitarían el voto favorable o la abstención en función del acuerdo al que se pueda llegar con Coalición Canaria, que se muestra abierta al pacto con el PSOE en tanto se satisfaga lo que denominan “agenda canaria”.
Hasta el momento, se conocen las posiciones de máximos expresadas por los portavoces de Junts y de ERC: amnistía y referéndum. Estas consignas se complementarían, en el caso de las fuerzas nacionalistas vascas, con la petición de la apertura de un debate sobre “el encaje de Euskadi y Catalunya en el Estado” (Esteban), la celebración de “una convención constitucional en la que se avance, entre otras cosas, en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decir pactada” (Urkullu) o el abordaje por el futuro Gobierno y sus apoyos de “una agenda política de carácter plurinacional y profundamente social” (Aizpurua).
Hasta ahora el PSOE no ha hecho más que “escuchar” y “mostrarse receptivo”, al menos públicamente, pero son factibles los siguientes escenarios:
-aceptación de la amnistía, buscando fórmulas jurídicas con otra denominación, para los encausados por el denominado procès.
-rechazo del referéndum como tal, pero apertura de la opción de ejercicio del voto a través de un nuevo estatuto para Cataluña que tendría similitudes con la situación foral vasca y navarra.
-generación de nuevos mecanismos de bilateralidad del Estado con estas CCAA que concreten la transferencia de más competencias.
-aprobación de más iniciativas similares a la utilización de lenguas cooficiales en las Cortes.
No hay mayorías en estos momentos para procedimientos de reforma constitucional de envergadura, ni ciertamente permite la Constitución la celebración de referéndums solamente en una Comunidad Autónoma, pero sí se prevé referéndum para reforma de los Estatutos de Autonomía y sí habría mayoría (mayoría absoluta) para llevar a cabo esas propuestas de reforma y aprobarlas con la actual aritmética parlamentaria, siempre que el PSOE esté a favor.
Nos encontraríamos entonces en un escenario similar al producido entre 2004 y 2006, cuando se realizaron las propuestas de reforma de los estatutos vasco y catalán, resultando el primero rechazado en las Cortes y el segundo aprobado, con modificaciones, pero posteriormente declaradas inconstitucionales algunas de sus partes por el Tribunal Constitucional, a iniciativa del PP. En el marco jurídico actual y en las condiciones políticas actuales, el trámite que podrían seguir las reformas estatutarias sería similar al de entonces, con la única diferencia fundamental de que, en esta legislatura, las fuerzas independentistas y nacionalistas sí son necesarias para que el PSOE logre la investidura.
Es necesario colocar estas reflexiones en el informe porque permiten ver el margen de posibilidad, constitucional, en el que realmente se produce el proceso de negociación. Ya conocemos las consecuencias de la utilización de la llamada “vía unilateral” de Cataluña en 2017. Precisamente, el planteamiento de la amnistía en la negociación de investidura es expresión del callejón sin salida que supone esa vía. Además, el carácter profundamente burgués en las fuerzas hegemónicas en el independentismo vasco y catalán, incluyendo a ERC y a Bildu, que aspiran además a la pertenencia de las “futuras repúblicas” a la Unión Europea y al resto de alianzas imperialistas de las que forma parte España, hace imposible en estos momentos que contemplen vías que no sean las “pactadas”.
Ello, además, en un contexto en el que las fuerzas nacionalistas e independentistas no se presentan ni siquiera formalmente unificadas, sino todo lo contrario, en una encarnizada lucha por resolver cuál es la fuerza hegemónica en sus respectivos ámbitos, a lo que ayuda el presentarse como fuerzas capaces de conseguir ventajas para sus respectivos territorios a través de los pactos de gobernabilidad a nivel central.
Este análisis debe completarse con la postura del PSOE y SUMAR. Ambas fuerzas tienen un único objetivo: formar gobierno. En el caso de SUMAR, por mera supervivencia. En el caso del PSOE, porque de ninguna manera está dispuesto a permitir un gobierno PP-VOX. Basta comprobar las resoluciones de sus últimos Congresos para entender las motivaciones de la actual dirección socialista. Aparte, tanto el PSOE como SUMAR entienden el carácter “plurinacional” de forma similar a como lo entienden las fuerzas periféricas, a través de un desarrollo desigual de las competencias autonómicas, no federal sino asimétrico, con distintos límites una fuerza u otra, pero esencialmente igual en la concepción.
Este escenario, en la coyuntura actual, nos lleva a aventurar que el pacto de investidura de Pedro Sánchez es prácticamente seguro, aunque no totalmente seguro. Habrá repetición de elecciones en función de la agresividad de Junts y del cálculo que, entonces, realice Pedro Sánchez sobre quién será percibido como el “culpable” de la repetición electoral y, con ello, de la posibilidad de mejorar su posición relativa de cara a la negociación de otro proceso de investidura.
Como se indicaba antes, el posible apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Sánchez obligaría a Junts a modular su discurso. Ahora bien, en la hipótesis de una investidura alcanzada con la aritmética actual del Congreso, el fondo de todo el asunto sería la continuidad del desarrollo autonómico asimétrico, que CC promueve como fuerza nacionalista, elemento que seguiría dando fuerza a las tesis nacionalistas españolas, que tendrían en sus manos múltiples resortes judiciales y propagandísticos.
Teniendo en cuenta que los procesos de reforma estatutaria se tramitan como mínimo en dos años, en el escenario anterior, considerando todos los factores señalados, Pedro Sánchez podría salvar media legislatura y culpar de los reveses en los pactos de investidura a las actuaciones de PP y VOX. De ahí que cobre fuerza la posibilidad de negociaciones paralelas para nuevas transferencias, un nuevo marco fiscal autonómico y otras medidas similares. De ahí que tampoco sea descartable que, en el caso de alcanzarse un acuerdo para investidura ahora, la legislatura no supere los dos años, también debido a la fragilidad de la mayoría parlamentaria resultante.
El Comité Central mandata al Buró Político a elaborar, cuando se conozcan los datos concretos sobre la hipotética “amnistía” pactada entre las fuerzas catalanas y el PSOE, a emitir una declaración que sintetice las posiciones expresadas por el CC.
Por otra parte, se prevé que la próxima legislatura siga sustanciando parte de la batalla política en las cuestiones lingüísticas. Al debate que, desde el surgimiento de Ciudadanos, se ha querido generar en Cataluña, se sumarán ahora las iniciativas de los gobiernos de PP-VOX en el País Valenciano y en Baleares, e iniciativas como el uso de distintas lenguas en las Cortes.
El Comité Central entiende que es necesario desvincular la cuestión lingüística del debate político en clave nacionalista, pero reconoce que es sumamente difícil. Desde el nacionalismo español se usan argumentos como la eficacia, las facilidades comunicativas, o la cuestión económica para rechazar el uso de otras lenguas. Estos argumentos se concretan políticamente en la negación de la necesidad de conocer un idioma que no sea el español para vivir en un territorio bilingüe, ya sea en el ámbito de las oposiciones, en el ámbito educativo o en los recurrentes casos que se hacen mediáticos respecto a la relación lingüística entre trabajadores y clientes o entre clientes y establecimientos comerciales.
Por otro lado, las lenguas son un producto social y como tal evolucionan y se transforman. La defensa de las lenguas minoritarias, más allá de la defensa de un patrimonio cultural o la defensa de los derechos de una parte de la población a no ser lingüísticamente asimilados, tiene, por los partidos burgueses, el objetivo de la exageración de las particularidades, es decir, de la división, para la defensa de sus intereses económicos en el reparto de la plusvalía.
Nuestro planteamiento es de principios: nos oponemos a toda agresión que se exprese en un trato diferenciado a nuestras lenguas, que son patrimonio del conjunto de la clase obrera del país, al tiempo que denunciamos el debate hipócrita y destinado a polarizar a la población, bajo falsas premisas nacionalistas.