El Gobierno ha aprobado este pasado martes, 24 de agosto, una primera reforma del sistema de pensiones, que pasará a trámite parlamentario, donde el Ejecutivo prevé ver aprobado el Proyecto de Ley antes de final de año.
El acuerdo, pactado por el Gobierno con la patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT, se inserta en un contexto de ofensiva generalizada de la patronal y de retroceso de las condiciones de vida y trabajo, fruto de la estrategia de concertación social promovida por la socialdemocracia y asumida diligentemente por las cúpulas sindicales.
Esta primera parte de la reforma de las pensiones es una de las condiciones asociadas a los fondos recibidos por la Unión Europea —Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia—, y debe ser completada con un segundo paquete de medidas en 2022.
Nos encontramos ante una reforma parcial que contribuye al retroceso de la clase obrera, pues el objetivo principal de la misma es la equiparación de la edad real de jubilación a la edad legal, los 67 años. Los mecanismos empleados son una mayor penalización de la jubilación anticipada, que se hace por tramos y puede llegar a la reducción del 21% de la pensión, calculándose sobre la pensión real y no sobre la base reguladora, y la bonificación del retraso en la edad de jubilación mediante la eliminación la cotización a la Seguridad Social, aumento del 4% de la pensión por cada año trabajado o un pago de hasta 12.000€ dependiente de los años cotizados.
La pretendida gran modificación social de esta primera parte de la reforma es la eliminación del factor de sostenibilidad, mecanismo aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2013, que ligaba el cobro de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. Sin embargo, el cambio es poco más que nominativo, pues el factor de sostenibilidad quedó en suspenso, sin nunca entrar en vigor. En sustitución del factor de sostenibilidad, se propone —aún sin concretar en el presente Proyecto Ley— un denominado mecanismo de solidaridad intergeneracional, que persigue el mismo objetivo de reducir el gasto en pensiones mermando la cuantía de las mismas.
Así pues, se recupera el IPC como medida de revalorización de las pensiones. Pero no se recupera el poder adquisitivo perdido en la última década.
La separación de fuentes y las aportaciones que se establecen a cargo de los Presupuestos Generales del Estado no son garantía alguna de futuro, pues mientras siga creciendo la explotación de la clase obrera y reduciéndose los salarios, las pensiones, como parte del salario diferido de los trabajadores, van a seguir bajo constante presión a la baja.
La actual reforma de las pensiones, de hecho, establece conexiones directas y evidentes con el último anuncio del Gobierno de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional antes de final de año, coincidiendo, precisamente, con el debate de la reforma de las pensiones. Un irrisorio aumento de entre 12 y 19 euros mensuales del SMI que, sin embargo, sirve al
Gobierno para pretender tapar una reforma de las pensiones al dictado de Bruselas, que mantiene parte de sus condiciones sin definir —como la concreción del mecanismo de solidaridad intergeneracional— y que reserva para una segunda fase las medidas más lesivas, como aquellas que tienen que ver con el retraso efectivo de la edad de jubilación, o el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados.
Los trabajadores ven cómo la pobreza, la precariedad y la temporalidad se extienden gracias a la pervivencia de las dos últimas reformas laborales —PSOE en 2010, y PP en 2012—. Y cómo les afectan los cambios en esta nueva crisis económica: tendencia a la uberización de las relaciones laborales mediante la generalización del trabajo a demanda, limitación de la negociación colectiva e individualización de las condiciones de trabajo.
El planteamiento de la socialdemocracia vuelve a ser elegir lo malo frente a lo peor. En el marco actual debemos poner encima de la mesa la derogación completa de las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012 y adelantar la edad de jubilación a los 60 años, a 55 para trabajos especialmente penosos.
El desarrollo científico-técnico en la actualidad aumenta la productividad laboral por trabajador a niveles mucho mayores que en pasadas décadas, por lo que el argumento de la insostenibilidad de las pensiones por envejecimiento poblacional es una falacia. Lo que es insostenible es que al tiempo que se multiplica la capacidad de producir por cada trabajador, las rentas del trabajo retrocedan frente al avance de las rentas del capital.
No existe garantía alguna de jubilación y pensiones en el capitalismo, dado que los avances logrados fueron fruto de la lucha obrera en España y las conquistas alcanzadas en los países socialistas. Las condiciones para una jubilación digna no pueden venir de ningún acuerdo con la patronal y no serán fruto de ningún gobierno al servicio de la burguesía. La única garantía para una jubilación digna es establecer las condiciones para que toda la producción de bienes y servicios, apoyada en toda la capacidad científico-técnica, vaya destinada a satisfacer las necesidades de la población y no a aumentar los beneficios de unos pocos.
27 de agosto de 2021
Buró Político del PCTE