El Buró Político del PCTE, una vez conocido el texto definitivo de la reforma laboral, quiere realizar las siguientes valoraciones:
La reforma aprobada por Gobierno, sindicatos y patronal, en desarrollo del componente 23 del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, forma parte esencial de los compromisos del Gobierno con la Comisión Europea a cambio de los fondos NextGenerationEU. Supone un paso decisivo en la implantación en España de la estrategia promovida desde hace años por la Unión Europea bajo la denominación de “flexiseguridad”, que consiste en ofrecer mayor flexibilidad a las empresas para disponer de la fuerza de trabajo a cambio de una supuesta seguridad para el trabajador en cuanto a la percepción de unos mínimos ingresos y la recuperación futura de un empleo. Las constantes referencias a la “modernización del mercado de trabajo” que vienen realizando representantes del Gobierno, la patronal y los principales sindicatos desde hace tiempo, junto con la reforma de las políticas activas de empleo, la generalización de mecanismos como los ERTE o la creación del ingreso mínimo vital, avanzan por la misma senda dirigida a incrementar el grado de subordinación de los trabajadores a los capitalistas y de reforzar el papel del Estado como garante de la supervivencia de los monopolios.
Los capitalistas llevan años exigiendo contar con el mayor grado de flexibilidad posible para superar, con el menor coste, las coyunturas derivadas del carácter cíclico de la economía capitalista. Esta exigencia se agudiza en los períodos de crisis, aunque se trata de una tendencia general. La crisis de 2008 se tradujo en dos reformas laborales, una en 2010 y otra en 2012, que principalmente promovieron la flexibilidad a favor de la patronal a través del abaratamiento del despido, la ampliación de las posibilidades de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y los despidos colectivos y la posibilidad de descuelgue salarial de los convenios o la eliminación de la ultraactividad de los mismos, entre otras medidas.
Esta lógica se mantiene con la nueva reforma laboral, fundamentalmente a través de la consolidación de los ERTE y la creación del nuevo Mecanismo RED. La línea de las anteriores reformas laborales se ve reforzada al ofrecerse a la patronal más margen para la flexibilidad interna, lo que viene acompañado de un reforzamiento del papel del aparato estatal en la salvaguardia de los intereses capitalistas, al asumir buena parte de sus costes en materia salarial y de cotizaciones en momentos de crisis que afecten al conjunto de la economía o a sectores concretos. En este sentido, la continuidad de esta reforma con la tendencia preexistente es indiscutible, de ahí que haya generado el acuerdo de la patronal y partidos como el PP hayan anunciado que no impedirán su aprobación en el Congreso. A pesar de que formalmente no haya troika, hombres de negro ni memorándums, esta reforma laboral también es una reforma auspiciada por la UE, que no ha alterado su naturaleza antiobrera y antipopular, ni sus objetivos esenciales de promoción de los intereses de los capitalistas.
Por otra parte, las medidas que se presentan como avances para los trabajadores y trabajadoras tienen un impacto reducidísimo, son sumamente discutibles y se enmarcan dentro de la misma dinámica. La reducción formal de los contratos temporales es mero maquillaje. La supresión del contrato por obra mientras se refuerza al contrato fijo-discontinuo es uno de los mejores ejemplos de esta realidad. La temporalidad y la precariedad no dependen del nombre del contrato, sino de otros factores como el fraude masivo que existe y seguirá existiendo, pero sobre todo del coste del despido, que se mantiene intacto tras las rebajas realizadas en las reformas anteriores, sin que tampoco se recuperen los salarios de tramitación en caso de despido improcedente. El refuerzo del contrato fijo-discontinuo y los ligeros retoques en materia de subcontratación no terminarán con la precariedad y la temporalidad, sino que las reforzarán, y se fortalecen las bases para la implantación del contrato único en el futuro próximo, acompañado de un nuevo abaratamiento del coste del despido.
Con la reforma laboral aprobada, la patronal sale fortalecida. Quien realmente gana derechos con esta reforma son las empresas, a pesar de que la CEOE haya tenido que ceder en algunos elementos que podrán ser fácilmente modificados por Gobiernos futuros o dejados sin efecto en la práctica. El recurso a la negociación tripartita, cuando el planteamiento de partida de Gobierno y sindicatos era aparentemente la derogación de la reforma de 2012, solamente se entiende desde la falta de voluntad gubernamental de proceder a tal derogación y desde la necesidad de implicar a las organizaciones sindicales en la gestión de esta nueva agresión contra los intereses de la mayoría trabajadora.
Los argumentos utilizados para legitimar esta reforma ante la clase obrera son débiles. La cacareada recuperación de derechos laborales, más allá de lo formal, es prácticamente nula y se pone en entredicho desde el momento en que no se establece un marco efectivo para su ejercicio, al incrementar el poder de la patronal en un contexto en que crecen la miseria y el miedo entre los trabajadores y trabajadoras. Tampoco se produce ningún cambio de tendencia en el mundo del trabajo; es más, se continúa la tendencia preexistente y se profundiza en la subordinación del trabajo al capital, con un apoyo mucho más expreso y decidido del aparato estatal a las medidas encaminadas a tratar de garantizar la supervivencia de las empresas. No se trata tampoco de ningún compromiso temporal que permita recuperar fuerzas al movimiento obrero y sindical en una coyuntura determinada, porque no existe en las cúpulas sindicales una percepción clara sobre la lucha de clases, sino una opción indisimulada por la política del pacto social, que se traduce en una identificación de una parte del movimiento sindical con los objetivos e intereses de los capitalistas, camuflada bajo la fraseología de la “modernización del mercado de trabajo”, la promoción de la “economía digital” y la “recuperación” que identifica los intereses de los explotados con los de los explotadores. Tampoco el argumento de la desfavorable correlación de fuerzas es válido, cuando durante años se ha seguido una política activa de desmovilización del movimiento obrero y sindical para tratar de circunscribirlo únicamente a la dinámica del pacto social.
Por otra parte, hay sectores políticos y sindicales que se manifiestan contrarios a la reforma aprobada por no reforzar el papel de los convenios autonómicos, hasta el punto de que, a pesar de venir actuando como sostén del Gobierno de coalición socialdemócrata, amenazan con no apoyarla en el trámite parlamentario. Nuevamente, estamos ante un falso dilema que tiene como objetivo dividir aún más a la mayoría trabajadora a través de la promoción de supuestos marcos específicos de lucha de clases, limitando la capacidad de respuesta unitaria de los trabajadores y trabajadoras y fomentando la ficción de que la burguesía no actúa de forma unificada en los aspectos esenciales de su relación con la clase obrera. La política del sálvese quien pueda, asentada sobre las ventajas económicas y políticas que ofrece el marco autonómico a algunos sectores burgueses y pequeño-burgueses, supone un debilitamiento de la capacidad de respuesta de la clase ante las agresiones de una burguesía que, independientemente del territorio en que opere, sale fuertemente beneficiada con esta reforma.
Con esta reforma laboral se abre ante la mayoría trabajadora de nuestro país una nueva fase. La socialdemocracia gobernante, que es hegemónica en el movimiento sindical, ha demostrado nuevamente sus limitaciones y vuelve a cumplir con su papel histórico de encadenar la lucha al ámbito institucional y atar al movimiento obrero y sindical al pacto social, corresponsabilizándolo no solamente en la defensa de una reforma laboral que no cumple ninguna de las expectativas que tanto Gobierno como sindicatos habían promovido, sino de las líneas esenciales de gestión capitalista en los próximos años, en la expectativa de que se merme significativamente cualquier posibilidad de organización y de lucha ante futuras agresiones.
La política del pacto social alcanza un nuevo nivel al implicarse las organizaciones sindicales en la defensa de la reforma laboral. En este escenario, urge desarrollar un proceso de politización del movimiento sindical en clave clasista, de ruptura con la dinámica de pacto social asentada y promovida ferozmente en las principales organizaciones sindicales, al tiempo que se desarrolla una lucha firme contra la campaña antisindical que se promueve desde diversos ámbitos y que va encaminada a desarmar completamente a nuestra clase en la lucha por las condiciones de trabajo dentro de las empresas. La intervención en las organizaciones sindicales sigue siendo una necesidad que debe ir necesariamente unida al despliegue de una intervención política capaz de exponer y denunciar a qué modelo de gestión capitalista nos llevan las políticas de pacto social, cuáles son los intereses que están detrás de cada medida y por qué la mayoría trabajadora no debe confiar en espejismos sino en su propia fuerza organizada.
Buró Político del PCTE
3 de enero, 2022