Raúl Martínez en Nortes | 12 de mayo, 2020
Ha llegado la “nueva normalidad”, en pleno desarrollo de una crisis en “V asimétrica”, tal y como explican los disciplinados portavoces del relato oficial. Y eso no podía dejar de notarse en el plano de las relaciones laborales.
Las fuerzas que integran el Gobierno de coalición pasaron de prometer la derogación de las reformas laborales (2010 y 2012) a prometer la derogación de la reforma laboral (2012); después se conformaron con proponer derogar los aspectos más lesivos de la reforma de 2012 y, finalmente, están imponiendo una nueva reforma laboral.
En pleno desarrollo de la crisis sanitaria y a golpe de decreto –como sucedió con todas las reformar laborales– están aprobando una suerte de legislación laboral de excepción que acompañan de una narrativa que no se compadece con lo publicado en el BOE. A pesar de hacer gala de un discurso preñado de posmodernismo, en realidad el argumentario de fondo es más viejo que Carracuca: la vieja cantinela socialdemócrata del mal menor.
Han hecho suyo el discurso patronal. Plantean como alternativa a los despidos aumentar la flexibilidad interna, lo que no significa otra cosa que aumentar el poder empresarial y su capacidad para fijar a su libre albedrío las condiciones laborales. Nada nuevo bajo el sol, pues la Unión Europea hace mucho que patentó el tramposo concepto de la flexiseguridad. Todo ello se engrasa con una asunción masiva por parte del Estado de los costes de producción de las empresas. El nuevo pacto social, en términos coloquiales, podría resumirse con un “tu no despidas que yo invito”. En eso, al fin y al cabo, consisten las nuevas modalidades de ERTE reguladas en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 y en el resto de disposiciones aprobadas, incluida la recientemente anunciada.
No son estúpidos, no iban a hacerlo a cara de perro. Ahí se muestra útil la flexiseguridad discursiva. Se mantendrá el empleo seis meses, aunque todos los días haya miles de despidos. Las empresas con sede en paraísos fiscales no podrán beneficiarse de las medidas, aunque hayan sido incapaces de publicar la lista de defraudadores acogidos a la última amnistía fiscal. Sin dura, serán legión quienes repitan de forma talmudista el relato diseñado por curtidos asesores formados en la más avanzada mercadotecnia política, no hay duda. Pero la realidad es tozuda.
Se está implantando el trabajo a demanda. Se trabajará cuando el empresario diga, como diga y por el tiempo y el precio que imponga, en casa o en el centro de trabajo. Siempre a la orden. ¿Recuerdan aquello de la uberización de la economía? Pues ha llegado al ámbito de las relaciones laborales. La fórmula por lo demás, no es novedosa. A cambio de unas migajas se transfieren masivamente rentas del trabajo al capital, en forma de exenciones, avales y préstamos estatales. Claro, todo tiene su reverso: cientos de miles de despedidos y regulados cobran los 180 primeros días de desempleo un 70 % de la base reguladora y, a partir de ahí el 50 %. ¿Podrán mantenerse así los trabajadores? ¿Podrá reproducirse la fuerza de trabajo? Sí, intubada y encadenada a las necesidades del capital. ¿A que empieza a cobrar sentido lo del ingreso mínimo vital? Fuerza de trabajo pagada por dejado de su coste de reproducción, o sea, salarios de hambre para millones y complemento estatal para que, al día siguiente, se pueda volver al tajo al llamado del patrón.
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