La sensibilidad por el medio ambiente ha ido adquiriendo una importancia creciente en España en las últimas décadas. Los efectos devastadores del cambio global —incluyendo entre ellos el cambio climático, la extinción de especies y la contaminación de aires, suelos y aguas— son cada vez más evidentes. Fenómenos como los incendios forestales y las “gotas frías” son cada vez más graves; y a su vez nuestro país sufre una de las sequías más prolongadas jamás registradas. Frente a la perspectiva de un futuro terrible, la sociedad comienza a plantearse la necesidad de solucionar los problemas ambientales.
Los capitalistas han visto en esta necesidad un nicho de mercado, por eso llevan años presionando al Gobierno español y en el Parlamento Europeo para impulsar “políticas ecológicas” que convirtieran a la Unión Europea en general y a España en particular en un polo de inversión de tecnologías “verdes”. El llamado Grupo Español de Crecimiento Verde incluye a los principales monopolios españoles —sobre todo financieros, energéticos y de la construcción— con el objetivo de promover una economía baja en carbono, ligada también a su digitalización y basada en la llamada “colaboración público-privada” y la utilización de los fondos Next Generation EU.
Bajo dichas consignas ocultan sus intereses objetivos: la modernización del capitalismo español mediante la transferencia de fondos públicos a empresas privadas; es decir, el uso del dinero procedente principalmente de los trabajadores y sus familias para realizar las inversiones necesarias para garantizar los beneficios de los monopolios sin importar las brutales consecuencias que ha sufrido y aún sufre la mayoría obrera. Deseamos destacar el papel del Estado español en dicho proceso, y en concreto la brutalidad especial que desplegó contra los trabajadores de la minería del carbón cuando se negaron a aceptar el destino de paro y miseria que nuestros capitalistas diseñaron para ellos.
Toda esta transición “ecológica” necesita reforzarse en la esfera de la ideología a través de programas de educación ambiental; una tarea a la que se destinan enormes recursos y se potencia con cada nueva reforma de nuestro sistema educativo. Se nos explica constantemente que nosotros somos los culpables de la destrucción del planeta y que son los pequeños cambios que realice cada individuo en sus hábitos de consumo los que permitirían salvar el mundo del colapso ambiental. En esta faceta desempeñan un papel fundamental organizaciones no gubernamentales (ONG) ecologistas, cuya principal tarea en España ha sido la demonización de los grandes centros de producción energética basadas en combustibles fósiles, pero cuya incapacidad para ofrecer una alternativa viable ha sido aprovechada por los monopolios energéticos para deslocalizar su producción a otros países y promover la construcción de cientos de macroparques eólicos y fotovoltaicos sin controlar su impacto ambiental, incluyendo en espacios naturales protegidos.
En el ámbito político español, los partidos “ecologistas” han carecido históricamente de relevancia, siendo absorbidos por la nueva socialdemocracia. Este es el caso de los dos miembros españoles de pleno derecho del Partido Verde Europeo —Esquerra Verda y Verdes Equo—, que forman parte de las coaliciones de Unidas Podemos y SUMAR, respectivamente. En nuestro país, es esta nueva socialdemocracia la que se sitúa en la misma posición que los partidos verdes de muchos de los países de la UE: fomentar, ya sea desde la oposición parlamentaria o como socio de Gobierno, la esperanza de reformas “ambientalmente sostenibles” dentro del capitalismo.
Nada más lejos de la realidad. Los distintos impactos ambientales que hoy simplifican ecosistemas, alteran la calidad de nuestro entorno natural y afectan a los seres humanos se deben al impacto que tiene el modo de producción actual capitalista. La explotación de materias primas y el control de las rutas de transporte son dos de los motivos principales por los cuales los estados, en la época del imperialismo, fomentan intervenciones y libran guerras en terceros países. Bajo esta lógica no solo se explican los intereses de la UE en Ucrania, sino también las políticas de la UE hacia los países de América Latina, donde los monopolios españoles siguen realizando grandes inversiones. Bajo esta misma lógica se explica también que los Gobiernos burgueses, incapaces de desarrollar una lucha contra todos los impactos ambientales, tiendan a centrarse única y exclusivamente en la emisión de gases de efecto invernadero y la “lucha contra el cambio climático”, el único problema ambiental del que han conseguido sacar provecho. No hay esperanza de salvación del planeta en la “explotación verde” que nos proponen ni los imperialistas ni los defensores del “Pacto Verde Europeo” que gestionan para ellos.
La esperanza tiene otro color: el rojo. Solo una economía basada en la satisfacción de las necesidades sociales puede incluir criterios ambientales a la hora de tomar decisiones. Solo la planificación centralizada de la economía puede compatibilizar el uso de recursos naturales con una gestión ambiental verdaderamente sostenible. Solo la cosmovisión científica puede dar una respuesta integral a todos los problemas ambientales derivados de nuestra actividad. Todo ello forma parte de la propuesta que los y las comunistas hacemos a la clase obrera. Por eso el PCTE hemos comenzado a abordar la cuestión ambiental en nuestro Manifiesto-Programa, aprobado en 2021, aunque reconocemos que aún tenemos mucho que aprender y trabajar sobre esta temática.