La Covid-19, detectada por primera vez a finales de 2019 y declarada pandemia mundial en marzo de 2020, ha permanecido durante casi dos años. En este periodo, se infectaron 271 millones de personas y murieron más de 5 millones debido a la Covid-19. La inmensa mayoría de muertes fueron en Estados Unidos, que tiene el sistema sanitario más orientado al mercado del mundo; sin embargo, los países europeos “desarrollados” con grandes economías también lideran el ránking de muertes.
EL CAPITALISMO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PÉRDIDAS
La mayor responsabilidad de la persistencia de este problema de salud pública recae en el sistema capitalista, que prioriza los beneficios de los monopolios en detrimento de la salud humana. No se han tomado medidas adecuadas desde el principio; no se ha conseguido seguridad en los centros de trabajo, el transporte público y los espacios públicos, ni se ha llevado a cabo una vigilancia eficaz de los que se han contagiado con el virus. Se abandonó a las grandes masas trabajadoras ante la grave elección de no trabajar o contraer el virus.
Un sistema sanitario comercializado implica que todo, desde los kits de pruebas a los tratamientos medicinales y los servicios de cuidados intensivos, es una mercancía comprada y vendida a alto precio. Mientras que las empresas y hospitales privados que producen dichos materiales vitales se enriquecen a la vez que continúa la pandemia, millones de trabajadores y otras capas populares pobres no pueden hacerse pruebas ni recibir diagnósticos ni tratamiento.
EL SECTOR PÚBLICO DEBE IMPLEMENTAR Y CONTROLAR TODA LA INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y PROVISIÓN DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS
Aunque las vacunas eficaces contra el virus se desarrollaron a finales del año pasado, las tasas de vacunación no pueden alcanzar el nivel de inmunidad para la mayoría del pueblo en muchos países, debido a que la investigación de medicamentos y vacunas está en manos de monopolios que utilizan los recursos públicos y ganan enormes beneficios con sus productos. La producción, distribución y provisión de vacunas se dejan totalmente a iniciativa de los monopolios y la competencia entre ellos.
Se necesita abolir la patente de vacunas contra la Covid —algo a lo que la UE, muchos estados y los monopolios se oponen— para facilitar una vacunación más rápida en países donde las tasas de vacunación son muy bajas.
La tesis que argumenta que “las empresas deben dirigir la investigación de medicamentos y vacunas para hacer progresos” es totalmente errónea y una mentira. La prueba más concreta de ello es el éxito del sistema socializado de salud de Cuba contra la pandemia. Pese al bloqueo criminal estadounidense y las grandes dificultades económicas, Cuba ha logrado controlar la pandemia con su propio enfoque planificado y científico y ha vacunado a más del ochenta por ciento de su pueblo con vacunas desarrolladas por investigadores cubanos.
SE USURPAN ARBITRARIAMENTE LOS DERECHOS POLÍTICOS
Los estados capitalistas también han usado la pandemia como excusa para restringir todo tipo de libertades y derechos políticos del pueblo e impedir que los trabajadores se organicen. Mientras que en la práctica no se tomaron las medidas necesarias contra la pandemia, se crearon de forma arbitraria estados de emergencia con la prohibición del derecho de reunión y manifestación, una situación no solo políticamente inaceptable sino que incita nuevos problemas sanitarios irreparables.
DEBE COMPENSARSE EL AGOTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS
Otra dimensión del daño hecho por la mala gestión de la pandemia está relacionada con los trabajadores sanitarios, abandonados con equipo inadecuado, turnos largos y agotadores y tiempo de descanso insuficiente. Actualmente, se afirma que solo dos de cada cinco trabajadores sanitarios en todo el mundo están completamente vacunados, mientras que más de cien mil perdieron sus vidas. Los trabajadores sanitarios de muchos países han realizado huelgas y protestas contra el burnout profesional y la explotación laboral, luchas justas que saludamos.
Los trabajadores, con su lucha, exigen un sistema de salud público organizado y gratuito y protestan contra la comercialización, el cierre de hospitales públicos y el apoyo a grupos empresariales sanitarios. Deben requisarse todas las instituciones sanitarias privadas; debe establecerse un número suficiente de instalaciones, unidades de cuidados intensivos y centros de salud primaria y deben eliminarse las deficiencias en el equipamiento. Deben distribuirse de forma amplia y gratuita pruebas, mascarillas y vacunas. Deben satisfacerse las reivindicaciones de los trabajadores sanitarios y debe detenerse el trabajo intensivo.
LUCHAREMOS POR NUESTRO DERECHO A LA SALUD