– El Partido Comunista de los Trabajadores de España considera que detrás del nuevo titular de los presupuestos más sociales de la historia está la transferencia de miles de millones de euros de las rentas del trabajo al capital
– Los anuncios sobre temas como vivienda o el bono cultural para jóvenes sumados a otros acuerdos como la subida del SMI pretenden contentar a la base social de apoyo al gobierno frente a la realidad de grave empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y el pueblo.
La propuesta del PSOE y Unidas Podemos para los nuevos Prespuestos Generales del Estado se ha aprobado en Consejo de Ministros Extraordinario tras concretar en los días previos algunos anuncios en temas como vivienda o impuestos, sin saber aún su desarrollo legislativo real, tal y como acostumbra a hacer este Gobierno en su política comunicativa.
Los PGE son una herramienta fundamental de la gestión capitalista, por lo que no habrá presupuesto alguno surgido del Parlamento que sirva a la mayoría trabajadora, por más etiquetas o contenido social que quiera atribuírsele. El acuerdo presupuestario entre los socios de gobierno llega en un momento en el que su gestión favorable a los monopolios y contraria a los intereses de la mayoría obrera y popular es cada vez más palpable.
Los discursos del “nadie va a quedar atrás” y el “escudo social” chocan con una realidad que arroja estancamiento de los salarios, deterioro de las condiciones laborales con hasta un 90% de temporalidad en los nuevos contratos, ERTEs que se transforman en EREs… al tiempo que aumenta el IPC un 4%, fruto especialmente del aumento de la tarifa eléctrica, dejando en riesgo severo de exclusión social a 6 millones de personas. Frente a esta situación, el aumento del SMI o los bonos de vivienda y cultura para jóvenes, no son sino migajas con las que se intenta contentar a algunos sectores de la clase obrera y el pueblo, con los que tratan de paliar el descontento que va generalizándose y sobre el cual ya comienzan a producirse movilizaciones, como las que está impulsando el PCTE contra el tarifazo y la carestía de la vida.
Los PGE incorporan 27.633 millones de euros de los fondos europeos, que en ningún caso deben entenderse como una ayuda solidaria sin contrapartidas. En primer lugar el destino de los fondos está perfectamente tasado para la que los fondos se destinen a sufragar las necesidades de modernización de los grandes monopolios utilizando dinero público.
Además, la Unión Europea utilizará este mecanismo para imponer nuevos recortes en derechos y privatizaciones, aumentando la tasa de explotación de clase obrera, abriendo nuevos nichos de mercado para el capital y garantizando el cobro de la deuda por los acreedores privados, tal y como se blindó en la Constitución mediante la modificación del artículo 135 en la crisis anterior.
La fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades verá muy limitado su poder recaudatorio mediante los mecanismos legales e ilegales de evasión de capitales que permite a los grandes monopolios la ingeniería financiera. Incluso en los cálculos más optimistas del Gobierno tampoco este impuesto podría sufragar la ingente cantidad de dinero inyectado a las empresas desde que estallara la nueva crisis y que han llevado la deuda pública al 119,5% del PIB.
Del titular de la limitación del mercado del alquiler al contenido real que aparezca en el BOE hay una enorme distancia, especialmente si nos atenemos a un Gobierno que previamente ha mentido al afirmar que el despido por enfermar ya no sería legal y solo encarecieron el carácter improcedente del mismo o que los desahucios quedaban prohibidos, frente a una realidad de 30.000 desahucios en España durante el 2020. Las medidas anunciadas dependen de Comunidades y Ayuntamientos y siguen apostando por la bonificación de hasta un 90% a los propietarios rentistas y las limitaciones propiamente dichas al precio del alquiler tienen una difícil aplicación por la multiplicidad de elementos que deben concurrir para llegar a ello. En un país con 858.547 viviendas vacías no necesitamos limitar los alquileres, necesitamos poner fin al negocio de la vivienda para garantizar el acceso a una vivienda digna.
Los bonos de 250€ para el alquiler de los jóvenes, los 400€ de bono cultural para los jóvenes que cumplan 18 años en 2022 o los 2.199 millones de becas al estudio son una transferencia directa de dinero público a las empresas, pero ofrecidas en forma de ayudas individuales para aumentar el grado de aceptación social. Se trata de una continuidad en las medidas adoptadas desde el inicio de la crisis mediante las cuáles se socializan pérdidas empresariales mediante los ERTE, se promueve una renta mínima, el IMV y se conceden ayudas en diversas líneas para garantizar, a costa de aumentar deuda pública, una cierta demanda interna que sostenga los beneficios empresariales. No necesitamos estas ayudas y migajas, necesitamos que quienes producimos toda la riqueza dirijamos la sociedad, que toda la producción social se destine a garantizar las necesidades populares.
El PCTE rechaza estos nuevos presupuestos capitalistas y apela a la clase obrera y el pueblo a organizar la lucha contra la estrategia de la patronal, y los gobiernos a su servicio, de remontar su crisis a costa de nuestra mayor explotación. Es necesario abrir un nuevo ciclo de movilización obrera y popular contra estas medidas. Las movilizaciones impulsadas por el PCTE contra el tarifazo y las próximas asambleas populares contra la subida de la luz y la carestía de la vida deben servir a este nuevo proceso movilizador. No hay que aceptar sus migajas, el pueblo trabajador debe pasar al contraataque.
Oficina de Prensa del Comité Central del PCTE
7 de octubre, 2021