Las declaraciones del Partido Nacionalista Vasco en las que afirma que pretende acordar un pacto educativo, que desarrollará una futura ley educativa durante el 2022 son graves. Igualmente graves son las declaraciones de Arnaldo Otegi en medios de comunicación, reconociendo que este acuerdo cuenta con el apoyo de EH Bildu.
En Euskadi un 49% de alumnos están matriculados en centros privados, que además reciben subvenciones públicas mediante conciertos, de ahí que a la educación privada se la denomine “educación concertada”. Esta situación solo es equiparable en España a la de la CCAA de Madrid y únicamente Bélgica supera estos datos en la UE. Tenemos un sistema educativo esencialmente privatizado y ello es debido a que las políticas del nacionalismo han sido reforzadas por las políticas de EHBildu.
Esta propuesta es grave porque pretende legitimar que la educación privada sea considerada un “servicio público comunitario”, como defiende EHBildu en la propuesta educativa que ha hecho pública. Pretenden que el carácter público de los centros dependa de su financiación y no de su titularidad, equiparando de esta manera lo público y lo privado, con la intención de difuminar el carácter de clase que subyace tras cualquier negocio como es el de la educación. Esta decisión además, tendría como consecuencia el aumento de la financiación de los centros privados al 100%, con el antecedente de que aunque está prohibido expresamente en los conciertos, actualmente todos ellos cobran por multitud de conceptos que impiden que quien carece de recursos pueda acceder a esos centros.
No es un Pacto educativo, es un pacto por la educación concertada, que se pretende zanjar de manera apresurada y de espaldas a la comunidad educativa, para garantizar y aumentar los ingresos de la educación privada ante la próxima renovación de los conciertos sexenales en 2022. Mediante este acuerdo se visualiza claramente el carácter de clase del estado en la gestión de cualquier esfera social, demostrando que el gobierno de los estados modernos no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.
Hacemos un llamamiento a la comunidad educativa a no caer en cantos de sirena. Vestir la propuesta con palabras como descentralización, autonomía de centros o implicación de la comunidad y el municipio no es sino pretender edulcorar el amargo trago de la competitividad y el liberalismo económico capitalista en la educación, que es la norma en Euskadi y que esta Ley pretende desarrollar aún más. No hay que desviar la atención del problema principal, que bajo el capitalismo todo es objeto de mercantilización, también el sistema educativo. Apelar a la defensa del euskera como “obligación moral” es una excusa indecente mediante la que se pretende silenciar la crítica a un pacto que servirá para garantizar que la clase trabajadora siga al servicio de los beneficios de la patronal de la educación privada.
Cuando se plantea dejar la gestión educativa en manos de los municipios es para realizar una descentralización mediante la que se pretende sortear las imposiciones estatales de un modelo de privatización educativa distinto al de Euskadi, pero esencialmente también basado en el liberalismo. Da igual si la patronal educativa es local o foránea, o tiene un formato empresarial u otro, en esencia se entrega la educación pública a las empresas, mediante la que mercantilizar la educación. Esta decisión, descentralizar localmente, no generará ningún cambio en la estructura del sistema educativo ni en su mercantilización. Es más, incrementará la competición entre centros, dado que la esencia del estado capitalista es garantizar el negocio de la clase burguesa. Pretender que el capitalismo pueda tener una cara positiva en la educación, o en cualquier otra esfera de la sociedad, es condenar a la Clase Trabajadora a la miseria moral de elegir el color de la explotación.
Por este motivo, pedimos a la comunidad educativa que se oponga a este pacto en favor de la educación privada y defienda el modelo educativo que necesita este país, un modelo basado exclusivamente en la educación pública al servicio de la clase trabajadora.