Cantabria

El PCTE denuncia una nueva vuelta de tuerca en la privatización educativa en Cantabria.

By 24 junio 2022 No Comments

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria va a permitir que los centros privados concertados puedan contratar a orientadores con dinero público, lo que supone, en la práctica, la privatización de los servicios de orientación que atienden a la enseñanza concertada. Esta medida conllevará que la esencial labor que realizan los orientadores respondan a los intereses empresariales y no a los del alumnado. Así, los informes psicopedagógicos o dictámenes de escolarización se convierten en moneda de cambio para que los centros privados dispongan de más recursos.

La consejería de Marina Lombó utiliza dos argumentos igual de falaces para justificar la medida: Por un lado, utiliza la necesidad del alumnado tras la crisis de la pandemia, algo que podría paliarse con un refuerzo de los equipos de orientación públicos y con la oferta de un mayor número de plazas docentes en estos equipos. Por otro lado, alega que se hace para liberar a los orientadores públicos de tener que gestionar las necesidades del alumnado en la concertada, cuando es posible de hecho que sirva en el futuro para perder orientadores en centros públicos si no se consolidan las plantillas, que cuentan con un alto número de personal interino.

Más allá de la palabrería de la consejera, es evidente que esta medida de carácter político es una cesión a la patronal de la enseñanza privada, que ve cumplida una de sus grandes aspiraciones, junto a su reivindicación histórica de concertar la etapa de Bachillerato. El gobierno del PRC-PSOE cede, como es habitual, a las presiones patronales, perjudicando seriamente a la Educación Pública y sentando un nefasto precedente que abre la veda a una mayor profundización de la privatización educativa.

Desde el PCTE en Cantabria condenamos esta medida que abre la puerta a más injerencia privada en la educación, y llamamos al conjunto de la comunidad educativa y organizaciones sindicales a condenar estos hechos y mantenerse firmes en las reivindicaciones laborales y educativas, dando un nuevo impulso a la movilización laboral del sector de la enseñanza para garantizar una verdadera educación pública al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares.