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El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) ante el anuncio por parte de Nissan del cierre de su planta de Barcelona, que provocará el desempleo de 23.000 familias, exige a la Junta de Castilla y León que reclame a la factoría nipona la devolución de los 90 millones invertidos a fondo perdido sobre el edificio industrial de Nissan en Ávila.

Es inaceptable que una multinacional con 2.700 millones de € de beneficios en 2019 extorsione a nuestra Comunidad Autónoma bajo la amenaza del cierre como sucedió en 2018 cuando la Junta gobernada por el PP inyectó 50 millones adicionales.

Ante la perspectiva de un nuevo chantaje, desde el PCTE llamamos a la unidad de todos los trabajadores de Nissan-Renault, desde Ávila hasta Palencia, pasando por Valladolid y llegando hasta una solidaridad efectiva con los trabajadores de Cataluña.

Si Nissan o Renault no quieren producir en nuestra Comunidad bajo unas condiciones laborales dignas, sin temporalidad ni subcontratas, sin chantajes ni prebendas, nuestra propuesta es que las fábricas queden nacionalizadas bajo control de los trabajadores. Nissan nos demuestra que no hay salidas dentro del capitalismo.