El 25 de octubre se anunciaba y publicaba en el BOE el Real Decreto 926/2020, que declara nuevamente el estado de alarma para todo el país con el objetivo de “contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2”. Ante esta situación, el Buró Político del Comité Central del PCTE realiza las siguientes valoraciones.
La situación económica y sanitaria de nuestro país es gravísima. Los contagios crecen, el sistema sanitario público está al borde del colapso y se están produciendo más de 100 fallecimientos diarios. Al mismo tiempo los datos económicos son cada día más preocupantes y se está produciendo una destrucción masiva de fuerzas productivas – en forma de cierres de empresas y despidos – que se transformará en un verdadero tsunami cuando finalice la vigencia de los ERTE especiales, en enero.
El anuncio del nuevo estado de alarma llega después de varios meses en que los distintos gestores del capitalismo español, a nivel estatal, autonómico y municipal, han estado animando a la población a consumir, a desplazarse y a actuar como si el virus hubiera desaparecido. A nadie se le escapa en estos momentos que la desescalada precipitada de junio se debió a la presión de las asociaciones empresariales, especialmente las del sector turístico, y que fueron las propias autoridades estatales, autonómicas y municipales quienes más contribuyeron a generar una sensación de falsa seguridad de la que ahora pretenden culpar a la población. Hay culpables y son ellos.
Mientras esto pasaba, y a pesar de la grandilocuencia de las palabras y mensajes de apoyo al personal sanitario, no se adoptaron las medidas necesarias para hacer frente a una segunda ola de la pandemia, que estaba anunciada prácticamente desde el mes de abril. Ni el Gobierno central ni los de las Comunidades Autónomas adoptaron las medidas necesarias para minimizar el impacto del virus tras el verano. Ni se reforzó la sanidad pública, ni se preparó adecuadamente el inicio del curso escolar ni se quiso prever un escenario como el que ahora se produce.
En todos estos meses, la principal preocupación de los distintos gobiernos capitalistas de nuestro país ha sido tratar de mantener la producción a toda costa y sostener el consumo de la población como mecanismo esencial para garantizar la subsistencia de, principalmente, las grandes empresas.
En las últimas semanas, mientras se emitían mensajes cada vez más alarmantes sobre las cifras de contagios y fallecimientos, las medidas de confinamiento y las restricciones horarias adoptadas por los distintos gobiernos han tenido siempre como excepción los desplazamientos por causas laborales, expresando con ello muy claramente que, en la disyuntiva entre salud y producción, su apuesta es por lo segundo.
El carácter de clase de los confinamientos, así como la inoperancia de muchas de las medidas pretendidamente sociales adoptadas y anunciadas a bombo y platillo durante los últimos meses, se han pretendido ocultar bajo el manto de numerosos falsos debates en que se ha querido atrapar a la población. Las disputas entre administraciones, la reticencia a tomar decisiones que fueran impopulares y pudieran tener coste electoral a medio y largo plazo y la discusión sobre la fiabilidad o no de los datos y medidas sanitarias, se han magnificado hasta el punto de ocultar el verdadero problema al que se enfrenta la mayoría trabajadora de este país: una crisis económica sin precedentes que se está traduciendo en un retroceso brutal de las condiciones de vida y trabajo generales de la clase.
Los datos hablan por sí solos. El 31 de enero finaliza el plazo de extensión de los ERTE especiales, pero ya se conocen casos de empresas que están dispuestas a devolver las ayudas estatales con el único objeto de poder proceder a despidos masivos. La destrucción de fuerzas productivas que sucede en toda crisis capitalista será visible con especial claridad en los próximos meses, una vez que la ingente inyección de recursos públicos a los capitalistas se reduzca ante el riesgo de quiebra de un aparato estatal que se enfrenta a cifras de deuda pública prácticamente desconocidas.
Las medidas adoptadas pensando en una crisis profunda y corta se están demostrando inútiles, tal y como ya advertimos en abril. Al igual que el Plan E fue incapaz de hacer surgir brotes verdes en la crisis anterior, las inyecciones masivas de dinero público a las empresas se demuestran incapaces de evitar las consecuencias derivadas de la magnitud de una crisis capitalista que no fue provocada por la pandemia, sino que fue acelerada y agravada por la pandemia, pero cuyo estallido venía gestándose en los últimos años. La pandemia ha adelantado el estallido de la crisis económica, pero las causas de la crisis no están en la pandemia, sino en la base misma de un sistema capitalista que necesita de una cada vez mayor explotación de los trabajadores y trabajadoras para seguir subsistiendo.
Las medidas adoptadas por el Gobierno en el terreno laboral, anunciadas como grandes ejemplos de una política destinada a proteger a todas las capas sociales, están sirviendo para elevar aún más el nivel de explotación de nuestra clase. Los ERTE especiales, el teletrabajo y la anunciada regulación de sectores como los riders, complementados con figuras como el ingreso mínimo vital, van configurando un escenario en el que, para garantizar a la patronal mayores cotas de plusvalía, se generaliza el trabajo a demanda en función de las necesidades e intereses de la empresa.
El hecho de que estas medidas se estén promoviendo desde un Gobierno socialdemócrata no altera la esencia antiobrera de las mismas. Pero sí está sirviendo para que las cúpulas de las principales organizaciones sindicales, acostumbradas a décadas de políticas de concertación social, estén actuando como cómplices de este proceso de empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de nuestra clase y que, al mismo tiempo, su actitud esté ayudando a contener la respuesta social ante una crisis cuyas consecuencias va a pagar la mayoría trabajadora.
Es precisamente la frustración de las ilusiones generadas por la socialdemocracia lo que está abriendo paso a un crecimiento de las posiciones más reaccionarias entre la clase y el pueblo. En un contexto general en el que el capitalismo en descomposición tiende a la reacción, la frustración puede derivar muy fácilmente hacia el fascismo. La creciente incidencia de VOX en entornos obreros y populares, y su utilización por grupos abiertamente fascistas como frente de masas para introducirse en terrenos que hasta ahora tenían vetados, es una expresión de esta situación.
El fracaso de la moción de censura de la pasada semana no altera esta apreciación. La moción de censura ha fracasado en el Congreso, pero ha proyectado todavía más a sus promotores entre sectores que ven cómo las promesas de la socialdemocracia se desmoronan. Mientras el resto de partidos capitalistas se entretienen loando las bondades del parlamentarismo burgués, en los barrios de nuestras ciudades van actuando con cada vez mayor impunidad bandas fascistas que, al grito de “comunista”, agreden a cualquiera que no comparta su discurso ultrareaccionario.
La moción de censura sirvió para constatar que, en el Congreso, no hay oposición real a las medidas destinadas a salvar al capitalismo español de su crisis. Lo que hay son aspavientos e histrionismo orientados a generar la apariencia de discusión política y que se basan en la mayor o menor rapidez y en la mayor o menor profundidad de las medidas a incluir en el nuevo plan de rescate del capitalismo español. Dentro del parlamento no hay ninguna esperanza para nuestra clase y nuestro pueblo.
La única esperanza para la mayoría trabajadora de nuestro país reside en el desarrollo de sus propias fuerzas y de su propia organización. La esperanza reside en la mayor capacidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras y de sectores populares para formular su propia alternativa, que necesariamente debe pasar por una ruptura con el sistema capitalista y con todos los partidos que lo defienden, independientemente de cómo se presenten o de que digan hablar en nombre de tal o cual sector social. No es el discurso el que determina el carácter de una fuerza política, sino sus acciones, y todos los partidos parlamentarios están hoy centrados en proponer cuáles son sus recetas para salvar el sistema capitalista en nuestro país.
La aprobación del estado de alarma, unida a la implantación de un toque de queda y la posibilidad de prohibir los desplazamientos entre Comunidades Autónomas, utiliza la situación sanitaria que han ayudado a crear las fuerzas políticas burguesas para recortar las libertades públicas y los derechos democráticos del pueblo. La pretensión del Gobierno de extenderlo hasta el 9 de mayo permite pensar que va a ser utilizado flexiblemente a lo largo de los próximos meses en función de los intereses de los distintos sectores capitalistas del país, limitando o ampliando las libertades de movimiento según sea necesario frenar o acelerar la producción y el consumo.
Al mismo tiempo, el estado de alarma ofrece a los distintos niveles territoriales del Estado capitalista una herramienta poderosa para limitar y reprimir las protestas y movilizaciones que se puedan desarrollar como consecuencia de la incidencia de la crisis en las familias trabajadoras, ya que en las próximas semanas vienen miles de despidos, nuevos recortes sociales, rebajas salariales y un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida.
Tal y como decíamos en marzo, ningún Gobierno capitalista va a defender la integridad y la vida de la mayoría trabajadora. Tal y como venimos avisando desde que estalló la crisis, no queremos pagar su crisis con nuestra salud y con nuestros derechos.
Ellos se han dedicado a proteger los intereses de la patronal, pero es momento de proteger los intereses de la mayoría trabajadora. Sabemos que ni este Gobierno ni su oposición parlamentaria van a adoptar medidas reales en defensa de la vida y la salud de la mayoría trabajadora, pero nuestro deber es proponerle a esa mayoría una alternativa. Por ello, consideramos esencial insistir en las medidas principales que ya expresábamos el 16 de marzo, con más fuerza si cabe.
Si nos condenan a producir, a arriesgar la vida por la producción, es necesario parar la producción, manteniendo exclusivamente activos los sectores estratégicos, cuyas empresas deben ser intervenidas para garantizar los servicios mínimos y la salud y seguridad de las plantillas, mientras se interviene inmediatamente y sin indemnización todo el sistema sanitario privado existente en el país. Al mismo tiempo, es necesario prohibir de forma efectiva todo despido, todo desahucio y todo corte en los suministros básicos, de modo que ninguna familia trabajadora se vea afectada ni en sus ingresos ni en sus condiciones de vida.
Nos dirán que estas medidas implicarían la destrucción de la economía y generarían más pobreza. No es cierto. Es el sistema capitalista el que ha fracasado. Son las distintas formas de gestión capitalista las que son incapaces de hacer frente a una pandemia y a una crisis gravísima. El capitalismo acumula tantas contradicciones que es incapaz de aguantar un mes de paralización de la producción. Acorralar el virus, aún sin vacuna, es posible, y el único impedimento que tenemos son las relaciones de producción basadas en la propiedad privada
Por todo lo anterior, el Buró Político del PCTE llama a la lucha y a la resistencia contra todas las medidas antiobreras que se están ejecutando y que se ejecutarán, a la organización en los centros de trabajo, en los barrios y en los centros de estudio, a la lucha sin descanso contra los discursos reaccionarios y a la confrontación organizada contra las bandas fascistas.
El capitalismo español y sus gestores han demostrado sobradamente su bancarrota. Es el momento de poner encima de la mesa los intereses de la mayoría trabajadora. Es el momento de construir un país para la clase obrera.
No pagaremos su crisis ni con nuestra salud ni con nuestros derechos.
O ellos o nosotros.
Madrid, 26 de octubre de 2020
Buró Político del PCTE