Comunicados Centrales

Por el derecho a un aborto libre, seguro, público y gratuito

By 27 septiembre 2021 No Comments

Cada año, en el mundo, mueren casi 22.000 mujeres a causa de abortos clandestinos o no seguros, y a esto hay que añadir que más de siete millones de mujeres deben ser hospitalizadas a causa de esos abortos.

En España, en cinco comunidades autónomas ningún hospital público ofrece el aborto entre sus servicios, y desde hace treinta años, Ceuta, Melilla, Teruel, Ávila, Palencia, Segovia, Zamora, Soria, Cuenca, Toledo y Cáceres no han notificado ni una interrupción voluntaria del embarazo. Y desde el año 2015, doce provincias no han practicado ningún aborto. Esto viene a señalar que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en estas zonas son derivadas a otras provincias, siendo costeados los gastos por ellas mismas, a kilómetros de casa y con una gran carga psicológica encima.

Y esto lo sufren mayoritariamente las mujeres trabajadoras. Porque son las trabajadoras las que tienen más problemas para poder acceder a una clínica privada para poder realizar la IVE. Y especialmente, esto lo sufren las mujeres más jóvenes, que representan más del 40% de los abortos en el país: sin recursos, con situaciones laborales totalmente precarias, muchas de ellas estudiantes, y en muchas ocasiones, sin el apoyo de sus padres. En definitiva, miles de jóvenes expuestas a una situación de desprotección, que pueden sufrir el grave riesgo de pasas a engrosar las filas de los embarazos no deseados o incluso llegar a practicar abortos inseguros.

Esta legislación, por más que traten de reformarla, lo único que hace es proteger los beneficios de las clínicas privadas, atacando a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres de la clase trabajadora. La ley sigue siendo ineficiente, y hace la vista gorda a la objeción de conciencia, que practican miles de sanitarios a lo largo del país, así como a la pervivencia de las clínicas privadas, donde se realizan la inmensa mayoría de las IVEs en nuestro país, haciendo del aborto un negocio más. En resumen, esta ley, pese a las maquilladas reformas que se plantean, sigue profundizando en la desigualdad de las mujeres trabajadoras dentro del capitalismo, negando uno de nuestros derechos más básicos.

El derecho al aborto es un derecho colectivo, un derecho conquistado por las trabajadoras a lo largo de años de lucha, y por ello debe ser parte del sistema público de salud, de manera gratuita y universal. Aunque debemos tener claro que el derecho a decidir sobre nuestra propia maternidad nunca será un derecho dentro del sistema capitalista, puesto que va a seguir siendo un espacio de acumulación del capital.

La sexualidad, y todos los derechos asociados a ella, son un asunto político que se relaciona históricamente en las relaciones capitalistas de producción. Es por ello que mientras exista el capitalismo, nuestros derechos sexuales y reproductivos no los tendremos garantizados al cien por cien.

Es por ello que tenemos el deber de luchar por la despenalización del aborto y por la inclusión de nuestra salud sexual y reproductiva en la sanidad pública. Y la mejor garantía para que esto ocurra, no es más que la de organizarnos para que las trabajadoras, la clase obrera, llegue al poder.

Secretaría de Mujer del Comité Central del PCTE