En este 28 de septiembre, el Partido Comunista de los Trabajadores de España denuncia que los derechos de las mujeres trabajadoras corren peligro: por un lado, las políticas reaccionarias que intentan vaciar de contenido cualquier avance; por otro, la gestión capitalista que mercantiliza la vida y fragmenta a la clase obrera.
El panorama actual en España está marcado por hechos recientes muy graves que demuestran la fragilidad de los derechos conquistados. Entre ellos destaca la ofensiva jurídica del llamado «concebido no nacido», con normativas reaccionarias implementadas en comunidades como Madrid para reconocer al feto como miembro de la unidad familiar a efectos de ayudas. Esto busca colar por la puerta trasera la ideología ultracatólica y reaccionaria, pretendiendo contraponer las ayudas sociales al derecho al aborto y reabriendo debates para culpabilizar a la mujer y negar su capacidad de decisión.
A esto se suma el castigo añadido que sufren las mujeres migrantes en situación irregular: la falta de una sanidad verdaderamente universal y las trabas burocráticas, como los informes de vulnerabilidad o los laberintos administrativos, abocan a muchas de ellas a la exclusión sanitaria. Para estas mujeres, ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita y accesible en la red pública se convierte en una carrera de obstáculos, todo ello agravado por la brecha territorial, la objeción de conciencia masiva del personal médico y la derivación constante de recursos públicos a clínicas privadas, donde precisamente, la objeción de conciencia no existe.
Esta realidad es la consecuencia lógica de un Estado que utiliza los derechos de las mujeres como moneda de cambio político. El debate sobre el «concebido no nacido» forma parte de la estrategia reaccionaria para avanzar hacia la restricción de los derechos reproductivos bajo un supuesto modelo pronatalista al servicio de las necesidades demográficas del capital, ignorando por completo las condiciones materiales de la clase trabajadora. Asimismo, la exclusión de las mujeres migrantes en situación irregular demuestra la hipocresía de un sistema que explota su fuerza de trabajo en la economía sumergida, los cuidados o el campo, pero les niega los derechos más elementales. Mientras el aborto siga contemplado bajo tipos penales y dependa de la caridad institucional o de los recortes sanitarios, las mujeres de la clase trabajadora seguirán sin ser dueñas absolutas de sus vidas.
En paralelo a la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, asistimos a una deriva belicista impulsada por la Unión Europea y el conjunto de la OTAN, que se traduce en un trasvase millonario de los presupuestos públicos hacia el rearme y la industria militar en detrimento de los servicios públicos, la sanidad universal y los salarios de la clase trabajadora. Esta priorización del gasto militar ahonda, además, en el desmantelamiento de la red de protección social, crucial para garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sea pública, gratuita y accesible para todas las mujeres sin trabas económicas o geográficas.
Ante este escenario, el PCTE llama a la movilización obrera y popular exigiendo la despenalización universal y definitiva de la IVE, sacándola por completo de cualquier tipo punitivo o tutela judicial. Es necesaria una sanidad cien por cien pública, universal y sin excepciones que garantice el acceso inmediato, gratuito y sin trabas burocráticas a la IVE para todas las mujeres, con independencia de su origen, nacionalidad o situación administrativa, derogando las barreras autonómicas y los informes dilatorios. Del mismo modo, resulta urgente frenar frontalmente las políticas reaccionarias combatiendo en las calles y en los centros de trabajo las normativas de tinte provida que buscan socavar los derechos reproductivos y enfrentar a las familias trabajadoras.
El PCTE recalca que la emancipación de la mujer trabajadora es inseparable de la lucha contra el capitalismo, recordando que no habrá decisiones verdaderamente libres sin salarios dignos, empleo estable, vivienda pública y una red de protección social que erradique la miseria como condicionante de la maternidad.