Irresponsabilidad de las administraciones educativas
Comienza un nuevo curso escolar en Cantabria que, al igual que en el resto de España, estará marcado por el retorno a la presencialidad de las clases, que se interrumpieron a mediados de marzo, un día antes de la entrada en vigor del estado de alarma, a causa de la crisis sanitaria por la COVID-19.
Durante los 91 días que duró el estado de alarma las clases continuaron de manera virtual gracias al enorme esfuerzo realizado por los docentes, que pusieron sus propios medios tecnológicos y jornadas interminables para contribuir en el aprendizaje de su alumnado. Sin embargo, la Administración educativa no se ha preocupado en todo este tiempo, incluido el período estival, de dotar a los centros educativos de las adecuadas medidas sanitarias e higiénicas ni de los medios tecnológicos necesarios en caso de una segunda ola de la pandemia. Tampoco ha contratado a los docentes suficientes para lograr una reducción de las ratios hasta las recomendaciones sanitarias, no ha dedicado recursos para el refuerzo de las plantillas del personal de limpieza de los centros educativos y, ni siquiera, se ha planteado la contratación de personal sanitario, en un momento donde la figura del enfermero o enfermera escolar es más necesaria que nunca.
La dejadez de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria ha sido tal que, en una situación tan difícil como la vivida durante el estado de alarma, abandonó a su suerte a docentes y familias, recayendo en ellos todo el peso del proceso de enseñanza-aprendizaje, que en muchos casos se hizo de forma totalmente precaria, sin la conectividad ni los dispositivos adecuados. Tampoco se ofreció a docentes y familias ningún tipo de orientaciones metodológicas o pedagógicas para adecuar la situación educativa a la nueva realidad.
En esos meses, la Consejería de Educación tuvo el tiempo suficiente para preparar la vuelta a las aulas de una manera segura, ayudándose de su servicio de prevención de riesgos laborales, pero, ignorando su responsabilidad y sus competencias, decidió encargar a los equipos directivos de los centros los protocolos de seguridad que han de seguirse en este comienzo de curso, dejando en manos de docentes, sin formación en seguridad e higiene, su propia salud y la de los alumnos.
La única aportación de la Consejería de Educación ha sido la elaboración de un protocolo general de organización para el curso escolar 2020/2021, totalmente insuficiente, sujeto a interpretaciones y que genera múltiples interrogantes entre la comunidad educativa. Además, no recoge algunas de las reivindicaciones sindicales del profesorado como la realización de pruebas PCR antes del comienzo del curso escolar o la mejora de los equipos de protección individual para los docentes de todas las etapas educativas.
Cuando la salud de alumnos, docentes y del pueblo, en general, no es la prioridad
El elemento esencial para garantizar las mejores condiciones posibles para una enseñanza presencial, la disminución de ratios, no está contemplada en dicho protocolo, al igual que también se obvió en la reunión mantenida el día 27 entre los Ministros de Educación y Sanidad y los representantes de las Comunidades Autónomas, a pesar de ser la medida más efectiva recomendada por los expertos. Esta situación deja en evidencia que la Consejería, al igual que el Ministerio de Educación, no toma medidas basadas en criterios sanitarios, científicos y pedagógicos, sino que lo hace en base a criterios económicos.
El Gobierno central aprobó el 16 de junio el Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas, de los cuales 2.000 millones están destinados a Educación. Con la partida de 18 millones que le corresponde a Cantabria en materia educativa se podría haber contratado a unos 400 docentes, aunque las necesidades planteadas por los sindicatos docentes se situaban en 600, pero la Consejería se ha limitado a contratar aproximadamente a la mitad, sin explicar en qué se ha gastado o se gastará el dinero restante.
Esta dejadez de funciones de la Consejería de Educación no se comprende si no la ponemos en el contexto de la política general del Gobierno de Cantabria durante los meses de verano, que ha ido en sintonía con la política del gobierno central: salvar el turismo a toda costa, primando el interés económico de los empresarios del sector, a los criterios sanitarios. Para el Gobierno de Cantabria, la prioridad no es la salud del pueblo, sino las cuentas de beneficios empresariales.
Las familias trabajadoras, las más afectadas
Ante la preocupante situación de crecimiento en el número de contagios, la nefasta organización de la vuelta a las aulas por parte de las Administraciones educativas y la ausencia total de medidas para garantizar la conciliación, existe preocupación en buena parte de las familias a la hora de enviar a sus hijos al colegio. En vez de poner los medios adecuados, garantizar las máximas medidas de seguridad e higiene y establecer unos protocolos adecuados, la consejera de Educación, Marina Lombó, al ser preguntada por qué pasaría si una familia no lleva a sus hijos al colegio, se limitó a decir que se consideraría absentismo escolar y debería ser la Fiscalía quien tuviera que actuar. Es decir, primero la Consejera no cumple con sus tareas, después crea temor entre las familias y finalmente las pone entre la espada y la pared.
A día de hoy, ni la Consejería ni el Ministerio de Educación han dado respuesta a situaciones que, lamentablemente, pronto viviremos en los centros educativos, como el hecho de saber en qué momento se cerrarán centros educativos en caso de rebrotes. Tampoco se sabe qué ocurrirá con los menores confinados, ya que no se ha establecido ningún tipo de medida de conciliación, lo cual situará a decenas de familias trabajadoras ante un serio problema. De nuevo, se constata lo que nuestro Partido ha venido expresando desde el comienzo de la pandemia: el virus no entiende de clases, pero el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, sí.
La constatación de esta realidad la encontramos en el reciente rebrote que se ha producido en Santoña, donde las condiciones de trabajo y las nulas medidas de seguridad en las fábricas de conservas han tenido mucho que ver, y ante el cual, pese al clamor de los equipos directivos de los centros educativos de la localidad, los sindicatos docentes y el conjunto de la población del municipio para que se retrasase el inicio de la actividad lectiva, el Gobierno de Cantabria ha hecho oídos sordos y obligará a iniciar la actividad lectiva con total normalidad, pese a la situación de confinamiento en la que se encuentra la población de Santoña.
Unidad de la comunidad educativa y del pueblo trabajador para luchar por una educación al servicio de nuestro pueblo y de nuestra clase
Una vez más se pone de manifiesto que este sistema es incompatible con el bienestar y con la salud de la mayoría de la población. Mientras que a lo largo de toda la pandemia del COVID-19 la prioridad absoluta del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos ha sido la de salvar empresas, aspectos centrales como la salud y la educación han quedado al margen. Ahora, ante el comienzo del curso y la vuelta a las aulas, se manifiesta una realidad compleja para docentes, familias y alumnos; una realidad en la que debemos mantener la guardia alta para no permitir ningún retroceso en nuestros derechos.
Se presenta por delante un curso difícil en Cantabria, en un escenario de nueva crisis económica, en la que los representantes políticos de los capitalistas volverán a intentar aplicar nuevos recortes en políticas sociales. En este sentido, la educación se plantea además como un gran nicho de negocio para los capitalistas. Es por ello por lo que este curso escolar debe ser un curso de lucha de toda la comunidad educativa; un curso en el que familias, docentes y alumnos luchen, de manera conjunta, en defensa de sus intereses, en defensa de una verdadera educación pública al servicio de la mayoría trabajadora.
Construir una Cantabria para la clase obrera también consiste en poner al servicio del pueblo trabajador y de la clase obrera una educación liberada de los intereses de los capitalistas y de los beneficios empresariales, una educación que responda a nuestros intereses y necesidades.