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En los últimos días se ha anunciado la puesta en marcha de confinamientos perimetrales en distintas localidad de Castilla y León: León, Palencia, Salamanca, Aranda de Duero, Burgos…, a través de los cuáles se imponen nuevas restricciones y el cierre de las ciudades hacia el exterior, en un contexto de descontrol de la segunda oleada de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Estas medidas se dan tras varias semanas en las que las cifras de contagios y de saturación sanitaria en nuestra Comunidad han estado rozando los límites marcados por el Ministerio de Sanidad.

Tras una desescalada hecha deprisa y corriendo por parte de los gobiernos central y autonómico para salvar la campaña turística veraniega, se ha dejado de mirar definitivamente por nuestra salud y se ha dado únicamente prioridad a reanudar la actividad económica y el consumo, pero, eso sí, limitando exclusivamente los derechos del pueblo trabajador. Además, hemos vivido por parte de la Junta de Castilla y León una alternancia entre el endurecimiento de ciertas medidas restrictivas y la relajación de las mismas, siempre en función de los intereses de los grandes empresarios de nuestras localidades.

En cuanto a la Universidad de Salamanca y León es evidente que uno de los principales factores para recuperar la presencialidad ha sido la presión de hosteleros e inmobiliarias, interesados en la vuelta a la ciudad de miles de universitarios, siendo secundario asegurar unas condiciones adecuadas para la educación. La gestión universitaria está siendo un caos en multitud de ocasiones, donde nos encontramos grandes aglomeraciones de alumnos en diferentes instalaciones que imposibilitan las distancias de seguridad; existe una organización caótica al intercalar clases presenciales y online que hacen imposible la asistencia para muchos de los estudiantes; falta de espacios de estudio; falta de sensores de temperatura en todos los centros; etc.

La situación en colegios e institutos es también muy complicada, ya que los refuerzos de personal están siendo insuficientes y no se están adaptando las instalaciones a las nuevas necesidades, lo que hace que exista una masificación de las aulas que las convierte en posibles focos de contagio. Se ha decidido volver a la docencia presencial en estos centros, que son fundamentales para que los padres y madres puedan seguir trabajando, ya que en nuestro país no existen medidas efectivas de conciliación laboral y familiar, algo que se ha agravado en este nuevo contexto.

A las numerosas problemáticas y contradicciones que se dan en nuestra Comunidad, se le suma la dramática situación sanitaria, sobre todo, de la atención primaria. Apenas ha habido un refuerzo de las plantillas sanitarias, existe un colapso de los teléfonos de atención sanitaria, grandes listas de espera, constantes brotes en residencias de mayores, el aumento de la presión sobre las UCI, etc.

Las repercusiones negativas en la salud de los castellanos y leoneses se suman al empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora, que ya está sufriendo las consecuencias del estallido de una crisis económica generalizada: ERTE, despidos, paro, las penosas e insalubres condiciones laborales de la clase trabajadora y la miseria vivida por multitud de familias de extracción obrera.

Todas estas contradicciones nos hacen ver una línea general: somos nosotros, la clase trabajadora, la que está pagando las consecuencias de esta crisis y son las diferentes administraciones las que están priorizando la producción y el consumo ante nuestra salud. Las nuevas medidas hacen que no podamos ir durante el fin de semana al pueblo o a hacer senderismo a la sierra, pero que tengamos que ir cada día al trabajo, pase lo que pase. Se limitan las reuniones a un máximo de 6 personas, pero si el gran empresario de turno lo necesita, se crean situaciones de gran peligrosidad para el contagio, como la vivida el pasado viernes con la grabación de Máster Chef en plena Plaza Mayor de Salamanca.

Ante esta situación, desde el Partido Comunista de los Trabajadores de España reivindicamos:

  • La nacionalización del sector sanitario privado y de las residencias de mayores, refuerzo de las plantillas, asegurar los medios necesarios para frenar el descontrol de la pandemia y descolar la atención primaria y las especialidades sanitarias.
  • El aumento del profesorado y demás personal educativo necesario y la puesta en funcionamiento de los medios e instalaciones necesarias para disminuir la masificación en las aulas de colegios e institutos, además de asegurar la calidad educativa.
  • El cumplimiento estricto de las medidas sanitarias y de seguridad en todos los centros de trabajo, así como de las medidas necesarias para la conciliación familiar y laboral.

No estamos dispuestos a seguir cargando con las peores consecuencias de esta crisis sanitaria y económica, ni a cargar con la culpa del empeoramiento de la situación. Hacemos un llamamiento a la organización de la clase trabajadora, a comenzar a construir en cada centro de trabajo, en cada barrio y en cada centro educativo una Castilla y León para la clase obrera.