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La pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia las graves deficiencias de nuestro sistema sanitario, enfrentado a la contradicción entre nuestra salud y los beneficios de las grandes empresas que operan en un sector profundamente privatizado. Mientras los hospitales públicos estaban al borde del colapso, la privada disponía de miles de camas aun sin utilizar. Mientras los trabajadores de la sanidad pública estaban desbordados, se forzaba a trabajadores de la privada a coger vacaciones. Mientras a nuestros mayores se les dejaba morir en residencias, se enviaba a hospitales a aquellos que disponían de un seguro privado. Mientras la patronal y sus gobernantes enviaban a la gente a trabajar sin EPIs, el pueblo madrileño se organizaba para suministrárselos a aquellos que combatían el virus en primera línea, aplaudiendo a quienes seguían poniendo en marcha cada día nuestro país a pesar de la desprotección y la precariedad laboral.

Las necesidades sanitarias han estado, durante el pico de la pandemia y en la desescalada, supeditadas a la necesidad de la patronal de enviarnos a garantizar la producción y distribución de mercancías, demostrando una vez más quiénes somos esenciales y quiénes son la clase parasitaria. Su necesidad para la reactivación de la reproducción ampliada de capital nos expone a un grave riesgo de rebrote, sin que el sistema sanitario esté mejor preparado para afrontarlo.

Al tiempo que se diseñaban protocolos criminales para nuestros mayores, el gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha una batería de medidas para rescatar parcialmente a grandes empresas, desplegando una campaña pública en defensa de los grandes capitales a cuenta de las donaciones. Así, se han transferido enormes sumas de dinero público a grandes empresas por medio de contratos de comida para sustituir los comedores escolares, la medicalización de hoteles, la atención telefónica específica COVID-19 o la distribución de mascarillas a toda la población. De entre todas ella cabe señalar el expolio a las arcas públicas a través del Hospital de Campaña en IFEMA, utilizado como ejemplo de colaboración público-privada y donde las empresas que parasitan la contratación pública en Madrid han sido las grandes beneficiarias, a costa del desmantelamiento de la Atención Primaria en Madrid.

La reorganización de la atención sanitaria en la Comunidad para hacer frente a la emergencia ha provocado el caos en los centros de salud, de los cuáles aun permanecen varias decenas cerrados o a media jornada, con enormes dificultades de la población para lograr una cita con el médico de cabecera y sin los rastreadores telefónicos anunciados. A esto se suma la paralización de las visitas a los especialistas y la realización de operaciones, cuyas consecuencias sobre las listas de espera serán terribles si no se elabora un plan para atajarlo. A la precariedad laboral prexistente en el SERMAS, se suma la no renovación de la totalidad de las plantillas contratadas para hacer frente a la pandemia.

La emergencia sanitaria no detuvo la lucha de clases en ningún momento, sino que la intensificó. En las recetas de la patronal aplicadas por el gobierno regional encontramos bonificaciones fiscales para el capital, especulación inmobiliaria y privatización de servicios públicos. En el ámbito sanitario nos encontramos ante la privatización del servicio de limpieza de 6 hospitales y la ampliación del parking del Niño Jesús mediante la fórmula de titularidad pública – gestión privada, modelo aplicado ya en varios hospitales madrileños con nefastos resultados. En lugar de atajar los profundos problemas del sistema público de salud, se anuncia un futuro hospital de pandemias. Otra gran operación de marketing y obra pública en beneficio de las grandes constructoras y la gestión privada.

Desde finales de mayo se han extendido las movilizaciones en el sector impulsadas por los trabajadores del SERMAS y respaldadas por el movimiento popular. En el calendario aparecen ya las huelgas del personal de limpieza del Gregorio Marañón y de los MIR. Debemos reforzar estas luchas y generalizar la movilización en el sector, intensificando los métodos de lucha para responder al grado de ofensiva de la patronal. Frente a sus ataques, exigimos:

– Reapertura de todos los centros de salud y SUAP que permanecen cerrados por orden de la CAM

– Paralización de la privatización de la limpieza del Hospital Gregorio Marañón y la garantía de continuidad en el empleo de los 553 trabajadores y trabajadoras que actualmente prestan este servicio público esencial.

– Recuperación de la gestión pública directa de todas las actividades externalizadas en hospitales, centros de salud y especialidades o cualquier otro tipo de instalación sanitaria (limpieza, man­tenimiento, cocina, lavandería, 112, laboratorios, ambulancias, etc.).

– Refuerzo de las plantillas y fin de la precariedad, tanto sanitarias como no sanitarias, en los centros sanitarios existentes hasta cubrir las necesidades reales de atención de la población en todas las áreas, comenzando por la contratación indefinida de los 10.000 trabajadores que han reforzado el SERMAS en la lucha contra el COVID19.

– El reconocimiento de unas condiciones laborales dignas, homologadas a las del resto de profesionales, para el personal MIR.

– El desistimiento en la construcción del “hospital de pandemias” por no ser más que otro nicho de negocio para el sector privado.

– Aumento del presupuesto de Sanidad en la Comunidad de Madrid hasta el 5% del PIB lle­gando a los 11.000 millones de euros.

– El control público de todos los recursos sanitarios de la región a través de la nacionalización del sector privado y su control por parte de los trabajadores, como única garantía de que el único fin es la salud colectiva del pueblo y no el negocio de unos pocos.

La emergencia sanitaria ha demostrado la necesidad de un único sistema sanitario, público, en el que nuestras necesidades no dependan de los beneficios de unos pocos. Las leyes y políticas que permiten el negocio con nuestra salud tienen su origen en directivas de la UE y las aplican el gobierno central o autonómico, por lo que nuestra lucha no debe orientarse a la dimisión de uno o varios cargos políticos, ni a reforzar ningún “Pacto por la Reconstrucción” que no pase por la nacionalización de toda la sanidad privada y la gestión de los propios trabajadores del servicio. Debemos oponer nuestra salud a sus beneficios, logrando un sistema público de salud a la altura de nuestras necesidades.

 

Partido Comunista de los Trabajadores de España.

Comité Regional de Madrid.